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Un estatuto para las víctimas que se enredó en el camino

Dejusticia
mayo 15, 2009

Publicado en: ICTJ

Referencian concepto de Camilo Sánchez, investigador de Dejusticia en Dossier Reparaciones, del Centro Internacional para Justicia Transicional – ICTJ.

 

Un estatuto para las víctimas que se enredó en el camino
Si gobierno, oposición, víctimas y organizaciones de derechos humanos en Colombia están de acuerdo en la necesidad de proteger a los afectados por el conflicto armado a través de un estatuto, ¿por qué no avanza la iniciativa? El ICTJ ha seguido de cerca este proyecto, cuyos problemas van más allá de la discusión sobre las víctimas de agentes del Estado.

“Solicito no aprobar la ley de víctimas como está concebida, pues viola los derechos de las víctimas y desconoce las manifestaciones de voluntad y las expectativas de miles de víctimas de todo el país, lo cual no contribuye a la reconciliación y la búsqueda de la paz en Colombia”.

Con esas mismas palabras, fueron 6.000 las cartas que llegaron desde febrero pasado a manos de los representantes a la Cámara con firmas, cédulas y huellas digitales de víctimas del conflicto que habían participado en audiencias públicas con la esperanza de que el estado colombiano creara un estatuto para proteger sus derechos y que, ante los cambios desfavorables que ha tenido la iniciativa, prefieren ahora no tener ninguna ley.

Las cartas reflejan cómo la oportunidad de legislar de manera integral a favor de las víctimas de delitos cometidos con ocasión del conflicto armado terminó convertida en una posible amenaza para el resarcimiento de sus derechos.

El proyecto de ley, presentado en 2007 ante el Senado por el Partido Liberal, modificado sustancialmente en la Cámara y a un debate de ser aprobado por esa corporación, busca crear un estatuto que cobije a víctimas de asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamiento, torturas, masacres, reclutamiento ilícito y violaciones a la libertad y dignidad sexual, que ocurran en el contexto del conflicto que vive el país. Incluye medidas tanto materiales y económicas como simbólicas para resarcir el daño.

Sin embargo, como explica Camilo Sánchez, investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), hasta hoy el palo en la rueda para el proyecto han sido las “diferencias entre el gobierno y la oposición por el impacto presupuestal que puede tener reparar a tantas víctimas, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en estos hechos, el universo de las víctimas (a quién se dará reparación y a quién no) y la negativa oficial a aceptar que estas personas son víctimas del conflicto armado, porque, para el gobierno, el conflicto armado no existe”.

Los problemas de fondo

En la Cámara, las mayorías oficialistas en el Congreso lograron introducir cambios sustanciales al proyecto. Entre esas modificaciones se incluyen la reparación del Estado no por responsabilidad sino por solidaridad, la asistencia humanitaria como parte de la reparación y –en el caso de las víctimas de crímenes de Estado– la obligación de tramitar un proceso judicial para acceder a la reparación, para mencionar solo los puntos que han aparecido con más fuerza en el debate público.

Un matiz en la posición del gobierno se mostró a mediados de esta semana, cuando aparentemente el Ejecutivo aceptó introducir un cambio en la definición de víctima del proyecto para incluir las de agentes del Estado. Sin embargo, de acuerdo con el ICTJ, no habría ningún cambio de posición en la práctica, pues las víctimas de agentes estatales tendrían que presentar una sentencia judicial para acceder a la reparación administrativa, de modo que persistiría la discriminación contra estas víctimas.

Pero más allá de esa discusión, como agrega Catalina Díaz, coordinadora del área de reparaciones del ICTJ Colombia, las discusiones mediatizadas han opacado preocupaciones más estructurales, como la creación de un aparato institucional para garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas –con instancias como el Comité de Coordinación Interinstitucional y el Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Victimas de la Violencia – sin garantías de eficiencia y con dificultades para que se aplique a nivel local.

“No hay claridad sobre las responsabilidades que asumirán las instituciones estatales frente a la atención a las víctimas y tampoco están claras las rutas de acceso a los beneficios que plantea la ley. Por ejemplo, el proyecto está creando un nuevo registro de víctimas como precondición para acceder a las medidas tanto de asistencia como de reparación que trae la ley, pero además incluye procedimientos especiales para solicitar dichas medidas, y los requisitos en muchos casos obstaculizarían el acceso”, comenta Díaz.

