La procuradora Margarita Cabello invocó el artículo 116 de la Constitución, que “excepcionalmente” permite que la ley atribuya funciones judiciales a autoridades administrativas, y pidió que el Congreso otorgara atribuciones judiciales a ciertos empleados de la Procuraduría. Estas “soluciones” descabelladas nos saldrán muy costosas, tanto presupuestal como institucionalmente.

Es problemático que sean las autoridades militares quienes estén adelantando acciones de control migratorio y de respuesta a la población migrante que llega a sus territorios en busca de protección.