El Tribunal Superior de Bogotá acaba de ratificar la decisión del juez octavo de ejecución de penas que ordenó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y a su Consejo Directivo terminar en seis meses los procesos de constitución de las Zonas de Reserva Campesina  (ZRC) de Güejar-Cafre, Losada Guayabero y Sumapaz. La decisión se ha efectuado después de que la ANT hubiese apelado el fallo en primera instancia.

Aunque la decisión del Tribunal dejó por fuera la protección a la territorialidad campesina y la igualdad material de los demandantes (las organizaciones Ascal-G, Sintrapaz y Agrogüejar) , y no se pronunció de fondo al respecto, sostuvo que la ANT ha vulnerado su derecho al debido proceso por dilación indebida para decidir sobre la solicitud de las ZRC.

El Tribunal señaló además que la entidad ha tenido un retraso injustificado para su culminación, y manifestó que “de ninguna manera se pueden continuar postergando indefinidamente los trámites tantas veces aludidos o imponiendo condiciones no previstas para su conclusión”.

Asimismo, enfatizó que su deber como juez no es obligar a la ANT a proferir un tipo de sentencia favorable a los demandantes. No obstante, advirtió que, en caso de efectuarse una decisión negativa, se deben argumentar con solidez las razones por las cuales la solicitud es negada, y no se puede incurrir de nuevo en dilaciones que impidan culminar el proceso.

Desde Dejusticia celebramos la decisión del Tribunal y esperamos que la ANT y su Consejo Directivo actúen con debida diligencia y buena fe para cumplir las órdenes proferidas por la justicia, de modo que llegue a feliz término la odisea de las comunidades campesinas para satisfacer su derecho a la territorialidad y desarrollen con dignidad sus proyectos de vida.

¿Cómo fue la sentencia de primera instancia?

El fallo de primera instancia fue más allá en la protección de los derechos del campesinado, y enfatizó en que las dilaciones de la ANT vulneraron los derechos a la igualdad material y a la territorialidad campesina. Su decisión estaba basada en la Declaración Universal de los Derechos Campesinos y en el desarrollo de las ZRC como espacios en los que el campesinado pueda ejercer sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales de manera definitiva.

Tras conocer la impugnación del fallo, personas y entidades expertas en el problema agrario en Colombia presentaron sus intervenciones para respaldar la decisión del juez y evitar que los derechos de una población que requiere especial protección constitucional continúen siendo afectados.

¿Qué sigue ahora?

Los fallos de tutela son de ejecución inmediata, así que desde marzo se inició el plazo para que la ANT culmine los procesos administrativos de constitución de las tres ZRC, algo que debe hacerse mediante la participación efectiva de las organizaciones campesinas que han impulsado dichos procesos. Cuando finalicen con la gestión, en consideración de los accionantes, el Consejo Directivo debe decidir sobre la constitución de las ZRC, lo cual debería ser meramente procedimental, pues las organizaciones han cumplido desde hace tiempo con todos los requisitos de ley.

No podemos olvidar que las ZRC deben ser impulsadas en virtud del Acuerdo Final de Paz para lograr una paz estable y duradera, el cual, conforme al Acto Legislativo No 2 de 2017, debe ser cumplido de buena fe por todas las autoridades, incluida la ANT.