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Columna

A la memoria de Fabiola Lalinde

Al rendir este homenaje personal a Fabiola y a sus hijos, quiero igualmente hacerlo con todas las demás víctimas del drama colombiano de la desaparición, pues su Operación Sirirí, que quedará siempre en nuestra memoria, representa la lucha permanente de la dignidad y la decencia contra el terror y la crueldad.

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Entrada

Los desaparecidos del Palacio y la Corte

Es contradictorio que el Gobierno acepte ante la Corte IDH la responsabilidad por dos de las desapariciones del Palacio de Justicia y por las torturas de dos detenidos, pero intente minimizar su responsabilidad frente a los otros nueve desaparecidos o frente a la ejecución del magistrado Urán, diciendo que aquí únicamente hubo otras fallas del Estado, pero no desapariciones ni ejecuciones.

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Artículo de Litigio

Demanda de inconstitucionalidad para que las víctimas de desaparición forzada sean reconocidas como víctimas de la violencia política y puedan acceder a la ayuda humanitaria

Se estima que en Colombia han ocurrido cerca de 50.000 desapariciones forzadas. Pese a esta escandalosa cifra, y pese también a la gravedad y atrocidad de este delito, los familiares de los desaparecidos no son reconocidos en la Ley 418 de 1997 como víctimas de la violencia política y, en consecuencia, tampoco como beneficiarios de la ayuda humanitaria. La concesión de esta ayuda a los familiares de los desaparecidos ha quedado sujeta en la práctica a la discrecionalidad de los funcionarios de Acción Social quienes, en el mejor de los casos, han tratado de aplicar a estos los requisitos que se exigen a los familiares de los asesinados. Se les ha exigido entonces que adelanten procesos civiles de declaración de muerte presunta para suplir el certificado de defunción que deben aportar los familiares de los asesinados. Adelantar este proceso no sólo implica para las víctimas de la desaparición un gasto desproporcionado, sino que representa una experiencia dolorosa pues los empuja a desfallecer en su esperanza de encontrar vivo a su desaparecido. Esta demanda,presentada conjuntamente por la Fundación Nydia Erika Bautista y Dejusticia, pretende que se corrija esta omisión legislativa para que las víctimas de la desaparición forzada sean reconocidas como víctimas de la violencia política y puedan accedar a la ayuda humanitaria sin tener que adelantar procesos de declaración de muerte presunta.

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