La Amazonía, que se extiende por nueve países y sustenta la vida de más de 47 millones de personas, es un pilar fundamental para la regulación climática global y el equilibrio ecológico. Cada hectárea perdida representa no sólo la desaparición de recursos naturales insustituibles, sino que agrava desigualdades y  afecta  modos de vida ancestrales. Esto revela la urgencia de repensar nuestras políticas fiscales, en especial los impuestos que pagan las multinacionales dedicadas a la explotación de recursos naturales.

Es por esto que las naciones deben transformar sus modelos tributarios, que han permitido la degradación del pulmón del mundo, en una fuerza de acción y protección. Actualmente, se han planteado nuevos paradigmas fiscales, basados en la cooperación internacional, capaces de responsabilizar a quienes extraen sin límites y, al mismo tiempo, generar los recursos indispensables para conservar y restaurar la Amazonía. Con un enfoque que integra justicia ambiental y equidad, exploramos algunas medidas clave para defender este tesoro natural, para asegurar un legado de vida digna y sustentable para las generaciones futuras.

El alma de la selva en peligro: transformar el dolor en acción 

Durante las últimas décadas, la Amazonía ha vivido una transformación dolorosa y acelerada. La expansión desenfrenada de la agricultura intensiva en países como Brasil, Perú y Colombia ha desencadenado una pérdida masiva de bosques, como si cada año la selva perdiera un pedazo vital de su alma. Entre 2001 y 2020, la región se redujo en más de 54,2 millones de hectáreas –equivalente al 8,7 % de su extensión, casi del tamaño de Francia–, y la amenaza se intensifica: para 2030 se estima que la Amazonía podría perder hasta el 27 % de su superficie forestal, es decir, 854 millones de hectáreas.

Esta devastación se agrava por la exportación voraz de productos como carne y soja hacia mercados en China y Europa, que acelera la explotación de estos ecosistemas esenciales. Hasta el momento, aproximadamente el 17 % de la Amazonía ha sido deforestada, y las tasas actuales apuntan a que pronto alcanzaremos un límite crítico.

Detrás de estos números se esconde una historia profundamente humana. Más de 47 millones de personas, incluidos 2,2 millones de habitantes pertenecientes a pueblos indígenas, dependen directamente de la selva para su supervivencia. Estas comunidades enfrentan una vulnerabilidad múltiple: social, al verse excluidas y con acceso desigual a derechos básicos; económica, al depender de actividades que están siendo devastadas por la degradación del territorio; y ambiental, por el impacto directo del cambio climático y la pérdida de servicios ecosistémicos esenciales.

Redefinir el valor de la Amazonía: fiscalidad para la conservación 

La Amazonía es mucho más que un inmenso bosque: es un tesoro natural vital para la humanidad. Sus suelos, bosques y biodiversidad nos brindan servicios esenciales –la regulación del clima, la purificación del agua, la polinización y la producción de alimentos– de los cuales depende más del 50 % del PIB global. Su capacidad para capturar carbono y su incomparable riqueza biológica hacen de ella un pilar indispensable, cuyos ciclos hídricos sostienen la vida en la selva y benefician la agricultura, la industria y las cadenas de suministro tanto locales como internacionales.

Sin embargo, esta riqueza se ve amenazada por un escenario fiscal paradójico: mientras los países luchan por reunir los recursos necesarios para proteger sus ecosistemas, grandes multinacionales operan con impuestos ínfimos, aprovechándose de sistemas tributarios poco progresivos y de paraísos fiscales que forman parte de la arquitectura financiera y tributaria internacional actual. Por ejemplo, se estima que el 68 % del capital extranjero invertido en empresas del sector de la soja y la carne en la Amazonía brasileña se canaliza a través de estos paraísos, y esto limita severamente la capacidad de los Gobiernos para financiar proyectos sostenibles que aborden tanto el cambio climático como la deforestación.

La inacción frente al cambio climático tiene un costo altísimo, con fenómenos extremos que dañan infraestructuras y requieren grandes recursos para reparaciones. Hoy en día, las economías de la región destinan menos del 1 % de su PIB para mitigar estos impactos: mientras Colombia invierte apenas el 0,3 % y Perú solo el 0,1 %, se estima que se requiere un mínimo del 1,5 % para hacer frente a la situación.

