Estado de Derecho | Por: Rodrigo Uprimny Yepesseptiembre 29, 2013

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Tránsito: ¿educar para no castigar?

LAS MUERTES POR ACCIDENTES de tráfico, tan dolorosas como evitables, han llevado a muchos políticos y ciudadanos a reclamar un endurecimiento punitivo contra los responsables de estos accidentes.

Estas reacciones son comprensibles, pues las vidas perdidas en estos accidentes y la irresponsabilidad de muchos conductores suscitan una natural indignación ciudadana y un reclamo por castigos más fuertes. Pero, sin perjuicio de que discutamos si se deben o no endurecer las sanciones, una solución más duradera puede ser el fortalecimiento de la educación vial, en especial de los niños y niñas que, a la vuelta de pocos años, serán la mayoría de los conductores.

La razón es tan obvia como poderosa: una buena educación vial podría prevenir muchos de estos accidentes, lo cual haría menos necesario endurecer los castigos. Es simplemente una forma de aplicar ese viejo pero sabio consejo atribuido a Pitágoras y que hace años está afichado en la Avenida 68 en Bogotá: “Educad a los niños y no tendréis que castigar a los adultos”.

Esto puede parecer ingenuo, pero no lo es: los conductores violan las reglas de tránsito por muchas razones, pero hay dos muy importantes: porque no las conocen o porque, conociéndolas, no consideran que sea grave incumplirlas. Una buena educación vial permitiría enfrentar esos dos obstáculos, pues no sólo daría información sobre las normas de tránsito, sino que debería igualmente mostrar los peligros asociados al manejo de carros, que no por azar ha sido definido por el derecho como una actividad peligrosa.

Los nuevos conductores tendrían entonces una mejor cultura vial, pues no sólo conocerían mejor las reglas sino que tendrían una actitud más responsable en el manejo. Y habría entonces menos accidentes.

La educación vial es entonces importante; pero además, desde 2002, el Gobierno tiene el deber de poner en marcha programas de este tipo en la educación formal básica, desde preescolar hasta secundaria, como me lo explicó uno de mis hermanos, quien presentó por esa razón una acción de cumplimiento. En efecto, el artículo 56 de la Ley 769 de 2002 estableció que la “enseñanza en educación vial” era una asignatura obligatoria y que los ministerios de Transporte y Educación tenían un plazo de 12 meses para reglamentarla y ponerla en marcha. Pero estos ministerios prácticamente no hicieron nada. Y como para premiarlos por su inacción, casi diez años después la Ley 1503 de 2011 decidió… darles nuevamente 12 meses para que cumplieran. Pero ni así ha sido posible, pues el plazo venció en diciembre de 2012 y los ministerios siguen incumpliendo.

En este contexto, en vez de esperar una orden judicial que lo obligue a cumplir esos precisos mandatos legales, ¿no debería el gobierno Santos tomar ya las decisiones necesarias para que la educación vial sea una realidad en la educación formal básica y prevengamos así, en el futuro próximo, muchos de estos accidentes que tanto dolor y sufrimiento ocasionan a tantas familias?

Rodrigo Uprimny Yepes
ruprimny@dejusticia.org
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