En otras palabras, aún si se superan las discusiones frente a la discriminación o no de las víctimas de agentes del Estado y frente a la razón de ser de las reparaciones, hay vacíos sobre cómo se articularán todas esas medidas en las regiones, y la preocupación va más allá de los asuntos presupuestales.

Hasta finales de abril y durante unos 45 días, familias desplazadas por la violencia se instalaron en la Plaza de Bolívar de Bogotá, junto al Capitolio, para exigir atención del Estado. Mientras tanto, adentro del edificio se postergaba la discusión de la Ley de Víctimas.

La Corte pidió ‘subir el estándar’

Paula Gaviria, directora del área de Derechos Humanos de la Fundación Social, cree que hay un marco contundente –dos recientes decisiones de la Corte Constitucional sobre reparaciones a víctimas– que obligaría al Congreso a “subir el estándar” a la hora de estructurar un sistema de atención a víctimas y al que el gobierno tendría que someterse para evitar que la norma sea declarada inconstitucional.

Según Gaviria, “para el Estado es menos costoso tratar de manera definitiva e integral el tema de las víctimas que seguir como vamos, con respuestas parciales. Si bien esto tiene un costo en términos fiscales, saldría más costoso esperar a que con toda esta jurisprudencia y estos estándares venga una tutela y otra. Es altamente probable que uno tenga una sentencia de estado de cosas inconstitucional en el tema de víctimas, como ocurrió con desplazados”.

De todos modos, organizaciones de derechos humanos y de víctimas aún hoy se debaten entre tres caminos: presionar para que se corrijan las deficiencias de la ley, promover que se ’hunda’ para buscar otros espacios de discusión sobre los derechos de las víctimas o esperar a que se apruebe el proyecto para demandarlo ante la Corte Constitucional. Sin embargo, ningún escenario es seguro, pues no está claro si se alcanzarán a hacer modificaciones al proyecto de ley, si al gobierno le interesa hacerlas y si una vez aprobado con deficiencias prosperaría una declaratoria de inconstitucionalidad.

¿Y si se cae?
Ante esos escenarios, surge de nuevo la pregunta inicial que se hicieron las organizaciones que acogieron la idea de crear un proyecto de ley: ¿es necesaria una ley de víctimas?

Catalina Díaz explica que Colombia cuenta, por ahora, con normas que facilitan en alguna medida el acceso de las víctimas a medidas de asistencia humanitaria y reparación, como la Ley 418 de 1997, que incluye ayuda humanitaria en dinero en sumas iguales a aquellas que prevé el proyecto de ley, ayudas para educación, crédito, salud y otras; la ley de Justicia y Paz (975 de 2005), que incluye medidas de reparación colectiva y por vía judicial, o el decreto 1290 de 2008, que crea un programa de distribución de sumas únicas de dinero para víctimas de grupos armados ilegales.

En ese sentido, la importancia de una ley de víctimas radica en que, “a pesar de que hay muchas normas en Colombia, no hay una que agrupe las medidas para las víctimas y no hay instrumentos claros”, dice Camilo Sánchez.

Además, el proyecto incluye propuestas calificadas como valiosas por diferentes organizaciones, frente a temas como los derechos de las víctimas en procesos penales (específicamente frente a violencia sexual), la restitución de tierras, la memoria histórica y la noción de que debe haber un plan general sobre víctimas en el país.

No obstante, la conclusión de las organizaciones sociales más activas en el debate –entre ellas el ICTJ– es que las ganancias serían menores que las pérdidas si no se hacen las correcciones necesarias.

“Si esa ley muestra el camino para que las víctimas logren sus derechos y ese camino es digno, respetuoso, eficaz y no discriminatorio, vale la pena. Pero, como están las cosas, ese no es el caso”, resume Paula Gaviria.

“Si no hay ley de víctimas, hay que verlo como una ganancia para el movimiento de víctimas en Colombia y podría emprenderse otro proceso” –agrega Iván Cepeda, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice)–. “Las víctimas han aprendido a luchar con perseverancia y buscarán otras medidas y decisiones normativas”.

“Yo aspiro como víctima y como colombiano a que algún día haya una ley que se base en lo que sienten las propias víctimas, no a esto que se discute hoy”, concluye Luis Eladio Pérez, quien estuvo secuestrado por las Farc 7 años y quien fue hasta el Congreso a llevar el mensaje de las 6.000 víctimas que no quieren un proyecto de ley como el que se discute actualmente en la Cámara, y que después de casi seis meses sigue esperando su último debate.

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