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Una carta de navegación para el Río Bogotá

César Rodríguez Garavito
abril 1, 2014

Publicado en: El Espectador

La sentencia que ordena descontaminar el río Bogotá es una “carta de navegación” para la política ambiental del país, como lo dijo el magistrado del Consejo de Estado que escribió el fallo.

 

La metáfora es apta: el río se ha vuelto innavegable (e irrespirable) por las mismas razones que explican otras crisis ambientales, como la sequía y la mortandad de animales en Casanare. Y las soluciones que propone el fallo son las que se necesitan también en la Orinoquia y en el resto del país.

Las fallas se pueden ver y oler al recorrer los casi 400 kilómetros del río, desde las frías montañas de Villapinzón hasta el valle cálido de Girardot. La cuenca es el basurero y el inodoro del 20% de los colombianos. Primero llegan los residuos tóxicos de las curtiembres de Villapinzón y Chocontá. Camino a la capital se suman los tóxicos de las minas, las industrias, los cultivos y los habitantes de la Sabana. Los residuos de los bogotanos terminan de quitarle la vida al río, que sale de la ciudad literalmente sin oxígeno. Revive temporalmente en el embalse del Muña, pero vuelve a morir llegando a Girardot, no sin antes entregarle su carga de patógenos y contaminantes al río Magdalena y al resto del país.

Desde 1906 hay planes para descontaminar el río. Fue preciso esperar un siglo para concretarlos, con ocasión de un notable fallo de 2004 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (el que acaba de ratificar el Consejo de Estado). ¿Por qué la espera? Por los mismos problemas que están detrás de la situación de Casanare y han hecho de Colombia el segundo país con más conflictos ambientales en el mundo, según datos del Atlas de Justicia Ambiental.

El obstáculo fundamental es la falta de una política ambiental coherente y técnica que coordine los esfuerzos y competencias dispersas de decenas de entidades nacionales, departamentales y municipales. Por eso los fallos sobre el río Bogotá ordenan lo que se debería haber hecho hace tiempo: que el Ministerio de Ambiente cumpla su rol coordinador y sincronice el trabajo de la CAR, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá y los 45 municipios de la cuenca. Debe presentar al Congreso un proyecto de ley que cree una gerencia estratégica de la cuenca, similar a la que debería crearse para otras cuencas amenazadas por la contaminación y la minería, como la del río Coello en Tolima o el Baudó en Chocó.

La falta de políticas se debe al lugar secundario al que las autoridades han relegado el medio ambiente. Aunque el gobierno Santos ha hecho más que su antecesor por cumplir el fallo inicial sobre el río Bogotá, no ha hecho la labor elemental de fortalecer y reestructurar la precaria institucionalidad ambiental, comenzando por el Ministerio. Entre tanto, los gobiernos de Cundinamarca y Bogotá han dilatado las obras de las plantas de tratamiento de residuos aconsejadas por los expertos y ordenadas por el Tribunal.

¿Y el sector privado y la sociedad civil? Son parte del problema, pero también de la solución. Las empresas que descargan químicos en el río van a tener que cambiar sus procesos y pagar por lo que contaminan. Los ciudadanos son responsables de buena parte de la contaminación, pero también de los litigios y los estudios que dieron lugar al fallo, y de las consultas populares y las movilizaciones que han visibilizado los conflictos ambientales en Colombia. El siguiente paso es monitorear el cumplimiento de la sentencia.

Que el río Bogotá sea navegable es un reto tan grande como construir una política ambiental coherente, prioritaria y participativa para el país. Pero la carta de navegación está clara.

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