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Artículo de Litigio

Dejusticia intervino en defensa de la ley de amnistía

Dejusticia intervino ante la Corte Constitucional en el proceso de revisión constitucional de la ley que otorga amnistías, indultos y tratamientos penales especiales (Ley 1820 de 2016). Estimamos que, de manera general, la ley de amnistía se ajusta a la Constitución Política y es respetuosa de los deberes internacionales del Estado colombiano.

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Artículo de Litigio

Dejusticia solicitó a la Corte Constitucional que declare inexequible el Decreto-Ley 249 de 2017, que regula un trámite de contratación específico para erradicación manual para la implementación del proceso de paz

Se exponen dos razones en la intervención: al expedir esa norma, el Presidente de la República excedió las facultades especiales para la paz pues no demostró la estricta necesidad de regular ese tema por esa vía extraordinaria; y el procedimiento de contratación que regula el DL 249/2017 viola los principios constitucionales que rigen la contratación pública

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Columna

El Estado parece negociar con un puñal bajo el mantel

El punto de drogas del acuerdo de paz menciona estrategias para la sustitución de cultivos ilícitos, el fortalecimiento de la lucha contra las finanzas ilegales y los grupos narcotraficantes, atención al consumo y la promoción de un debate internacional en torno a la política de drogas. Sin embargo, se quedó corto en dar una solución integral para las comunidades asociadas al cultivo de la hoja de coca. 

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Columna

La Ley de Amnistía: un primer paso

El viernes 30 de diciembre del año que terminó el Gobierno promulgó la Ley 1820 de 2016, o Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Especiales. Esta ley fue tramitada como el primer proyecto que hizo uso de la reforma constitucional conocida como fast track para proyectos relacionados con la implementación del proceso de paz.

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Entrada

Dejusticia y organizaciones de la sociedad civil proponen medidas para garantizar transparencia y participación en implementación de Acuerdo Final

Doce organizaciones de la sociedad civil, incluida Dejusticia, firmaron una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos y los integrantes de la CSIVI para respaldar Acto Legislativo 1 de 2016, que regula el fast-track, y proponer 7 medidas para garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el diseño, deliberación e implementación de las políticas públicas previstas en el Acuerdo Final.

 

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