La Constitución de 1991 ofrece mecanismos de participación directa (como los cabildos abiertos) que han sido esporádicamente utilizados por los ciudadanos en los distintos niveles territoriales. | EFE
Universidades y academia proponemos democracia local frente a la crisis
Por: Dejusticia | mayo 16, 2021
Un grupo de más de 300 académicos y académicas, estudiantes y centros de investigación planteamos una propuesta para que la movilización política que atraviesa Colombia conduzca a una profundización de nuestra débil democracia, y no a una regresión autoritaria.
¿Cómo? La idea es utilizar y fortalecer los espacios de democracia a nivel local para canalizar y tramitar participativamente las demandas de las personas que protestan y articularlas con las negociaciones que a nivel central se desarrollan entre el Gobierno, el Comité del Paro y otros actores.
Estos planteamientos buscan complementar otras propuestas planteadas en el debate público respecto al escalamiento de los derechos humanos y el desescalamiento de la violencia, el acompañamiento internacional en la investigación y juzgamiento de las violencias y graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido, así como la apertura del Congreso de la República como espacio de deliberación y toma de decisiones entre la ciudadanía en protesta y las instituciones.
Las personas y organizaciones que firmamos consideramos que estas masivas y continuas marchas expresan el clamor de muchos ciudadanos por ser reconocidos como partícipes activos de la vida política y por promover cambios políticos, sociales y económicos que enfrenten los problemas de pobreza, desigualdad y exclusión que caracterizan al país, y que se han ahondado y hecho más visibles con la pandemia. En este contexto, es fundamental encontrar puntos focales de discusión distintos a la violencia que se centren en las políticas que el país necesita para resolver los profundos disensos de la sociedad y mejorar las condiciones de vida de los millones de colombianos que sufren los devastadores efectos de la pobreza, la desigualdad y la exclusión.
¿Qué respalda la propuesta?
La Constitución de 1991 ofrece mecanismos de participación directa (como los cabildos abiertos) que han sido esporádicamente utilizados por los ciudadanos en los distintos niveles territoriales, a los cuales se suman otros escenarios creados por la política pública de víctimas y el posterior proceso de paz (como los consejos territoriales de paz, los comités de justicia transicional y los consejos de desarrollo rural). La propuesta es que la ciudadanía y los gobiernos locales activen esos espacios para que la ciudadanía pueda airear sus demandas allí.
¿Cómo hacerla posible?
Para que dichos espacios sean considerados un espacio serio de tramitación de demandas, es preciso que ofrezcan condiciones reales de participación con incidencia en la toma de decisiones y transformación de las relaciones de poder. Las decisiones de carácter netamente local pueden ser adoptadas directamente por los cabildos abiertos, que deben contar con reglas claras de participación, toma de decisiones y ejecución de estas, por medio de presupuestos locales y por las autoridades correspondientes del nivel territorial. Por su parte, las decisiones que escapan de las competencias de los órganos locales deben ser agregadas y tramitadas como propuestas en los foros de deliberación democrática nacional o territoriales, a través de audiencias públicas en Asambleas Departamentales y del Congreso.
¿Cuáles son las ventajas?
La negociación escalada territorialmente tiene la virtud de lograr varios objetivos importantes para la crisis actual. Entre ellos, el reconocimiento y la resolución de la diversidad de agravios y actores de las protestas; la institucionalización y legitimación de los espacios de deliberación democrática que han promovido las fuerzas de la protesta; la mitigación de las percepciones de déficit de representación política de las instituciones actuales sin negar la legitimidad e importancia de estas y más bien creando puentes y formas de articulación con ellas; la descentralización de la discusión política sobre las reformas necesarias para construir paz; y la maximización de los beneficios generados por los mecanismos de participación directa dotando a esta de incidencia y capacidad de transformación en las relaciones de poder.