Algunos justifican el hecho de que el Gobierno haga tantas concesiones a los jefes paramilitares con el argumento de que ellas son algo así como los sapos que nos tenemos que tragar si queremos lograr la paz.

No me parece que esta metáfora del comedor de sapos sea adecuada para describir la situación en la que nos encontramos. Y no creo que lo sea porque da a entender que basta con pasar un mal rato -perdonar unos crímenes horrendos- para luego obtener lo que queremos, la paz. Lo que hemos visto en estas últimas semanas con los escándalos de congresistas es que el desmonte del paramilitarismo no se acaba con la entrega y perdón de los jefes paramilitares. Ahí empieza otro calvario: el de la justicia.

El paramilitarismo es un poder ilegal conectado estrechamente con el poder legal. Por eso es tan peliagudo desmontarlo. Cuando se negocia con los paramilitares se logra que se desmovilicen algunos -a veces incluso más de los que son-, pero la estructura legal que los soporta sigue intacta y en cualquier momento vuelve a parir la ilegalidad. Por eso, lo difícil del proceso con los ‘paras’ no es tanto la negociación sino el posconflicto.

La desmovilización y entrega de armas significa muy poco. Las numerosas ocasiones en las que vimos a miles de paramilitares que entregaban sus armas a Luis Carlos Restrepo reflejan un triunfalismo institucional entre incauto y malicioso.

Con los ‘paras’ la victoria militar es fácil -quizás porque casi no hay guerra entre ellos y el Estado-, pero la victoria judicial es difícil. El logro de lo primero no garantiza lo segundo.

El desafío que el Estado tiene hoy con el paramilitarismo no es tanto vencerlo militarmente como vencerlos judicialmente. Hasta ahora, el acento del proceso de paz ha sido puesto en la entrega de las armas y en el sometimiento de líderes paramilitares. De aquí en adelante, el éxito del proceso se va a jugar en los estrados judiciales. En este nuevo escenario, el primer desafío consistirá en desmontar las estructuras de poder paramilitar, lo cual significa, entre otras cosas, neutralizar al ejército de abogados que el narcotráfico contrata para manipular el derecho y acallar los procesos judiciales en su contra.

El segundo desafío consistirá en reconstruir un sistema judicial colapsado en las regiones del país. La justicia local en las zonas tomadas por los paramilitares es simplemente nominal. Los jueces deciden casos inocuos, mientras los grandes conflictos sociales pasan por los escritorios de mafiosos y paramilitares.

El plan gubernamental de recuperación de territorios tomados por grupos armados es ante todo un plan militar. Los jueces prácticamente no cuentan. El problema con esto es que los militares, por sí solos, no son los más indicados para restaurar la institucionalidad. Nunca lo han sido. Menos aún en territorios dominados por organizaciones paramilitares, con las cuales el Ejército ha tenido, en muchos casos, una actitud ambigua, entre complaciente y crítica.

Además de militares se necesita de jueces respaldados por la fuerza pública, independientes políticamente, con capacidad investigativa, acompañados por los organismos de control y apoyados por el sistema democrático. En pocas palabras, se requiere una transformación integral de la institucionalidad local.

No tenemos casi nada de esa reforma integral. Por eso, las grandes dificultades del actual proceso de paz están por venir.

Por eso, también, la metáfora del comedor de sapos me parece inadecuada: más desagradable aún que tener que tragarnos unos cuantos sapos será quedar enfermos después de semejante ingestión.