El artículo analiza los alcances y límites de las tentativas de la Corte Constitucional colombiana por controlar el abuso de los estados de excepción. Luego de mostrar los dilemas que plantean los estados e excepción a los regímenes constitucionales, el artículo describe el contexto colombiano (una democracia pero en estado permanente de emergencia) y presenta la forma como la Corte Constitucional ha adelantado, desde 1992, un control “material” de la declaratoria de los estados de excepción por el presidente, según la cual, es deber del juez constitucional examinar si los hechos invocados por el gobierno constituyen o no una crisis suficiente para legitimar el uso de los poderes de excepción. El artículo trata de explicar como ese control ha sido posible en una democracia precaria y con conflicto armado como la colombiana y cuáles efectos podrían atribuirse a ese control.