El 28 de julio de 2024, Venezuela vivió unas elecciones presidenciales que simbolizaban la esperanza de un cambio necesario: restablecer la democracia, estabilizar la economía y garantizar los derechos de la población. Sin embargo, la jornada electoral estuvo empañada por irregularidades, como la falta de transparencia en los resultados. La jornada terminó con la  autoproclamación ilegítima del gobierno actual. La persistente negativa del régimen de Maduro de publicar las actas electorales sigue alimentando las dudas sobre la legitimidad del proceso. Frente a estas irregularidades, la población se movilizó y el gobierno respondió con una enorme represión. 

La CIDH lo confirma: hubo violaciones graves a los derechos humanos

Un informe reciente revela una estrategia del régimen para silenciar a la oposición, bloquear elecciones libres y sembrar miedo. Su objetivo: perpetuarse en el poder, a costa de los derechos y la democracia.

Desde las elecciones, el aumento de la persecución contra periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y figuras políticas ha desencadenado una nueva ola de migración forzada hacia Suramérica, en particular Colombia, lo que puede acentuar una crisis humanitaria en la región.

Colombia: una historia de acogida con retos

Colombia ha sido un país de puertas abiertas y los tres últimos gobiernos han hecho esfuerzos importantes para la integración de personas migrantes venezolanas con medidas como los permisos especiales de permanencia (PEP), el permiso por protección temporal (PPT) y más recientemente el PEP (tutor). Este mecanismo permite regularizar a quienes no pudieron acceder al PPT, pero que son tutores de niños, niñas y adolescentes que sí cuentan con este permiso.  

Estos esfuerzos han tenido un alcance limitado por su carácter temporal y las dificultades de acceso por la brecha digital. Además, estas medidas generan riesgos al debido proceso y a la protección de datos personales, sin contar que han generado un debilitamiento del sistema de refugio. 

¿Estamos retrocediendo?

Hoy, Colombia parece dar marcha atrás en su compromiso con la protección migratoria. Aunque el gobierno actual creó la “Visa Especial de Visitante”, este mecanismo es poco accesible para quienes están en una situación de extrema necesidad. Entre las principales barreras para acceder a este mecanismo  están su corta duración — dos años sin posibilidad de renovación — y la presentación de documentos que demuestren una actividad económica en Colombia. Además, solo podrán acceder quienes hayan ingresado antes del 4 de diciembre de 2024.

Estos requisitos imponen una carga desproporcionada a las personas que huyen de la crisis, perpetuando su vulnerabilidad en lugar de ofrecer estabilidad. En un contexto donde el acceso a derechos fundamentales debería ser la prioridad, estas medidas dificultan la integración y profundizan la incertidumbre de quienes buscan un lugar seguro para vivir.

Aunque no se han visto flujos masivos tras las elecciones, la migración forzada  de personas venezolanas se mantiene y ha aumentado ligeramente desde el pasado 28 de julio, como lo evidencia el informe de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V). Muchas personas huyen por riesgos a su seguridad, pues han sido  criminalizadas por exigir transparencia en el proceso electoral y ejercer su derecho a la protesta. Otras tantas migran por la prolongada emergencia humanitaria que enfrenta el país.

Estar a la altura de la situación: no podemos ser neutrales

Colombia no puede mantenerse neutral frente a la crisis de derechos humanos en Venezuela. Es fundamental que el país continúe denunciando  las graves violaciones que allí ocurren y actúe en consecuencia: acoger a quienes huyen del régimen, condenar abiertamente las agresiones contra los derechos humanos, y garantizar mecanismos de regularización accesibles y permanentes. 

Reconocemos el reciente mensaje del Presidente Gustavo Petro, donde expresó su preocupación por las detenciones de defensores de derechos humanos y la falta de transparencia en las elecciones en Venezuela. Sin embargo, es necesario que su gobierno sea más contundente frente a las violaciones de los derechos humanos y mantenga una postura firme y comprometida.

Además, Colombia debe cumplir con los estándares internacionales y garantizar la protección establecida en la Declaración de Cartagena, que ampara a quienes escapan de la violencia generalizada y las violaciones masivas de derechos humanos. Estar a la altura del reto significa liderar con humanidad y justicia.

Más allá de las inestabilidades políticas y las afinidades o desacuerdos entre gobernantes, los derechos de las personas migrantes y refugiadas deben garantizarse  como un acto de solidaridad con quienes cargan las consecuencias de estas crisis.

Los gobiernos de la región deben tomar medidas de regularización a largo plazo, que garanticen derechos fundamentales como la educación, la salud y el refugio.