Ante este escenario, es vital implementar políticas fiscales que penalicen a quienes explotan sin asumir los costos ambientales y, al mismo tiempo, movilicen los recursos indispensables a nivel local y a través de cooperación internacional para la conservación de la Amazonía a largo plazo. Esta reconfiguración fiscal es esencial para unir la protección ambiental y el desarrollo sostenible. 

Hacia una fiscalidad protectora: integración entre derechos humanos y sostenibilidad 

Es importante detallar cómo los instrumentos fiscales pueden alinearse con los compromisos internacionales en derechos humanos y sostenibilidad, para  desincentivar la deforestación, promover la conservación y dotar de los recursos financieros necesarios a los países amazónicos para lograr la sostenibilidad del ecosistema.

La implementación de los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal –una iniciativa colaborativa de la sociedad civil– subraya que las decisiones económicas deben garantizar el acceso equitativo a recursos y oportunidades. Esto requiere establecer reglas de transparencia que obligan a las corporaciones a respetar y promover los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Asimismo, es clave fomentar una cooperación internacional para combatir la evasión fiscal para asegurar que los países amazónicos dispongan de los recursos necesarios para enfrentar la crisis.

En este sentido, proponemos medidas fiscales integrales que cumplen dos objetivos: penalizar la sobreexplotación y generar incentivos para la conservación. Entre ellas destacan:

1. Aumentar las tasas ambientales, como las del uso del agua y del plástico,  impuestos sobre vehículos contaminantes y sobre la extracción de recursos naturales, para dotar a las autoridades de recursos que permitan reparar los daños ocasionados por la explotación excesiva.
2. Elevar el impuesto al carbono y eliminar exenciones fiscales que benefician a las grandes emisoras. Esto incentivaría la reducción de emisiones y financiaría proyectos de mitigación.
3. Establecer gravámenes más altos sobre el cambio de uso de suelo en áreas forestales o de alto valor ecológico para desalentar la conversión de estos espacios en tierras agrícolas o urbanas.
4. Aplicar impuestos progresivos sobre la riqueza de grandes corporaciones y multimillonarios vinculados a la explotación de la Amazonía, y destinar esos fondos a programas de conservación, restauración ecológica y mitigación del cambio climático.

En el ámbito del gasto público, es esencial diseñar políticas redistributivas que beneficien a las poblaciones más vulnerables, reformar o eliminar subsidios que fomentan la sobreexplotación de la Amazonía y redirigir esos recursos hacia actividades sostenibles. Además, eliminar los beneficios tributarios a las grandes corporaciones extractivas –que en realidad representan un gasto para el Estado– y establecer un sistema riguroso de trazabilidad en las cadenas de suministro asociadas a la deforestación son pasos indispensables para garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales y sociales.

Estas medidas fiscales buscan, además de enfrentar la deforestación, crear fuentes de recursos para incentivar la conservación de la Amazonía. Con este enfoque, se tiende un puente entre la justicia ambiental y el bienestar social y se traza un camino hacia un futuro sostenible para este invaluable ecosistema.

Compromiso y esperanza: un camino fiscal para un Amazonas vivo 

Salvar la Amazonía exige transformar el dolor de la deforestación en un compromiso urgente y colectivo. Es imperativo diseñar un enfoque integral que combine políticas públicas sólidas con un sistema fiscal justo. Al gravar de manera equitativa a las grandes corporaciones responsables de la degradación, se liberarán recursos esenciales para conservar y restaurar este tesoro natural. Simultáneamente, redirigir hacia iniciativas sostenibles los subsidios que hoy impulsan actividades que depredan la Amazonía se erige como la llave para un desarrollo que respeta tanto a las comunidades como a la biodiversidad.

Esta reconfiguración no es sólo un ajuste contable, sino la promesa de un futuro donde cada árbol protegido y cada hábitat restaurado se traduzcan en una vida digna para las generaciones venideras. Es la oportunidad de convertir la inacción fiscal en una fuerza transformadora, de cooperación nacional e internacional, que defienda el patrimonio natural y cultural de la Amazonía, que asegure que la riqueza de este pulmón vital siga siendo el tesoro de un planeta comprometido con la justicia ambiental y social.