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La respuesta de los sistemas penitenciarios de América Latina frente a la crisis por COVID-19 no ha tenido en cuenta a las mujeres privadas de la libertad
Varios gobiernos de la región hicieron promesas para excarcelar a las mujeres con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, con discapacidad, adultas mayores, pero en casi todos los países esto no se cumplió y se ve reflejado en el bajo porcentaje de mujeres que han salido.
Read MoreReformar leyes de drogas: un paso hacia mejores condiciones para mujeres en prisión
En un nuevo documento que publicamos con organizaciones aliadas, recomendamos modificar las leyes y políticas existentes para garantizar que mujeres acusadas o condenadas por delitos de drogas menores o no violentos puedan acogerse a alternativas al encarcelamiento.
Read MoreObjeciones del Fiscal ponen en riesgo a la población reclusa
El Coronavirus representa un grave riesgo para la población privada de la libertad, especialmente por el hacinamiento que afecta a la gran mayoría de establecimientos de reclusión en el país. Sin embargo, el Fiscal General de la Nación se ha opuesto a los proyectos de excarcelación del Ministerio de Justicia que buscan proteger a esta población, basado en argumentos errados o que carecen de sustento y que, por tanto, obstaculizan de manera injustificada las medidas de protección que el Estado debe adoptar.
Read MoreLas mujeres trans privadas de la libertad están desprotegidas e invisibilizadas
Este informe, elaborado por nueve organizaciones de América Latina, describe el fracaso de los gobiernos latinoamericanos en implementar medidas básicas para proteger a las mujeres trans privadas de libertad de la violencia y el abuso.
Read MoreLa Comisión de Seguimiento a la crisis carcelaria presenta su VI Informe
La Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013, de la cual Dejusticia hace parte, presentó ante la Corte Constitucional su informe de respuesta al VI Informe de Seguimiento del Gobierno Nacional.
Read MoreSolicitamos medidas inmediatas para evitar un contagio masivo en las cárceles
El sistema penitenciario y carcelario está en crisis desde hace más de cinco años. Con la llegada del virus SARS-Cov-2 a Colombia, sus deficiencias han puesto a más de 120.000 personas privadas de la libertad en alto riesgo de padecer un contagio masivo.
Read MoreV Informe de la Comisión de Seguimiento de Cárceles responde al Gobierno Nacional sobre situación carcelaria
Frente a la crisis carcelaria, el nuevo Gobierno Nacional ha presentado planes y medidas que pretenden aliviar la grave situación humanitaria que enfrentan las cárceles. Sin embargo, la Comisión de Seguimiento encuentra que el Gobierno tiene serias falencias en su acercamiento al problema, como su falta de coherencia en sus propuestas, su omisión de problemas como la corrupción, entre otros.
Read MoreComisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013 responde a la Corte Constitucional sobre hacinamiento en estaciones de policía y URIs
Debido a la grave situación de hacinamiento y de derechos fundamentales que enfrentan los centros de detención transitoria del país (estaciones de policía y URIs), la Corte Constitucional solicitó a la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013 contestar a unas preguntas sobre cómo resolver la crisis. La Comisión concluyó que desmontar los aumentos punitivos y reformar la legislación penal es necesario para superar la crisis.
Read More¿Puede un espejo resolver la crisis carcelaria?
La actual crisis carcelaria cumple ya 4 años de haber sido declarada y, aunque existe un consenso en que la solución yace en una reforma a la política criminal que reduzca el uso de la prisión, esta todavía no se ha reformado. ¿Cómo puede Colombia construir una política criminal respetuosa de los derechos humanos y que, a su vez, pueda reducir el delito?
Read MoreUtilizando la letra pequeña: las reformas represivas del código de procedimiento penal
Las decisiones volátiles del legislador sobre el código de procedimiento penal, presuntamente impulsadas para mejorar la seguridad ciudadana, han contribuido a ahondar el ECI del sistema penitenciario afectando principalmente a las personas que cometen delitos cuyo impacto a la seguridad ciudadana no merece una respuesta tan desproporcionada.
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