Por iniciativa de Colombia, Guatemala y México, el mundo debatirá sobre la reforma a la política de drogas en la Sesión Especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre Drogas de 2016 (UNGASS 2016), a celebrarse en Nueva York entre el 19 y 21 de abril.

 

 

Al tiempo que varios premios Nobel, investigadores de diversas disciplinas, cientos de líderes de la política, la cultura y una nutrida red internacional de organizaciones de la sociedad civil reclaman un giro en la actual política global de drogas, los Estados del mundo se disponen a reunirse durante tres?días en una asamblea extraordinaria de Naciones Unidas entre el 19 y el 21 de abril para discutir cuál debe ser el camino a seguir.

 

Sin embargo, la resistencia de algunos de ellos por persistir en viejos enfoques, y la incapacidad de diálogo multilateral por sobreponerse a las inercias de la fallida estrategia de la prohibición, plantean un escenario en el que las Naciones Unidas adoptarán un supuesto consenso con el cual nadie está del todo conforme y que contiene algunos avances muy tímidos, pero que terminará por erosionarse en la medida en que el ímpetu reformista continúe contagiando a más  y más países que se resisten a asumir las nefastas consecuencias de la prohibición. Se corre el riesgo de perder entonces una oportunidad única para que las Naciones Unidas reconozcan las nuevas realidades y acompañen al mundo en estos cambios mediante la evaluación controlada de las nuevas experiencias yel intercambio de buenas prácticas basadas en la evidencia disponible, que es el rol que el multilateralismo está llamado hoy a cumplir en este campo.

 

En Nueva York se adoptará un documento en el que se plantea un mundo libre del abuso de drogas, en el que se repite hasta el cansancio que se trata de un flagelo que destruye familias y arruina vidas, pero nada se menciona de las vidas arruinadas, las familias destruidas y todas las demás consecuencias de persistir en estrategias que se niegan a rechazar el uso de la pena de muerte para sancionar los delitos de drogas, o a dejar de criminalizar y cesar toda clase de persecución contra usuarios de drogas, o a adoptar políticas de reducción de riesgos y daños que permitan mejorar sus condiciones de vida y a buscar respuestas distintas frente a cultivadores, poblaciones vulnerables que se vinculan al tráfico en pequeñas escalas como forma de sobrevivencia y otros perfiles que deberían poder beneficiarse de una combinación virtuosa de políticas de desarrollo, de salud pública y de seguridad más inteligentes. Mostrar la superioridad de políticas alternativas, basadas en el pleno respeto a los derechos humanos, en las que la salud pública y el desarrollo estén primero -incluida la regulación de toda la cadena de distintas drogas, y no solo de la marihuana, para lograr reducir el tamaño del mercado ilegal y sus consecuencias- será ahora una tarea a la que se verán abocados los Estados comprometidos con la reforma, para propiciar poco a poco un cambio de abajo hacia arriba en la política global.

 

Colombia ha cumplido un papel fundamental en la búsqueda de un debate franco y abierto. Hasta el último momento de la negociación insistió en la necesidad de negociar el documento en espacios mucho más amplios que la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena, donde no tienen posibilidad de participar muchos países que han sido afectados por las actuales políticas, como es el caso de los países de Caribe. También fue uno de los principales defensores de la necesidad de reconocer la prevalencia de las obligaciones en derechos humanos en el diseño de la política de drogas y de contar con mecanismos de revisión más incluyentes del actual régimen internacional de drogas. Habiendo hecho la tarea en el debate internacional, es hora de avanzar entonces en las reformas internas. Recogiendo lo propuesto por la Comisión Asesora de Política de Drogas y los resultados de su propio trabajo en este campo Dejusticia ha propuesto los siguientes 10 puntos para asumir esta tarea pendiente:

 

1. Colombia debería continuar solicitando la revisión del régimen internacional contra las drogas, fundado en la prohibición, pues este ha tenido efectos muy pobres para reducir la oferta y el abuso de las drogas hoy ilícitas.

