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Terror contra el terror

Mauricio García Villegas
agosto 8, 2008

Publicado en: El Espectador

LAKHDAR BOUMEDIENE ES UN CIUdadano bosnio, nacido en Argelia, capturado en Octubre de 2001, junto con otras cinco personas, bajo sospecha de estar preparando un atentado contra la Embajada de los Estados Unidos en Bosnia.

 

Nunca se encontraron las pruebas para sustentar esa sospecha y por eso la Corte Suprema de Bosnia ordenó su liberación. Pero como Boumediene estaba bajo la custodia de las tropas de los Estados Unidos, no sólo no fue liberado, sino que fue conducido a la prisión de Guantánamo (en la Isla de Cuba) donde lo incomunicaron, lo torturaron y lo mantuvieron, sin juicio previo, ni defensa judicial, durante seis años.

Boumediene es uno de esos presos que el gobierno del presidente Bush, con su política de “guerra contra el terror”, califica como “enemigos combatientes”. Esta singular categoría de reclusos no está prevista en ninguna otra legislación: no son prisioneros de guerra, y por lo tanto no se les aplica la Convención de Ginebra, pero tampoco son prisioneros comunes. Como no son clasificables, no tienen ninguno de los derechos que cualquier país civilizado le otorga a los presos: cargos previos, derecho a la defensa, juicio imparcial, protección contra la tortura, etc.

¿Cómo es posible que esto suceda en un país que, como los Estados Unidos, se dice heredero de la Carta Magna —la original— redactada hace nueve siglos en Inglaterra y en donde se estableció el derecho al hábeas corpus, es decir, el derecho a no ser arrestado sin orden judicial previa, a no ser condenado sin juicio, a no ser torturado, etc.? La respuesta es tan simple como aterradora: eso sucede porque los detenidos son llevados a prisiones ubicadas por fuera del territorio de los Estados Unidos —como Guantánamo en Cuba, o Kandahar en Afganistán— en donde los oficiales del ejército Estadounidense se sienten autorizados para comportarse de la misma manera como lo hacen los tiranos que ellos mismos combaten.

Pero justamente, como se trata de algo aterrador, la Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de tomar una decisión —el pasado 12 de junio— en la que establece que los “combatientes enemigos” tienen derecho a la defensa judicial y a solicitar su liberación, en caso de que no se pruebe su culpabilidad. La garantía del hábeas corpus, dice la sentencia “no debe ser objeto de manipulación por parte del mismo poder que esta garantía supone controlar”.

Esta es una sentencia histórica y lo es por dos razones. En primer lugar, porque establece que cuando de derechos fundamentales se trata, la distinción entre nacionales y extranjeros (aliens) no vale. Las autoridades de los Estados Unidos están tan obligadas a no torturar a un extranjero como lo están a no torturar a un nacional. En segundo lugar, el presidente de los Estados Unidos no puede evadir su responsabilidad de respetar los Derechos Humanos designando un punto perdido en el enorme mapa de su poder global, para torturar a quienes cree que son terroristas.

Baumediene vs. Bush es una decisión que pone en tela de juicio una concepción muy arraigada en la derecha republicana de los Estados Unidos, según la cual, el gobierno de ese país representa a una nación única en el mundo, señalada incluso por Dios para extender el progreso, la libertad y la civilización por toda la humanidad, y por eso, cuando ese gobierno actúa por fuera de sus fronteras, en medio de la barbarie, le está permitido, en aras de la misión civilizadora que le fue encomendada, comportarse de manera salvaje.

Esperemos que este tipo de concepciones bestiales se acallen en las próximas elecciones.

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