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Twitter, insultos y cárcel

Nelson Camilo Sánchez León
enero 11, 2011

Publicado en: Semana

La amenaza de cárcel no es el camino más indicado para resolver las disputas creadas en Twitter.

 

Debo empezar haciendo una confesión: el rifirrafe de final de año a través de Twitter me entretuvo en esos días en los que no pasa nada en la política nacional. La autodefensa de los Uribe, como siempre basada en el desprestigio y la evasión, me pareció en principio reprochable, pero luego, con la repetición y la mala ortografía, pasó a ser tan caricaturesca que terminó alegrándome las vacaciones.

Afortunadamente, gente seria como Daniel Samper Pizano y Héctor Abad Faciolince no se doblegaron ante la risa, y se pronunciaron sobre la insensatez en la que se tornó el episodio. Buena falta hacía ese llamado a la cordura y la ponderación que finamente se expone en sus columnas.

Dicho llamado parece haber sido acogido por Daniel Coronell, quien decidió, como es su derecho, abstenerse de continuar el intercambio y denunciar penalmente a los Uribe por injuria y calumnia. Esta denuncia se suma al llamado a juicio por parte de la Fiscalía al ex vicepresidente Francisco Santos y al ex consejero presidencial José Obdulio Gaviria por unas declaraciones emitidas en contra de unas organizaciones sindicales en 2007.

Por más que comparto la indignación de los sindicatos y de Daniel Coronell (a quien admiro por su valentía, su ética periodística y su profesionalismo en la investigación), creo que el camino que han elegido es equivocado.

Para defender la libertad de expresión como uno de los baluartes de la democracia es necesario abogar por el levantamiento de las amenazas de prisión para aquellas personas que expresan sus ideas y pensamientos. Incluso de aquellas ideas que nos parecen molestas, ofensivas o chocantes.

Claro que la expresión tiene límites, y la honra y reputación de personas lo son. Pero existen otras posibilidades de sanción como las multas civiles, o la propia rectificación. Estas medidas pueden ser igual de efectivas y menos lesivas para la expresión y el debate público.

En una sociedad democrática el derecho penal debería ser el último recurso para la protección de los derechos y bienes de la personas. Más ahora cuando el flujo de información es tan variado, rápido, y barato. Con la posibilidad de capturar audiencia en menos de 140 caracteres, y con la proclividad colombiana de acudir a la denuncia penal, la Fiscalía va a tener más trabajo del que puede manejar, y le quitará capacidad para resolver los muchos otros asuntos críticos que tiene bajo su conocimiento.

No es que el abuso de los nuevos medios y la proliferación de ofensas e imputaciones dirigidas estrictamente a causar daño no sean importantes. Los dos son problemas serios y crecientes que deben enfrentarse. Sin embargo, la persecución penal ha probado ser altamente perjudicial para el libre flujo de ideas y ha terminado casi siempre acallando el discurso.

Comunicadores y columnistas lo saben, pues lo han vivido en carne propia. No parece buena idea entonces que sean ellos mismos quienes ahora lo promuevan. Por el contrario, la autorregulación de contenidos y el respeto por las reglas de ética, a las que los comunicadores se han adherido por décadas, podría ser un buen punto de partida para avanzar hacia un pacto de buen uso de las nuevas herramientas de comunicación.

Los trinos se instalaron con fuerza en la política nacional. En esta década que inicia pueden o consolidarse como un mecanismo democrático de comunicación y opinión, o convertirse en un arma de destrucción masiva, de reproducción del odio y de cacería de brujas. Y todo eso en menos de 140 letras.

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