 

2. En la discusión de modelos alternativos a la prohibición, es necesario evitar quedar atrapado en el falso dilema de guerra a las drogas o total liberalización del mercado de las mismas, pues hay opciones intermedias posibles de reducción del daño y regulación estricta de las sustancias psicoactivas que han mostrado mejores resultados en términos de salud pública y del respeto de los derechos humanos.

 

3. Incluso dentro del marco del actual regimen prohibicionista internacional de drogas, Colombia puede hacer cambios profundos a fin de avanzar hacia una política nacional fundada en un enfoque de derechos humanos y salud pública, y basada en evidencia y no en prejuicios.

 

4. La política de drogas debe diferenciar en forma clara las estrategias para reducir el abuso de sustancias de aquellas destinadas a enfrentar la producción y el tráfico, especialmente cuando estas últimas tienen una vinculación directa con formas de criminalidad organizada.

 

5. El éxito de la política de drogas debería evaluarse con nuevos indicadores, como la reducción de daños a la salud y muertes por sobredosis, o por la disminución del número de familias cuyos ingresos dependen de la economía de la droga, lo cual implica brindarles otra clase de oportunidades. Medirla por reducción de cultivos o número de capturas ha sido un enfoque

equivocado.

 

6. El consumo de drogas no debe ser criminalizado y debe

cesar cualquier clase de persecución a los usuarios, como lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia en decisiones recientes. La evidencia ha demostrado que esa visión estigmatiza a los consumidores, desconoce su autonomía y los expone a mayores riesgos. Y es que si las drogas pueden haber ocasionado daños a las personas, las malas políticas de drogas, como la penalización de los usuarios, han ocasionado daños todavía mayores. 

 

7. La política frente al consumo debe ser una política de Estado, incorporar estrategias de reducción del daño, fortalecer las políticas de prevención y propender por la atención integral de los consumidores, a través de la inclusión social de los consumidores, la promoción de sus capacidades, la participación y la reducción del estigma y la discriminación.

 

8. Las políticas para reducir los cultivos de uso ilícito deben basarse en

un enfoque territorial basado en la intervención integral del Estado, que coordine la seguridad territorial, la provisión de servicios de justicia y seguridad ciudadana, y la provisión de bienes y servicios para el progreso económico y el bienestar de la población. En ese sentido, es fundamental la implementación cabal de los acuerdos de paz en el tema de desarrollo rural. Deben promoverse de los usos medicinales, industriales y ancestrales de las plantas de marihuana, coca y amapola.

 

9. Deben buscarse alternativas a la persecución penal de cultivadores y eslabones débiles de la cadena. También reconocerse las dimensiones de género y de otra índole de la política de drogas, en la búsqueda de respuestas alternativas para poblaciones como las mujeres que por su situación de vulnerabilidad se han vinculado a estos mercados en tareas de bajo nivel y de alto riesgo, como una opción de sobrevivencia. La acción contra el lavado de activos y contra la infiltración de dineros ilícitos a la economía legal y a la política debe robustecerse para neutralizar el crimen organizado.

 

10. Dentro de las estrategias para enfrentar la criminalidad asociada al narcotráfico debe prevalecer el interés por reducir la violencia, incluso por encima de reducir los flujos de drogas ilícitas. El Estado debe concentrarse en desmantelar las estructuras criminales mediante la afectación de las condiciones locales, regionales, institucionales y organizacionales que permiten que estos grupos se reproduzcan.

 

 

 

Dejusticia ha realizado, de forma autónoma, o en colaboración con otras organizaciones, una serie de investigaciones que visibilizan el impacto negativo de las actuales políticas de drogas sobre los derechos humanos, salud pública, y el sistema penal, en particular en Colombia y las Américas. 

 

 

Video: Taller Sur Sur en Política de Drogas

 

 

Durante dos ocasiones Dejusticia tuvo la oportunidad de llevar a cabo el Taller Sur Sur en Política de Drogas, patrocinado por Open Society para generar un intercambio de experiencias entre miembros del gobierno y sociedad civil de África y Colombia alrededor de las consecuencias de la actual política de drogas y la necesidad de reformarla.