El Plan Nacional de Desarrollo que deberá aprobar en breve el Congreso o el gobierno a través de decreto ??Estado Comunitario: desarrollo para todos?? viene siendo discutido a partir de un documento elaborado por el Departamento Nacional de Planeación cuyo corazón es la consolidación de la política de seguridad democrática. Hay un elemento nuevo, sin embargo, que no ha sido tenido en cuenta en toda su dimensión y que de no hacerse a tiempo, llevará al traste con muchas de las proyecciones del gobierno en materia de paz y desarrollo. Se trata del llamado proceso transicional.

Como es sabido, con este nombre se designa una particular política de Estado, que ha ocupado buena parte de la agenda del actual gobierno y sobre la cual se posa la atención de la comunidad internacional, que empieza con la desmovilización y la resinserción de los grupos paramilitares y avanza actualmente hacia el juzgamiento de algunos de sus máximos dirigentes.

El proceso transicional interfiere claramente en por lo menos dos esferas de la política pública en general: la política criminal y la política de tierras. La interferencia en el primer caso se manifiesta, entre otros aspectos, en la ruptura de la proporcionalidad de las penas que se aplicarán a los paramilitares que se sometan a la ley de justicia y paz, respecto de los delitos por ellos cometidos. Un solo ejemplo basta para ilustrar lo dicho: una conducta criminal que frecuentemente se atribuye a los paramilitares es la desaparición forzada; el responsable de este delito que no se someta a la Ley de Justicia y Paz, tendría que afrontar una pena mínima de 26 años y una máxima de 45; mientras que el sometido, apenas será condenado máximo a ocho años de prisión.

Aquí no cuestiono el hecho mismo de la alteración de la proporcionalidad, pues es parte de los arreglos institucionales propios de los procesos de transición, sino el que tal situación se la quiera presentar como algo que poco o nada tiene que ver con la política regular de lucha contra la impunidad. En la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo se incluyen, en efecto, algunos temas propios de la justicia transicional, al lado de las formulaciones estratégicas relacionadas con la política de lucha contra la impunidad, pero no se hacen explícitas las relaciones entre una y otra. El resultado es una suerte de paralelismo en la formulación de ambas políticas, como si se pudieran desarrollar sin ningún tipo de interferencia.

Comoquiera que el proceso de transición ?sin transición, por cierto, como lo han aclarado muchos estudiosos del tema? seguirá ocupando un lugar central en la agenda del presente gobierno y en los aconteceres nacional e internacional, su inclusión en el Plan debe ser tan clara y detallada como sea posible.

Pero en donde el Plan hace mutis por el foro es en la necesaria clarificación que debe existir entre el proceso transicional y la política de tierras. No hay una sola referencia en ese sentido, y con ello se desconoce un hecho importante: que el derecho a la reparación es una de las contracaras de las concesiones que en materia de justicia se hacen a los victimarios que se someten a la Ley de Justicia y Paz. Y no hay que olvidar que el talón de Aquiles de la reparación integral lo constituye la devolución de bienes patrimoniales, en especial la tierra.

Recuérdese, de un lado, que el avance paramilitar en su momento se entendió también como una estrategia de contrarreforma agraria y que, de otro, si por algo se ha resentido la aplicación de la Ley de Justicia y Paz es por la resistencia de los victimarios a devolver los bienes ilícitamente adquiridos.

El Plan Nacional de Desarrollo en este punto supone un país en completa paz y armonía, como si el problema del conflicto armado ?palabra por cierto inexistente en dicho texto? no estuviese precisamente cruzado de cabo a rabo por el problema de la tierra: su distribución, la precariedad de los títulos de propiedad, la posesión espuria, etc.

Por lo menos en un punto es imprescindible establecer la clarificación antes referida. En la estrategia llamada ?Acceso a los factores productivos?, el Plan se duele de haber adjudicado menos de la mitad de las tierras, conforme a las proyecciones hechas en el Plan 2002-2006, atribuido a ?irregularidades en la administración y la falta de controles adecuados en la verificación de la inscripción de beneficiarios?, para lo cual señala ahora la existencia de ?nuevos protocolos que aseguran un estricto control de los beneficiarios? y con ello se despacha el asunto.

En realidad, el problema de la adjudicación de tierras es mucho más profundo que lo de se señala en el Plan, lo que aquí es imposible tratar a espacio, pero el punto es que muchas de sus dificultades tocan precisamente con otras ya detectadas por los operadores de la Ley de Justicia y Paz, como las carencias existentes en torno a los sistemas oficiales de información sobre la propiedad, la acreditación de la tenencia u ocupación de la tierra y el catastro rural, entre otras.

El Plan Nacional de Desarrollo está llamado no sólo a fijar las políticas y las prioridades de los próximos cuatro años, sino también a irradiar lo que serán los planes departamentales y municipales de desarrollo 2008-2012, luego de la elección popular de octubre del presente año; y por lo mismo, el gobierno debe ser responsable en su formulación e incluir claramente el nuevo elemento que se introdujo por el mismo gobierno, tanto en las normas como en las prácticas políticas del pasado cuatrienio: el proceso transicional.