Ante la pandemia del COVID-19, las agendas de los gobiernos tienen un objetivo en común: asegurar sistemas alimentarios de producción local que beneficien a toda la población, en especial a los más vulnerables. Para resolver dudas relacionadas con el derecho a la alimentación durante la pandemia, convocamos a una serie de expertos en salud pública para abrir un debate sobre las cadenas de producción, abastecimiento y consumo durante cuarentena.

La conversación digital se tituló “Políticas alimentarias y garantías al derecho a la alimentación en tiempos de crisis” y se dio en el marco de la campaña #DelMiedoALaAcción, una serie de webinars para dar luces sobre los efectos de la pandemia en los derechos humanos. Participaron Esperanza Cerón, miembro de la Alianza por la Salud Alimentaria de Colombia; Juan Carlos Morales, Director de Fian Colombia; Tomaso Ferrando, Profesor en Derecho y Alimentación en la Universidad de Antwerpen; y Gabriela Fretes, PhD (C) en Políticas de Alimentación y Nutrición en Tufts University. Moderó nuestra investigadora de Justicia Económica, Ana María Narváez. Éstas fueron las conclusiones:

P: ¿Cuáles son las principales amenazas al derecho a la alimentación bajo el contexto del COVID-19?

R – Juan Carlos Morales: 

En FIAN Internacional sacamos un informe de los impactos del COVID-19 en la alimentación. La afectación ha sido en todos los eslabones: cierres masivos de restaurantes, restricciones para el comercio informal, pérdida de alimentos de estación en el campo y, por otro lado, se fortalecen las compras digitales que favorecen la “desmaterialización” de los alimentos. Con la Covid-19 hemos visto una dependencia al suministro de alimentos por vía domiciliaria, una creciente ingesta de productos ultraprocesados y un aumento en las cifras del hambre. 

Lo que está ocurriendo es la constatación de violaciones sistemáticas y a largo plazo del derecho a la alimentación. La imposición de un modelo neoliberal que favorece la importación de alimentos y la dependencia. Hemos sido testigos de cómo las decisiones del Gobierno están mediadas por la captura corporativa del sector privado. El Gobierno no reconoce al sujeto campesino, ni a ellos ni a sus derechos. Pero también está en nosotros hacer acciones individuales para apoyar: acercar la producción del campo al consumo urbano, comprar directamente a los campesinos o a intermediarios campesinos.

Si hay algo que está definido es que la única forma para sobrevivir el colapso ecológico es pasar por una serie de transformaciones en los sistemas y patrones alimentarios. Eso sólo es posible con variedad de alimentos y soberanía alimentaria. Esta coyuntura es un llamado a los gobiernos para construir políticas más justas, sostenibles y saludables.

P:¿Qué es la salud alimentaria? ¿Colombia cuenta con recursos para garantizar la salud alimentaria de la población durante la pandemia?

R – Esperanza Cerón:

La salud alimentaria es un punto de encuentro entre las políticas de salud pública, las políticas agrarias y las políticas alimentarias. Lo que estamos viendo con todos los programas mal llamados “solidarios” con esta crisis, y desde hace años, es que se promueve lo contrario a la autonomía y soberanía de los pueblos: difunden productos animales y vegetales producidos por multinacionales en laboratorios. Esto desestimula la producción campesina lo que nos lleva a la carencia de políticas públicas basadas en los derechos humanos. Tenemos recursos humanos y una enorme biodiversidad nacional que nos permiten repensar la política macroeconómica que ha venido imponiendo un modelo de desarrollo que desgarra todo lo que toca. 

Es absurdo que importemos comida si tenemos campesinos con capacidad de producirla. Eso refleja más de lo mismo: un Gobierno corporativo como ningún otro. Desde antes del COVID-19 la presencia de la industria siempre ha sido mayoritaria. Nuestra demanda es posicionar una canasta básica que sea adecuada a las distintas regiones y que respondan a una alimentación saludable.

Los espacios para la agricultura en la ciudades son difíciles por el modelo de desarrollo. Incluso los pueblos empiezan a echar cemento y los terrenos comunes han ido desapareciendo. Una opción necesaria en medio de esta gran crisis tiene que ver con la promoción de la agricultura urbana.

P: ¿Cuáles han sido los principales retos a nivel global para el sistema alimentario en lo que lleva el Coronavirus?

R – Tomaso Ferrando: 

Vemos la intensificación de algo que ya era visible: la violencia social y la pobreza alimentaria, la explotación campesina y un sistema casi totalmente dependiente de los supermercados. Antes del COVID-19 tampoco había respeto al derecho a la alimentación. Los mercados provenientes del campo han sido cerrados en Europa y los campesinos no tienen formas de vender su comida. Por otro lado, los supermercados aumentan su poder y se aprovechan de la situación para bajar el pago a los campesinos. En Europa, sin mano de obra extranjera no tendríamos posibilidad de tener comida en nuestras casas. 

Tenemos que repensar la visión ideológica: si la comida que necesitamos viene de la explotación o si queremos otro sistema. La compra pública y el papel de las autoridades es un paso para demostrarle a las personas que sí se puede lograr. El Gobierno debe promover la producción campesina, no sólo en tiempos de COVID-19. Esa es la idea de soberanía alimentaria: pensar un sistema conectado entre los campesinos, productores y el Estado que faciliten las dinámicas territoriales y garanticen las compras públicas.

Muchas ciudades en Europa y en Estados Unidos creen que las cosas se solucionan con huertas urbanas y aunque eso es importante eso no solucionará el problema, hay que fortalecer el papel de los campesinos y las campesinas.

P: ¿Qué es la doble carga de malnutrición? ¿Cuáles han sido los hallazgos más importantes en la región latinoamericana en cuanto al COVID-19?

R – Gabriela Fretes:

En los últimos cuatro años la región ha mostrado progresos en la desnutrición infantil, pero ha aumentado el sobrepeso y la malnutrición. Ambos extremos ubican a estas poblaciones en alto riesgo. La arista en común: la desigualdad y la accesibilidad a productos de calidad. 

Es importante que los gobiernos adopten políticas para regiones diversas como la nuestra que disminuyan todas las formas de malnutrición. Éste es un desafío necesario para mantener la cantidad y la calidad de los alimentos que son entregados en los programas de atención social. 

Para situaciones excepcionales se necesitan medidas excepcionales. Se deben garantizar alimentos saludables, variados y seguros para todas las etapas de la vida: niños y niñas, embarazadas, mayores de edad, etc. Esta es una oportunidad para que los gobiernos incluyan productos de los pequeños productores en sus programas de distribución de alimento. 

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La opinión de los expertos indica que el sistema alimentario – tal como lo conocíamos – ya empezó a experimentar profundas transformaciones desde que inició la cuarentena. Por un lado, se ha fortalecido el rol de los supermercados y la población con menos ingresos ha tenido dificultades para acceder a una alimentación saludable, lo que ha incrementado el consumo de productos ultraprocesados. Por otro lado, esta crisis nos ha hecho apreciar el alimento que viene del campo y a resaltar la importancia de apoyar la economía familiar campesina por medio del consumo responsable y la implementación de políticas públicas.

La conversación fue documentada por la relatora gráfica Juliana Serrano, de Amazink Studio, quien realizó este dibujo en tiempo real partiendo de las intervenciones de los panelistas:

Si te perdiste la transmisión, aquí el enlace a nuestro décimo webinar «Políticas alimentarias y garantías al derecho a la alimentación en tiempos de crisis»: