El presidente de la República, Gustavo Petro, envió una carta a la Corte Suprema de Justicia con su propuesta de terna para desempeñar el cargo de Fiscal General de la Nación entre 2024 y 2027. Las tres aspirantes (por primera vez mujeres en su totalidad) sucederán a Francisco Barbosa y harán historia, pues en Colombia solo hemos tenido a una fiscal general, Vivian Morales, quien renunció al cargo en 2012 tras un año de haberse posesionado.  A ella la siguió la abogada Martha Lucía Zamora, quien estuvo a la cabeza del Ente Acusador por menos de un mes y en calidad de encargada. Esto contrasta con el hecho de que, desde la creación de la entidad en 1991, el cargo de Fiscal General lo han ocupado 11 hombres, entre titulares y encargados. 

Este panorama confirma la conclusión del trabajo de nuestros investigadores María Adelaida Ceballos Bedoya y Mauricio García Villegas en el libro ‘La profesión jurídica en Colombia’, y es que en nuestro país existe una subrepresentación histórica de las mujeres a los cargos del Poder Judicial, y aún menos a los de la cúpula, donde justo están la Fiscalía y las altas cortes. ¿Por qué es así?

De acuerdo con Ceballos, directora de nuestra línea Sistema Judicial, un primer factor que explica esta subrepresentación tiene que ver con que no se reconocen las habilidades de liderazgo o las competencias intelectuales de las mujeres. A su vez, el Ente Acusatorio (al ocuparse de temas penales) es percibido como una arena masculina, como si perteneciera a los hombres, y el lugar para las mujeres ha quedado relegado.

La subrepresentación de las mujeres también se debe a que las mujeres no hacen parte de los círculos de poder en los cuales se decide quiénes serán los próximos ungidos.  “Merecemos estar ahí en los escenarios de poder porque es un asunto  de igualdad. Somos más de la mitad de la ciudadanía, la mitad de las personas de la profesión jurídica, y deberíamos poder vernos reflejadas en el Poder Judicial en esa proporción”, agrega la investigadora.

Ya en una columna del año 2012, nuestro cofundador e investigador Rodrigo Uprimny le pedía al expresidente Juan Manuel Santos que nombrara una terna de mujeres para la Fiscalía, pues para esa época, la composición de género de la cúpula judicial tampoco era muy equitativa. “Esa Ley 581 (Ley de Cuotas)  se aplica muy débilmente en la Rama Judicial, en parte porque las propias decisiones judiciales de las altas cortes han limitado su alcance. Por ejemplo, a pesar de que la ley dice que en toda terna siempre debe haber una mujer, la Corte Suprema se negó a incorporar una mujer en algunas de sus ternas para la elección de magistrados de la Corte Constitucional, justificando esa omisión con una argumentación jurídicamente muy problemática, que por limitaciones de espacio no puedo controvertir”, escribió Uprimny.

A lo anterior se suma que hay evidencia de que, cuando la composición judicial es diversa (en términos de género u otras categorías), la legitimidad del poder judicial se fortalece, porque la ciudadanía tiende a percibir a las instituciones como más incluyentes, igualitarias e imparciales; como espacios seguros para tramitar sus conflictos. Eso resulta particularmente importante en Colombia, pues hoy la Fiscalía cumple un rol fundamental en la consolidación de los procesos de transición hacia la paz.

Retos para la próxima Fiscal General

No obstante, la buena noticia de la terna se vio opacada por el que puede ser el mayor escándalo del Gobierno Petro: la confesión del hijo del mandatario sobre el ingreso de dineros irregulares a la campaña de su padre.  Aunque se trata de temas distintos, hay quienes opinan que el anuncio del Presidente, aunque positivo, fue una especie de cortina de humo para desviar la atención de los graves señalamientos de Nicolás Petro.

Este escenario puede implicar retos para la próxima Fiscal General. Aquí entonces es relevante que las tres aspirantes poseen todas las competencias técnicas del derecho penal para ocupar el cargo, al tiempo que conocen desde las entrañas el funcionamiento de la Fiscalía, pues en su trayectoria, las tres han enfrentado procesos muy complejos y riesgosos políticamente.

Ahora bien, una vez electa por la Corte Suprema, la próxima Fiscal General deberá colaborar armoniosamente con el Ejecutivo, pues este vínculo entre los dos poderes se ha roto paulatinamente con el actual fiscal, Francisco Barbosa, y su relación con el presidente Petro. Esa colaboración armónica será esencial para poner en marcha los proyectos de sometimiento a la justicia de los grupos de crimen organizado que tanto ha promovido el presidente.

En suma, aunque la próxima fiscal tendrá que asumir grandes retos, hay razones para celebrar la escogencia de estos tres perfiles competentes y diversos