Una sustitución precaria: política de drogas y conservación sin el campesinado es el nuevo título de nuestra colección sobre Emergencia Climática y Justicia Ambiental. En este libro nos adentramos en la experiencia del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), una propuesta surgida en el marco del Acuerdo de Paz para reemplazar los ingresos del mercado ilegal de la coca. Este programa reprodujo errores de iniciativas pasadas al desconocer que la mitad de los cultivos de coca se ubican en zonas de manejo especial, lo que generó enormes desafíos para el Estado en la construcción de un modelo alternativo que no comprometa la conservación ambiental en pleno contexto de emergencia climática.

Una apuesta que no cumplió con las expectativas

El PNIS intentó, de forma ambiciosa, responder a obligaciones internacionales y al mismo tiempo garantizar alternativas económicas a las familias campesinas. Sin embargo, en la práctica, se olvidó de un aspecto esencial: la realidad de quienes cultivan coca. La ausencia de atención a los derechos al debido proceso, la participación ciudadana y la garantía de ingresos mínimos fue determinante para que el programa dejara de cumplir su cometido. Casos como los ocurridos en departamentos como Guaviare y Putumayo evidencian que sin una comunicación clara y procedimientos adecuados, el PNIS resultó ser un instrumento que, en lugar de empoderar a los campesinos, generó inseguridad jurídica, pobreza y desconfianza.

Errores de diseño y consecuencias

El diseño del PNIS se basó en una visión limitada del desarrollo alternativo, centrada únicamente en reducir la extensión de hoja de coca a través de proyectos agropecuarios. La estrategia adoptada no atendió de forma estructural las condiciones de inequidad y pobreza que han llevado a miles de familias a depender de esta economía. Esta deficiencia se tradujo en la exclusión de los agricultores en situación más vulnerable, dejando de lado a jornaleros itinerantes y campesinos sin tierra, quienes ven cada vez más comprometida su sustento vital.

La introducción de incentivos a la conservación fue impuesta sin una participación real de las comunidades. Exigir nuevas condiciones –como firmar contratos de uso de suelo– sin haberlas previsto en los acuerdos iniciales, no solo vulneró los derechos de quienes aceptaron participar en el proceso, sino que también incrementó la incertidumbre en un contexto que ya era complicado.

El rol esencial de los derechos campesinos y la participación

La falta de instancias de participación efectiva fue uno de los grandes fracasos del PNIS. La centralización de la toma de decisiones en la capital dejó a un lado la capacidad de las instancias territoriales y municipales para articular soluciones que respondieran a las necesidades reales de las comunidades. La participación activa y el derecho a la información debieron haber sido pilares fundamentales para que este tipo de políticas no terminara privando a las familias campesinas de sus derechos fundamentales.

Hacia un rediseño que articule desarrollo y conservación

En nuestro libro proponemos repensar el modelo de sustitución de cultivos. Creemos firmemente que no puede existir una sustitución efectiva sin una economía campesina sólida ni una protección ambiental que reconozca y respete los derechos de quienes habitan la Amazonía. Por ello, sugerimos que el futuro de estas políticas debe incluir cambios normativos que garanticen la gradualidad en la sustitución de cultivos, una transición que ofrezca seguridad de ingresos a las familias y que, sobre todo, fortalezca la participación local en todo el proceso.

Asimismo, invitamos a reestructurar los mecanismos de intervención para que la política de drogas y la de conservación ambiental se armonicen de manera integral. Insistimos en que el Estado debe cumplir no solo con sus obligaciones internacionales, sino también con el compromiso de proteger y empoderar a las comunidades campesinas, quienes son fundamentales para la preservación del medio ambiente. Solo así se podrá construir un desarrollo alternativo que genere confianza y un futuro sostenible en el que los derechos humanos y la justicia ambiental no queden al margen.

Compromiso con una transformación real

Reafirmamos la idea de que las políticas de sustitución de cultivos y conservación ambiental no deben funcionar en espacios ajenos a las necesidades y derechos de las comunidades campesinas. Resaltamos la urgencia de construir puentes entre las obligaciones estatales y las aspiraciones legítimas de las familias, para que la transición hacia economías legales y sostenibles no se convierta en otro proceso de exclusión. Las acciones del Estado deberían respetar la racionalidad económica de las familias campesinas que derivan su sustento de la coca. 

Con esta propuesta, invitamos a todos los actores –desde el Estado y las organizaciones sociales hasta la sociedad en general– a dialogar y trabajar conjuntamente en la construcción de alternativas reales que permitan avanzar hacia un modelo de desarrollo verdaderamente justo y ambientalmente responsable.

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