No ha sido el año de los abogados. Primero fue la elección de Alberto Rojas como magistrado de la Corte Constitucional, en medio de denuncias que siguen sin ser aclaradas.

Luego vino el bochornoso crucero de Ruth Díaz, presidenta de la Corte Suprema. Y ahora el escándalo de la firma Brigard & Urrutia, que se agrava con las declaraciones de un accionista de Riopaila sobre las irregularidades en la compra de tierras que él delató, pero la empresa y la firma decidieron ignorar, según le dijo a este diario.

Algo grave pasa en la profesión jurídica. No sólo por los abusos cometidos, sino por el desenfado con el que los involucrados defienden lo indefendible: la evasión de impuestos y el supuesto fraude a una cliente pobre (Rojas), o las vacaciones disfrazadas de licencia laboral (Díaz). En esto los abogados de Brigard & Urrutia han ido mucho más lejos, ayudados por otros que, precisamente por ser prestigiosos, le están haciendo un profundo daño a la profesión.

Las jugadas que facilitó Brigard & Urrutia ya han sido discutidas: la acumulación de más de 40.000 hectáreas en manos de su cliente Riopaila, a pesar de las limitaciones expresas de la ley para la compra de baldíos; la maniobra a través de 27 empresas registradas en el exterior para crear una fachada de legalidad; y, ahora nos enteramos, la defensa de las transacciones pese a las denuncias de ilegalidad hechas en su momento por un socio de la empresa.

Quiero concentrarme en lo que vino después. Porque allí están los síntomas de un mal que no es infrecuente en la práctica privada de la abogacía: el abuso del derecho para defender a cualquier costo los intereses del cliente. En esto, Brigard & Urrutia es sólo la punta del iceberg. “La mayoría de las más reconocidas firmas de abogados del país, presentaron vehículos similares para adquirir las tierras”, confesó la firma en una carta a Verdad Abierta. Y prosiguió: “la función de una firma de abogados como la nuestra, consiste en desarrollar soluciones jurídicas para nuestros clientes”.

Es cierto que los abogados privados están para asesorar a sus clientes. Pero muchos olvidan que al hacerlo no pueden burlar la ley, ni en su texto ni en sus fines. Brigard & Urrutia violó ambos y por partida doble, al fragmentar engañosamente la compras de tierras y valerse, vía España, de una protección diseñada sólo para inversionistas extranjeros.

Que el problema es de la profesión queda claro por la solidaridad de cuerpo expresada por los colegas. Cuando el exembajador Carlos Urrutia renunció a su puesto en Washington, una carta de respaldo reunió más de 100 firmas de prestigiosos asesores jurídicos en menos de 48 horas. Ahora otros juristas intentan lavar las culpas del bufete de Urrutia y los demás que hicieron lo mismo.

El caso más llamativo es el del exministro Néstor Humberto Martínez. Según La Silla Vacía, a pesar de que es abogado del grupo Sarmiento Angulo, que tiene inversiones en baldíos en la Altillanura, Martínez estaba escribiendo un proyecto de ley que el Gobierno presentaría al Congreso para solucionarles el enredo a Riopaila y las demás empresas y asesores jurídicos. ¿La estrategia? Decir que, aunque todos sabían lo que estaban haciendo, no habían incurrido en ninguna falta porque la prohibición de compra de los baldíos no estaba escrita en los títulos de las tierras.

Una pirueta jurídica, impropia de abogados sofisticados. Aunque hay que recordar que “sofisticado” también significa “falto de naturalidad, afectadamente refinado”. Así se ven. Y ese es el ejemplo que les dejan a futuras generaciones de abogados.