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Artículo de Litigio

La tutela presentada por Ernesto Macías contra la votación a las objeciones de la JEP es improcedente

El senador Ernesto Macías demandó el trámite mediante el cual la Cámara de Representantes hundió las objeciones a la JEP. Junto con Esteban Hoyos, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT, presentamos una intervención argumentando por qué esa tutela es improcedente.

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Publicación

Asesinatos de Líderes Sociales en Colombia en 2016-2017: una estimación del universo

Este análisis de Dejusticia y del Human Rights Data Analysis Group agrupa la información compilada por distintas organizaciones sobre los homicidios de líderes sociales en el país y concluye, a través de un método estadístico, que la problemática tiene una magnitud mayor a la que se reporta.

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Entrada

Lanzamiento: «Los Guáimaros y El Tapón», las 15 víctimas de una masacre invisible

Este miércoles 19 de septiembre lanzamos el libro “Los Guáimaros y El Tapón: La masacre invisible”, un ejercicio de memoria que reúne los perfiles de los 15 campesinos asesinados en una de las peores masacres de Montes de María, y una de las más desconocidas. Escrito por familiares de las víctimas e investigadores de Dejusticia. En las instalaciones de Dejusticia a las 5:30 pm.

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Columna

Montes de María tiene su PDET

Para el 2028 los Montes de María serán reconocidos como un territorio ambientalmente sostenible, líder en producción alimentaria agroecológica, con procesos de transformación y comercialización que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria.

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Columna

Por un pacto contra los asesinatos II

La condena de estos asesinatos debería ser un punto de consenso político nacional, a pesar de nuestras diferencias. Los distintos líderes tienen la responsabilidad de suscribir ese pacto, sin intentar sacar provecho político propio de ese doloroso drama.

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Columna

Cuentas Claras

Toda la sociedad colombiana, especialmente los actores económicos que no tuvieron vínculos con el conflicto, por encima de las diferencias políticas, y como gesto de solidaridad hacia las víctimas, deberían comprometerse con reclamar e impulsar sus derechos sin restricciones.

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Columna

¿Cuál estructura para la JEP?

Las altas cortes colombianas han tenido unos despachos fuertes para cada magistrado mientras que la institución como tal es relativamente débil. La JEP no debe copiar este modelo, pues dado a su gran tamaño aumentarían los riesgos de incoherencia y desarticulación.

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Publicación

Formación en violencia sexual en el conflicto armado: Una propuesta metodológica para funcionarios

Aportamos algunos elementos pedagógicos para desarrollar un programa de formación en la materia, cuya implementación esperamos contribuya a mejorar la atención a las víctimas, y la investigación y judicialización de la violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado, con el fin de disminuir la impunidad de estos crímenes y fortalecer el acceso a la justicia de sus víctimas. 

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Artículo de Litigio

Intervención en demanda contra el artículo 9 de la ley de víctimas

Dejusticia intervino en una demanda contra el artículo 9 de la ley de víctimas en la que se consideraba que la ley obligaba que reparación en sede judicial debía ser igual a la indemnización administrativa. Por nuestra parte, propusimos otra interpretación de la norma según la cual la ley obliga a que el juez tenga en cuenta las actuaciones en sede administrativa al momento de fijar la reparación integral, sin que esto signifique que debe repararse con los mismos montos de ella. Pues de lo contrario, la norma sería inconstitucional.

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Artículo de Litigio

Demanda de inconstitucionalidad para que las víctimas de desaparición forzada sean reconocidas como víctimas de la violencia política y puedan acceder a la ayuda humanitaria

Se estima que en Colombia han ocurrido cerca de 50.000 desapariciones forzadas. Pese a esta escandalosa cifra, y pese también a la gravedad y atrocidad de este delito, los familiares de los desaparecidos no son reconocidos en la Ley 418 de 1997 como víctimas de la violencia política y, en consecuencia, tampoco como beneficiarios de la ayuda humanitaria. La concesión de esta ayuda a los familiares de los desaparecidos ha quedado sujeta en la práctica a la discrecionalidad de los funcionarios de Acción Social quienes, en el mejor de los casos, han tratado de aplicar a estos los requisitos que se exigen a los familiares de los asesinados. Se les ha exigido entonces que adelanten procesos civiles de declaración de muerte presunta para suplir el certificado de defunción que deben aportar los familiares de los asesinados. Adelantar este proceso no sólo implica para las víctimas de la desaparición un gasto desproporcionado, sino que representa una experiencia dolorosa pues los empuja a desfallecer en su esperanza de encontrar vivo a su desaparecido. Esta demanda,presentada conjuntamente por la Fundación Nydia Erika Bautista y Dejusticia, pretende que se corrija esta omisión legislativa para que las víctimas de la desaparición forzada sean reconocidas como víctimas de la violencia política y puedan accedar a la ayuda humanitaria sin tener que adelantar procesos de declaración de muerte presunta.

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Artículo de Litigio

Amicus curiae en tutela sobre garantía del derecho a salud mental de víctimas del desplazamiento forzado

Dejusticia respalda las pretensiones de la acción de tutela dirigidas a que se garantice el derecho a la salud de cuatro mujeres que no han recibido una atención integral frente a las graves afecciones psíquicas y emocionales que se desataron a raíz de su condición de desplazadas por la violencia del conflicto armado. En respaldo de la tutela, Dejusticia argumenta que la vulneración de los derechos en este caso concreto se debe a una falla estructural de la política pública sobre desplazamiento forzado, en la medida en que no existen los mecanismos necesarios para asegurar a las víctimas una atención psicosocial integral, oportuna, adecuada y permanente.

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Publicación

Reparar en Colombia: Los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión

Este libro es fruto de una investigación participativa de dos años con organizaciones de víctimas de diversas regiones del país como el Pacífico, el norte del Valle y el Oriente antioqueño. Ofrece reflexiones con fundamento en aspectos empíricos y conceptuales sobre los principales debates en torno a la política de reparación en Colombia, tales como el proyecto de ley que pretendió establecer un estatuto para víctimas y el programa de reparación individual por vía administrativa. Asimismo, profundiza en aspectos como la dimensión transformadora de las reparaciones con vocación de redistribución, la pertinencia del análisis comparado, el uso de enfoques diferenciales como reconocimiento, los principios de justicia que deben orientar la reparación y la reivindicación del campo de la transicional desde abajo. Con ello se pretende contribuir a la búsqueda de salidas para los desafíos que enfrenta la necesidad de reparar graves violaciones cometidas en un contexto de guerra, pobreza y exclusión

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