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Un año recorrido, nueve más por recorrer

Nelson Camilo Sánchez León
junio 12, 2012

Publicado en: El Tiempo

En un abrir y cerrar de ojos se fue el primero de los diez años que se fijó el Estado como plazo para reparar a las víctimas del conflicto armado.

 

En un abrir y cerrar de ojos se fue el primero de los diez años que se fijó el Estado como plazo para reparar a las víctimas del conflicto armado. Una promesa un tanto ambiciosa, si se tiene en cuenta que la propia ley reconoce la continuidad de la violencia.

Por ahora se puede decir que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha tenido un despegue lento, pero aplomado. No se han logrado transformaciones, es cierto; pero para un país en el que la mayoría de las leyes son saludos a la bandera, mucho se ha hecho para evitar que esta ley termine sirviendo solo para engordar anaqueles.

En tiempo récord se logró concertar con las comunidades étnicas medidas específicas de reparación, en el primer intento exitoso de consulta previa de leyes. Además, la estrategia para implementar la política se aprobó recientemente mediante un documento Conpes que parece aclarar las dudas sobre de dónde saldrá la plata para enfrentar el reto.

Si bien el presidente Santos tardó más de lo deseado en elegir los responsables de las instituciones creadas por la Ley, lo hizo con la cabeza fría del estadista y no con el cálculo del politiquero. Gracias a ello, las unidades de víctimas y tierras, así como el del Centro de Memoria Histórica terminaron con directores reconocidos por su experticia técnica y por no deber favores políticos. Algo muy importante si se quiere que la implementación de la Ley no termine siendo aprovechada para apalancar campañas políticas, como terminaron tantos beneficios de Acción Social, o los de Colombia Humanitaria.

Ahora los directores deben enfrentar los lentos procesos burocráticos y demostrarle a las víctimas y a la sociedad que no vendrá más de lo mismo. El año de adecuación debería estar ya cerrado, y las instituciones listas para empezar la ejecución. Pero todavía no parecen estarlo, o al menos, no en todos los frentes.

Los lunares de implementación han estado en la difusión de la política, en la participación de las víctimas y en la lentitud para enfrentar la violencia. Mucha publicidad se ha hecho de la Ley, pero poca pedagogía sobre lo que significa, lo que se ha hecho y lo que se viene. Una muestra fue el limitado impacto que tuvo el primer día nacional de las víctimas el 9 de abril. Pasó sin pena ni gloria, a penas si fue reportado rápidamente por algunos medios de comunicación.

Dos de los más grandes retos actuales son enfrentar la violencia y garantizar que las entidades territoriales se pongan la camiseta de las víctimas. Si bien se destaca el esfuerzo realizado para que las gobernaciones y alcaldías incluyeran el tema en sus planes locales de desarrollo, la verdadera tarea será garantizar que los cumplan.

Algo similar ocurre con el tema de seguridad. Nadie niega – y es más, todo el mundo lo repite – que la decisión de Colombia de embarcarse en un proceso masivo de reparación en medio de las balas es tan ambiciosa como arriesgada. Pero este país no necesita más mártires. Suficiente sacrificio han puesto ya las víctimas. Ahora corresponde al Estado poner el pecho. La recientemente creada Unidad de Protección no nos ha dicho todavía cómo va a enfrentar, con audacia y probidad, estos riesgos. No hay nada más urgente que la protección de la vida.

Capítulo aparte ha merecido la implementación de la política de restitución de tierras, en buena parte gracias a los acuciosos cuestionamientos del Senador Jorge Enrique Robledo. El gobierno partió por presentar alegremente cifras y datos sobre restitución, cuando en realidad estaba señalando los logros de otras políticas.

Lo cierto es que los procesos de restitución no han llegado aun a los jueces de tierras (que recién hace unos días fueron nombrados por el Consejo Superior de la Judicatura). El desafío es que estos procesos – que están siendo milimétricamente sustanciados por la Unidad de Tierras – sean procesados con base en el espíritu transicional de la ley de víctimas y no bajo las ritualidades y esquemas de las normas ordinarias civiles. De lo contrario, en nueve años estaremos en una situación parecida a la que hoy día enfrentamos con los procesos de Justicia y Paz. Pueda ser que esta vez no repitamos nuestra historia.

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