Hace tres semanas, el Partido Conservador presentó un proyecto de reforma constitucional para retroceder uno de los avances más importantes para las mujeres colombianas de los últimos cinco años, la despenalización del aborto en tres casos excepcionales – cuando el embarazo es resultado de un acto de violencia sexual, cuando implica peligro para la vida o la salud de la mujer gestante, o cuando el feto tiene malformaciones que no le permiten sobrevivir por fuera del útero. Tres situaciones en las cuales la Corte Constitucional constató que la protección absoluta de la vida del feto resultaba una medida desproporcionada ya que era excesivo obligar a la mujer a asumir sacrificios que lesionan su integridad física y psíquica y con ello su dignidad. En consecuencia, reconoció que en estos casos las mujeres tienen el derecho constitucional a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.

La propuesta de retroceso implica agregar las palabras “desde el momento de la concepción hasta la muerte natural” al artículo 11 de la Constitución que establece que “la vida es inviolable”, y así prohibir tanto el aborto como la eutanasia bajo cualquier circunstancia. Su presentación fue supuestamente acompañada de cinco millones de firmas de apoyo, que al parecer nadie por fuera del partido ha contado, y cuya validez nadie ha confirmado. No se encuentran registradas oficialmente en ninguna parte ya que su función fue meramente simbólica para hacer aparentar que la propuesta tiene amplio apoyo ciudadano.

Ahora, el Partido Conservador ha anunciado que quiere solicitar al Consejo Nacional Electoral una consulta ciudadana sobre el aborto, el matrimonio de parejas del mismo sexo y la reelección presidencial para acompañar las elecciones en octubre. Al parecer, lo que se busca es darle más peso político al proyecto a través de una demostración de apoyo popular, a pesar de no tener apoyo unánime ni siquiera dentro del mismo partido, ni mucho menos de la ciudadanía.

Cabe aclarar que una consulta popular formalmente solo puede ser solicitada por el Presidente, Gobernador o Alcalde, según el caso, pero no por un partido político. Sin embargo, aún si el Partido Conservador lograra incluir una especie de encuesta popular en las elecciones, y aún si ésta demostrara que la población colombiana en su casi totalidad estuviera en contra del aborto, no podría ser utilizado como un argumento para su prohibición absoluta.

La esencia de la democracia no es la dictadura de las mayorías, sino la garantía de los derechos de todas y todos. Las mayorías los pueden regular y configurar, pero el problema es que la iniciativa conservadora no regula sino que aniquila los derechos sexuales y reproductivos, que han sido reconocidos como derechos fundamentales, de las mujeres. Una verdadera democracia no podría, en nombre de una supuesta protección de la vida, obligar a sus ciudadanas a morir, ni desconocerles sus derechos fundamentales de autonomía, integridad y dignidad por causa de circunstancias que están fuera de su control.

No es justificable que valiéndose de un supuesto apoyo popular, se quieran desconocer derechos fundamentales. Y por eso, independientemente del número de firmas, o del número de personas en contra del aborto según encuestas, el proyecto de reforma constitucional del Partido Conservador sigue siendo antidemocrático.