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Columna

Lo que callan las licencias ambientales

Ante la altísima conflictividad e innumerables casos en que se evidencian tensiones entre proyectos extractivos y DDHH se requiere una regulación general de las autorizaciones ambientales que permita superar estas inadmisibles ausencias.

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Columna

Agua en Marialabaja, una disputa evitable

Es necesario que las autoridades locales, departamentales y ambientales asuman el caso y escuchen por fin a una comunidad que vive, como tantas, en medio de una paradoja: estar rodeados de agua dulce y luchar a diario por acceder a ella.

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Artículo de Litigio

Gobierno está incumpliendo las órdenes de la Corte Suprema sobre la protección de la Amazonía colombiana

Hace un año la Corte declaró a la Amazonía colombiana sujeto de derechos y ordenó, a través de la sentencia 4360 de 2018, que se aplicaran mecanismos para frenar la deforestación. Sin embargo, las acciones del gobierno han sido mínimas, mientras las amenazas al bosque aumentan.

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Artículo de Litigio

Dejusticia interviene en defensa de los derechos de las comunidades del río Atrato

Dejusticia envió a la Corte Constitucional una intervención dentro del proceso de tutela iniciado por el centro de estudios “Tierra Digna”, por la situación de contaminación ambiental que se presenta en esta cuenca como consecuencia de la realización de actividades mineras mecanizadas y de aprovechamiento forestal no autorizadas.

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Artículo de Litigio

Coadyuvancia en Acción Popular contra la omisión del Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minería y demás entidades responsables de prorrogar la «moratoria minera»

Presentamos coadyuvancia en el proceso de la referencia con el fin de solicitar al Despacho que proteja el derecho colectivo al medio ambiente, y condicione la decisión de habilitar la ventanilla de recepción de solicitudes de titulación minera a que se superen efectivamente las razones por las cuales la moratoria minera fue declarada en un primer momento y en sus sucesivas prórrogas.

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Artículo de Litigio

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 13 (parcial) del Código de Minas

Le solicitamos a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de esa expresión porque permite que inmuebles que tengan una función ambiental determinada e importante puedan ser destinados a la actividad minera automáticamente. 

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Artículo de Litigio

Intervención en caso Belo Monte

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DEJUSTICIA), el Instituto Socioambiental (ISA), la Associação Indígena Yudjá Mïratu da Volta Grande do Xingu (AYMÏX) y el Conselho Indigenista Missionário (CIMI) presentaron ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil escrito que demuestra la ilegalidad del permiso que el Congreso dio a la represa Belo Monte.

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Publicación

Adiós río. La disputa por la tierra, el agua y los derechos indígenas en torno a la represa de Urrá.

La historia de los 20 años de la represa de Urrá condensa los procesos medulares de la violencia y la disputa por la tierra y los recursos naturales en la Colombia contemporánea: el ascenso del paramilitarismo y su penetración en la política; el involucramiento de las FARC en el narcotráfico y en la lucha por controlar los lugares de cultivo y transporte; el desplazamiento forzado y la usurpación de la tierra; la complicidad de amplios sectores del empresariado rural con el despojo y la violencia; la carrera por los recursos naturales en un país que gira hacia una economía minero-energética; y el impacto trágico de todo lo anterior sobre los pueblos indígenas, cuyos territorios, cultura y vida misma penden hoy de un hilo por encontrarse en medio del fuego cruzado.

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Artículo de Litigio

Intervención en incidente de nulidad de la T-769 de 2009

Dejusticia intervino en el incidente de nulidad promovido por el Ministerio del Interior y Justicia y la Empresa Muriel Mining Corporation en contra de la Sentencia T-769 de 2009, que ordenó suspender el proyecto de cobre y otros minerales Mandé Norte en territorios colectivos afrocolombianos e indígenas hasta que se realicé una consulta previa con todas las comunidades afectadas en la cual se tendrá que obtener el consentimiento libre, previo e informado. En esta intervención, Dejusticia argumenta que dicha sentencia no cambió el precedente jurisprudencial, como lo afirman los solicitantes, sino que precisó el alcance de la consulta previa en proyectos de gran escala que puedan causar un impacto profundo en comunidades indígenas o negras en situaciones de vulnerabilidad por presiones territoriales en el marco del conflicto armado relacionado con proyectos de extracción de recursos.

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