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Columna

“Fast track”: precisiones

Si bien la sentencia de la Corte sobre el fast track es jurídicamente equivocada y hace más difícil la implementación del Acuerdo de Paz, es importante comprender bien su alcance. Un mal entendimiento de ella podría exagerar su impacto negativo.

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Artículo de Litigio

Dejusticia intervino en defensa de la ley de amnistía

Dejusticia intervino ante la Corte Constitucional en el proceso de revisión constitucional de la ley que otorga amnistías, indultos y tratamientos penales especiales (Ley 1820 de 2016). Estimamos que, de manera general, la ley de amnistía se ajusta a la Constitución Política y es respetuosa de los deberes internacionales del Estado colombiano.

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Comunicado sobre transparencia y publicidad de decretos-leyes y gestión de procesos de la Corte Constitucional, en el fast-track

Diferentes organizaciones de las sociedad civil -entre las que se encuentra Dejusticia-, así como académicos y centros de investigación, presentaron este comunicado conjunto, dirigido a  la opinión pública, la Corte Constitucional, Gobierno Nacional y la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).

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¿Cuál es el balance del proyecto de reforma constitucional sobre JEP?

El pasado 14 de febrero, Rodrigo Uprimny participó en la audiencia que convocó la Comisión Primera del Senado, para discutir el proyecto de reforma constitucional que crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y regula el tratamiento especial a la Fuerza Pública. Esta reforma está a dos debates de ser aprobada por el Senado. Encuentre aquí el documento en el que se basó su intervención y que hace un balance general de este proyecto.

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Cinco puntos que nos preocupan sobre la Jurisdicción Especial para la Paz y el tratamiento especial a la fuerza pública

La Cámara de Representantes ya aprobó la reforma contitucional que crea la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y regula el tratamiento especial a la fuerza pública. Este proyecto, que le dará vida al mecanismo de justicia transicional para investigar y sancionar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto, está a dos debates en el Senado de volverse una realidad. 

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Comunicado sobre el Proyecto del Acto Legislativo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición

Académicos y organizaciones, entre las que se encuentra Dejusticia, firman comunicado para presentar análisis sobre la convenicencia política y justificación constitucional del Proyecto del Acto Legislativo 02 de 2016 Cámara, acumulado con el Proyecto de Acto Legislativo 03 de 2016, que entre otros asuntos, crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, en lo qeu incluye a la JEP y regula el tratamiento penal especial para los agentes de estado.

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¿Por qué ciertas partes del acuerdo de paz deberían tener fuerza jurídica? Comentarios al proyecto de Acto Legislativo 01 de 2016 Senado

El presente texto somete a consideración de la opinión pública y del Congreso de la República algunas reflexiones en relación con el proyecto de reforma constitucional que busca dotar de estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, el 24 de noviembre de 2016.

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Columna

La consejera y su última decisión

En Colombia hay cada vez más jueces que se alejan de la visión formalista de la ley, buscando mejorar la condición humana y el Estado de derecho a través de inteligencia, equilibrio, rectitud, paciencia, persuasión y compromiso.

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Columna

Refrendación progresiva (III)

La sentencia de la Corte sobre fast track era no sólo muy difícil; era un “caso trágico”, en el sentido del profesor Manuel Atienza, que son aquellos en donde no hay buena solución jurídica pues cualquier decisión sacrifica un valor importante.

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Dejusticia y organizaciones de la sociedad civil proponen medidas para garantizar transparencia y participación en implementación de Acuerdo Final

Doce organizaciones de la sociedad civil, incluida Dejusticia, firmaron una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos y los integrantes de la CSIVI para respaldar Acto Legislativo 1 de 2016, que regula el fast-track, y proponer 7 medidas para garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el diseño, deliberación e implementación de las políticas públicas previstas en el Acuerdo Final.

 

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