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Un plan contra el racismo

César Rodríguez Garavito
enero 25, 2010

Publicado en: El Espectador

HA MOJADO PRENSA LA CURIOSA FOto del presidente Uribe recibiendo, en su despacho vacacional de El Ubérrimo, al Viceministro de Estado de EE.UU., James Steinberg.Lo que no se ha comentado es un acuerdo firmado en esa reunión, que puede ser trascendental para millones de afrocolombianos e indígenas víctimas de discriminación

 

HA MOJADO PRENSA LA CURIOSA FOto del presidente Uribe recibiendo, en su despacho vacacional de El Ubérrimo, al Viceministro de Estado de EE.UU., James Steinberg.

Lo que no se ha comentado es un acuerdo firmado en esa reunión, que puede ser trascendental para millones de afrocolombianos e indígenas víctimas de discriminación: el Plan de Acción sobre la Igualdad Racial y Étnica que los gobiernos de los dos países se comprometieron a impulsar para tomar medidas concretas contra el racismo.

Al origen del Plan se le puede hacer críticas. Algunos recordarán que el mismo Presidente negó la existencia del problema de la discriminación racial en un consejo comunal en Cali en 2007. También que el Gobierno ha hecho muy poco por proteger a las comunidades negras e indígenas, a las que ha señalado de ser las grandes terratenientes del país a pesar de ser las principales víctimas del desplazamiento forzado. Y que el cambio de actitud tiene que ver con la presión de congresistas de la bancada negra del Congreso de EE.UU., cuyo voto es clave para la aprobación del TLC.

Todo eso es cierto. Pero también lo es que el Plan abre una oportunidad importante para que las comunidades, los activistas, los académicos, los empresarios y los funcionarios genuinamente interesados en el tema promuevan acciones eficaces contra el racismo.

El Plan tiene un antecedente auspicioso: el acuerdo firmado entre Brasil y Estados Unidos en 2008, del que el colombiano está prácticamente calcado. En realidad, el acuerdo con EE.UU. fue un paso más del giro histórico del Estado brasileño hacia el reconocimiento y el combate de la discriminación, que arrancó en 1995 con el gobierno de Cardoso y ha continuado a toda marcha bajo el de Lula. Así que en este tema hay mucho que aprender de Brasil.

Ahí están los resultados de 15 años de políticas antidiscriminación en ese país. Gracias a la creación de programas de acción afirmativa y de entidades como el Ministerio para las Políticas de Promoción de la Igualdad Racial, hoy las universidades están a punto de graduar cientos de miles de afrobrasileños que nunca habrían tenido un título profesional. Las mismas medidas explican la mayor diversidad del excelente servicio diplomático brasileño e infinidad de avances en el mercado laboral, el acceso a los servicios públicos y otros frentes.

Si esto fue necesario (y está funcionando) en Brasil, lo es mucho más en la segregada Colombia, donde aún son rarísimas las escenas que allá son cotidianas, como las de parejas de todos los colores caminando por las calles de São Paulo o disfrutando de la playa.

El diagnóstico de la desigualdad racial colombiana ya está hecho. Basta ver las investigaciones del Observatorio de Discriminación Racial o de la Comisión Intersectorial sobre el tema convocada por el Gobierno.

Las recomendaciones también están claras en esos documentos y en el nuevo Plan: acciones afirmativas e incentivos para promover el acceso de afros e indígenas a la educación de calidad y el mercado laboral, leyes para sancionar conductas discriminadoras como las de las discotecas que siguen haciendo filtro racial, y programas de acceso igualitario a los servicios públicos y los demás beneficios de la ciudadanía.

Lo que falta es acción. Aquí es donde el Plan puede ser útil, porque implica tomar medidas que el Gobierno anuncia en los discursos de la semana de la afrocolombianidad pero entierra el resto del año. Además de la voluntad gubernamental, será indispensable la participación y la presión de la sociedad civil. De lo contrario, el Plan no será más que uno de esos propósitos de año nuevo que se hacen para olvidar en febrero.

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