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Publicación

Cartilla de consulta previa intercultural: El consentimiento libre, previo e informado en la interlegalidad

Esta cartilla, además de identificar los estándares de los derechos de consulta y consentimiento libre, previo e informado, explora hasta qué punto el incumplimiento de estos derechos se traduce en nuevas violaciones de derechos humanos de indígenas y afrodescendientes.

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Publicación

La participación ciudadana en el sector extractivo en Colombia

El documento destaca el esquema jerárquico de toma de decisiones en el sector  y la identificación de una brecha entre dos bloques de actores: el bloque proextractivo, liderado por el Gobierno Nacional y el sector empresarial, y el bloque crítico, entegrado por organizaciones sociales, grupos étnicos, integrantes de algunos partidos políticos, expertos y sectores académicos y de ONG.

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Artículo de Litigio

Le pedimos al Consejo de Estado desestimar los argumentos de una acción judicial contra el decreto de la Línea Negra

Sostenemos que el Decreto 1500 de 2018, que reglamentó los espacios sagrados de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, fue debidamente motivado, garantizó el derecho a la consulta previa y fue expedido de manera regular.

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Columna

Las cuentas pendientes de la Represa Ranchería

Coautoría de Angélica María Cuevas

La idea de que se ejecute una segunda etapa de la represa El Cercado para el Distrito de Riego Ranchería, en la Guajira, vuelve a avivar la molestia de los indígenas wiwa. Creen que, por segunda vez, su opinión no ha sido tenida en cuenta dentro de los planes que tiene el gobierno de autorizar, este año, la construcción de obras para los Distritos de Adecuación de Tierras de Ranchería y San Juan del Cesar que según Ariel Borbón Ardila, gerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), ascienden $546 mil millones.

 

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Artículo de Litigio

Informe de derechos humanos apoyando reclamación del Sindicato Mapuche de Panificadores Mapuche

Este documento presenta al Comité de Expertos de la OIT, en calidad de anexo de la reclamación presentada por el sindicato N°1 de Panificadores Mapuche de Santiago (Chile), una serie de argumentos que apoyan la solicitud del sindicato de que la OIT declaré; que el Estado chileno violo; el Convenio 169 “sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes” en el texto del Decreto Supremo 66 de 2013 que reguló; la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada.

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Publicación

Adiós río. La disputa por la tierra, el agua y los derechos indígenas en torno a la represa de Urrá.

La historia de los 20 años de la represa de Urrá condensa los procesos medulares de la violencia y la disputa por la tierra y los recursos naturales en la Colombia contemporánea: el ascenso del paramilitarismo y su penetración en la política; el involucramiento de las FARC en el narcotráfico y en la lucha por controlar los lugares de cultivo y transporte; el desplazamiento forzado y la usurpación de la tierra; la complicidad de amplios sectores del empresariado rural con el despojo y la violencia; la carrera por los recursos naturales en un país que gira hacia una economía minero-energética; y el impacto trágico de todo lo anterior sobre los pueblos indígenas, cuyos territorios, cultura y vida misma penden hoy de un hilo por encontrarse en medio del fuego cruzado.

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Artículo de Litigio

Intervención en incidente de nulidad de la T-769 de 2009

Dejusticia intervino en el incidente de nulidad promovido por el Ministerio del Interior y Justicia y la Empresa Muriel Mining Corporation en contra de la Sentencia T-769 de 2009, que ordenó suspender el proyecto de cobre y otros minerales Mandé Norte en territorios colectivos afrocolombianos e indígenas hasta que se realicé una consulta previa con todas las comunidades afectadas en la cual se tendrá que obtener el consentimiento libre, previo e informado. En esta intervención, Dejusticia argumenta que dicha sentencia no cambió el precedente jurisprudencial, como lo afirman los solicitantes, sino que precisó el alcance de la consulta previa en proyectos de gran escala que puedan causar un impacto profundo en comunidades indígenas o negras en situaciones de vulnerabilidad por presiones territoriales en el marco del conflicto armado relacionado con proyectos de extracción de recursos.

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Artículo de Litigio

Concepto en acción de tutela sobre conformación de Juntas de Acción Comunal en el Resguardo San Lorenzo

El Gobernador del Resguardo de San Lorenzo interpuso acción de tutela
contra la Alcaldía de Riosucio con el objeto de que ésta deje de fomentar la conformación de Juntas de Acción Comunal (JAC) al interior del Resguardo. En nuestra intervención apoyamos la tutela, indicando que los actos de fomento de las JAC por parte de la Alcaldía accionada, así como el acompañamiento y apoyo dado por ésta a las iniciativas emprendidas por dichas juntas sin el el consentimiento de las autoridades del cabildo, constituye una violación a la autonomía étnica y una amenaza al derecho a la
diversidad étnica y cultural de la comunidad Emberá de San Lorenzo que decidió, a través de su autoridad legítima, no constituir ni apoyar la conformación de JAC dentro del Resguardo.

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Artículo de Litigio

Intervención ciudadana: tutela contra el Ministerio de Transporte y otros por violar derecho a la consulta previa y territoriales

En este amicus Dejusticia interviene a favor de los derechos de estas comunidades y respalda la acción de tutela promovida por la Comisión Colombiana de Juristas para que tales proyectos sean suspendidos hasta que se realicen las respectivas consultas orientadas a obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados.

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Artículo de Litigio

Derechos de las Comunidades Negras

El Consejo Comunitario de las Islas del Rosario presentó una acción de tutela en contra del INCODER, la cual fue negada por los jueces de primera y segunda instancia. En dicha acción, los tutelantes argumentaron que el Estado colombiano les ha vulnerado sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso, así como los derechos de la comunidad a la consulta previa, a la existencia, a la integridad cultural y a la autonomía.

En la T-610 de 2012 la Corte Constitucional tuteló los derechos de petición, debido proceso adminisitrativo y propiedad colectiva de la comunidad de la Suprema y del Tribunal. En la misma providencia ordenó al INCODER resolver de fondo la solicitud de titulación colectiva, que mientras se expida la decisión se suspenda la celebración de nuevos contratos de usufructo y solicita a la Personería del Pueblo Regional Bolívar y a la Procuraduría General de la Nación apoyar, acompañar y vigilar el pleno cumplimiento de lo determinado en el fallo.

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