Allí, en la reunión del Consejo Permanente de la OEA, el gobierno tendrá que votar a favor o en contra de las propuestas de Ecuador y otros países que quieren sacarse una piedra del zapato: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH es el último recurso para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, desde los periodistas y jueces perseguidos por Chávez en Venezuela, hasta los líderes campesinos que son amenazados y asesinados por reclamar sus tierras en Colombia, ante la pasividad o impotencia del Estado.

Por eso la CIDH se ha vuelto incómoda para muchos gobiernos de la región. Dilma Rousseff no le perdona haberle pedido cumplir el deber legal de consultar a los pueblos indígenas antes de comenzar las obras de la gran represa de Belo Monte, en la Amazonia. Ollanta Humala la critica por hurgar en las desapariciones forzadas de las que se acusa al gobierno Fujimori en la retoma de la Embajada de Japón en Lima.

Rafael Correa y Hugo Chávez han ido más lejos. Heridos en su honor autoritario por las investigaciones de la CIDH sobre la violación de las libertades civiles en Ecuador y Venezuela, han propuesto acabar no sólo con ella, sino con el organismo del que hace parte, la Organización de Estados Americanos (OEA). Para Correa, “es claro que necesitamos un nuevo sistema interamericano. La OEA ha sido históricamente capturada por los intereses y visiones norteamericanas, y sus sesgos y atavismos acumulados la vuelven ineficiente y poco confiable para los nuevos tiempos que vive nuestra América”. ¿Cuáles son las propuestas para debilitar a la CIDH? Unas buscan reducir sus poderes para tomar medidas inmediatas frente a situaciones urgentes (como las amenazas contra líderes). Otras, lamentablemente apoyadas por el gobierno colombiano, quieren diluir los informes detallados que hace la CIDH sobre los países con situaciones más graves, como el nuestro. Por eso la delegación colombiana ante la OEA ha pedido que no se destaque a ningún país en los informes anuales. Finalmente, otras iniciativas apuntan directamente contra la Relatoría para la Libertad de Expresión.

Afortunadamente para las víctimas de violaciones de derechos humanos, varios Estados han asumido una posición más moderada y favorable a la CIDH. De ahí que el documento que se discute mañana, preparado por un Grupo de Trabajo encabezado por México, tiene otras propuestas que pueden fortalecer, en lugar de debilitar, al organismo. Si se interpretan en este sentido y se abren a consulta directa con la misma CIDH, pueden terminar siendo benéficas. En esta dirección debería votar el Gobierno Nacional, que ha prometido hacer de los derechos humanos un eje de todo su mandato.

Ante esta disyuntiva, la de mañana será una prueba definitiva para la política internacional del gobierno. Hasta ahora, Santos ha acertado en este frente y ha deshecho varios de los desastres del gobierno anterior: ha dado un giro decidido hacia el pragmatismo y el multilateralismo, restablecido relaciones con países vecinos, impulsado la integración con América Latina y las potencias emergentes, y subido el perfil de Colombia en organismos internacionales como la ONU y Mercosur.

Pero el pragmatismo en relaciones internacionales tiene sus límites. Tarde o temprano llega el momento de decidir cómo balancear las consideraciones geopolíticas —por ejemplo, la conveniencia de silenciar un incómodo crítico y apoyar a los vecinos— con principios fundamentales como los derechos humanos. Con el voto sobre la crucial CIDH, sabremos si la nueva política exterior colombiana está más cerca de los Estados que quieren fortalecer la protección internacional de los derechos humanos, o de aquellos que, como Ecuador o Venezuela, quieren sacarse la espinita.