La agenda política del presidente Gustavo Petro abrió con un anuncio: convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que, según le dijo el Gobierno a la prensa en un documento oficial, no implicaría cambiar la Constitución de 1991 y abordaría los siguientes puntos: la implementación efectiva del Acuerdo de Paz con las Farc, la garantía de las “condiciones básicas de vida de la población”, una reforma judicial, una propuesta de reordenamiento territorial, propuestas ante el cambio climático y el diálogo para lograr “el fin de la violencia en Colombia”. 

Más allá de las razones que motivan al Presidente, y de la falta de claridad sobre   la forma  de llevar a cabo una Constituyente (Petro habla de movilización popular como mecanismo principal), la propuesta tiene varios peros. Desde Dejusticia analizamos al menos tres: 

1. Un proceso inviable

Para que la propuesta del presidente sea un hecho, tendrían que conjugarse condiciones muy específicas de tiempo y mayorías que no es sencillo armonizar. En un comienzo, la convocatoria a  una Asamblea Nacional Constituyente debe ser aprobada por mayoría absoluta entre los miembros de las cámaras del Congreso, un procedimiento más exigente que la mayoría simple necesaria para aprobar leyes.

Luego, esa ley debe ser revisada por la Corte Constitucional, a la que puede tomarle varios meses el proceso. Y si el Alto Tribunal valida la ley, la convocatoria a la Constituyente debe pasar  a una votación popular donde el “Sí” tendría que superar un tercio del censo electoral.

Lo anterior quiere decir que, si en la actualidad la población habilitada para votar suma las 39 millones de personas, al menos 13 millones deberían decir “Sí”  a la constituyente. Esto es casi dos millones más del número de votos que obtuvo Petro en la segunda vuelta presidencial, cuando fue electo. 

Si la opción de convocar la asamblea gana en las votaciones, el proceso continuaría con una segunda votación para elegir a  las y los constituyentes, entre quienes podría haber ideas y propuestas que eliminen los históricos avances que consiguió hace tres décadas la Constitución de 1991. Después, la probable Asamblea Constituyente tendría que deliberar y aprobar el borrador de Constitución. Si llega a acuerdos, el documento podría, incluso, ser sometido a referendo.

Esta serie de pasos muestran que se trata de un procedimiento democrático pero con tiempos largos para que en Colombia se pueda cambiar la Carta Política En ese sentido, parece  inviable que la propuesta del presidente Petro prospere en el tiempo y las condiciones que le quedan como mandatario. 

2. Un llamado inconveniente

Como lo mostró la experiencia del último intento de Constituyente en Chile, en un ambiente polarizado es muy difícil lograr acuerdos razonables, un atributo que, para muchos, sí consiguió la Constitución de 1991 (pese a sus insuficiencias y contrarreformas).

Conozca también nuestro especial por los 30 años de la Constitución de 1991.

Una asamblea constituyente tampoco es la forma idónea para aprobar las reformas sociales propuestas. La mayoría de las transformaciones y reformas que propone el presidente son posibles en el marco de la Constitución de 1991, pues no son incompatibles. Además, varios de los temas que propone el presidente requieren regulación legal o administrativa, pues no se definen en una constitución. Por ejemplo, el derecho a la salud existe y su garantía se ha hecho más robusta a lo largo de estos 30 años. Los problemas del sistema de salud se resuelven con regulación, no con otra Constitución.

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3. Una apuesta contradictoria y riesgosa 

La propuesta de Asamblea Constituyente plantea riesgos de retroceso en materia de derechos. La Constitución de 1991 tiene un conjunto amplio de derechos que ha sido ampliado y fortalecido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Una asamblea constituyente que se discuta en medio de un ambiente altamente polarizado y sin consensos fuertes en torno a los derechos de las minorías, puede acabar con estos. 

El Gobierno debería enfocar sus esfuerzos en impulsar y concretar los cambios que puedan ser implementados por la vía ejecutiva, y en lograr el mayor acuerdo nacional posible para aprobar las reformas que requieren leyes, como la pensional. Por otro lado, tendrá que aceptar el aplazamiento de aquellas que no tienen los apoyos suficientes y que dividen aún más. 

Así como el gobierno tiene posibilidades de impulsar su agenda por otros medios, las otras fuerzas políticas del país y el Congreso tienen también la responsabilidad de llegar a los acuerdos necesarios para impulsar las reformas sociales urgentes. 

Desde Dejusticia estaremos atentos al avance de esta propuesta y alentamos a que el Gobierno explore otras vías jurídicas para el cambio que Colombia necesita.