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Dejusticia intervino para respaldar la protección de los derechos fundamentales de una mujer cuya voluntad de interrumpir su embarazo fue desatendida, pese a que su situación encajaba en una de los tres eventos de despenalización del aborto, a saber, la existencia de un riesgo para para la salud mental de la mujer. Dada la multiplicidad de faltas de los operadores del sistema de salud en el presente caso, las cuales evidencian las dificultades para dar un adecuado tratamiento a la causal de peligro para la salud mental de la mujer, proponemos a la Corte algunos criterios que deben ser tenidos en cuenta para no hacer nugatoria en la práctica la procedencia de la IVE en los casos que encajen en esta causal.

Dejusticia intervino solicitándole al Consejo de Estado que deniegue la solicitud de nulidad del decreto que reglamenta la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo. Para tal efecto, argumentamos que la sentencia C-355 de 2006 que despenalizó el aborto en tres casos, a saber, cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida y cuando el embarazo sea el resultado de una violación o de inseminación artificial, impactó el sistema de salud al reconocer que las mujeres embarazadas que se encuentren en las situaciones descritas tienen derecho a acceder al servicio de interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de salubridad. En virtud de este impacto en el sistema de salud, el Gobierno Nacional podía ejercer su potestad reglamentaria en este caso, pues de conformidad con la Ley 100 de 1993 es la autoridad competente para reglamentar la prestación de los servicios de salud.