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Columna

CIDH: crisis y oportunidad

LA COMISIÓN INTERAMERICANA de Derechos Humanos (CIDH) ha sido fundamental para la lucha por la democracia en América Latina pues en muchos casos ha sido la única institución a la cual han podido recurrir las víctimas de atropellos, cuando no han encontrado respuesta en sus propios países, como los familiares de los desaparecidos de las dictaduras argentina o chilena, o de masacres en Colombia, o los perseguidos políticos en Venezuela, o los periodistas censurados en Ecuador. Y la CIDH ha jugado también un papel esencial en momentos cruciales, como la resistencia de los peruanos frente a la dictadura de Fujimori o la investigación sobre los estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa.

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El silencioso jaque mate a la CIDH

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La actual crisis presupuestal de la CIDH significa que la Comisión no podrá procesar nuevas solicitudes, el monitoreo regular en derechos humanos se suspenderá en un tercio de los países de la región y la capacidad para tramitar medidas cautelares se reducirá por 80%. 

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Bienvenida, Comisión Interamericana

Aquí, en Ciudad de México, solo se habla de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del informe de su grupo de expertos sobre las muertes de los estudiantes de Ayotzinapa. CIDH es la sigla en labios de la gente en la calle y de los padres que llevaban un año denunciando lo que la Comisión acaba de ratificar: que sus 43 hijos siguen desaparecidos y que el Gobierno mentía al decir que murieron incinerados.

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¿Ahora sí la CIDH?

La expulsión ilegal e inexcusable de migrantes colombianos confirma lo poco que importan las libertades básicas en Venezuela, o en países como Bolivia, Ecuador y Nicaragua que apoyaron la medida con su voto. Pero el revés colombiano en la OEA también es fruto de la política internacional del gobierno Santos en materia de derechos humanos.

 

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La ilegalidad de las deportaciones masivas

La expulsión masiva de colombianos por el gobierno Maduro es una inaceptable violación del derecho internacional, como lo muestra un simple contraste de algunos de los hechos conocidos con los principios que rigen internacionalmente la expulsión de extranjeros.

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Artículo de Litigio

Amicus curiae ante la Suprema Corte de la Nación sobre los estándares internacionales acerca de la definición de graves violaciones a los derechos humanos aplicable en los Estados Unidos Mexicanos.

Teniendo en cuenta la discusión que se viene dando en México sobre la aplicación de la reserva legal en investigaciones en etapa de investigación previa  y el levantamiento de dicha reserva tratándose de graves violaciones a los derechos humanos,  contempladas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de 2002, Dejusticia presentó un amicus curiae en el caso que estudia la Suprema Corte de México sobre el amparo 661/2014 presentado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, donde analizamos los estándares internacionales aplicables al Estado mexicano en relación con la definición de la categoría de graves violaciones de los derechos humanos.

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La fórmula uruguaya para las Américas

En dos cosas coinciden críticos y defensores: en que la prioridad de la OEA debe estar en la combinación derechos humanos y democracia. El difícil balance entre verificación técnica y promoción de diálogo político. Precisamente lo que piden situaciones como las de México y Venezuela.

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¿Una CIDH izquierdista?

Algunos de quienes criticaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hubiera otorgado medidas cautelares a favor de Petro han sugerido que eso ocurrió porque la CIDH tiene sesgos izquierdistas.

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Chauvinismo jurídico

Ninguno de los argumentos dados por el Gobierno o sus abogados para incumplir las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Petro es convincente.

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Revocatoria para la revocatoria

Salvo que una tutela o una medida cautelar de la Comisión Interamericana dejen sin efecto su actuación, lo más probable es que el procurador tenga la intención de confirmar la sanción de destitución de Petro.

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La carta internacional de Petro

Desde el día que conoció la noticia de la decisión de la Procuraduría sobre su destitución y e inhabilidad para ocupar cargos públicos por 15 años, la defensa jurídica del alcalde Gustavo Petro empezó a mirar al norte. Particularmente a Washington, sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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