El sistema tributario colombiano actual es desigual, y la pandemia por el COVID-19 ha profundizado esta y otras inequidades. Por eso, la Red de Trabajo Fiscal, en la que están Dejusticia y otras organizaciones de la sociedad civil y universidades^[1], construyó un conjunto de propuestas de reforma fiscal con fines recaudatorios y coyunturales, que buscan en gran parte mitigar los efectos económicos ocasionados por la emergencia.

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La realización de una política fiscal justa implica salvaguardar y profundizar el Estado Social de Derecho, respetando los derechos humanos y cumpliendo con los objetivos de la tributación y seguridad social de recaudar, distribuir, corregir externalidades y promover la representación.

Con esos principios, aquí explicamos las propuestas de la Red de Trabajo Fiscal:

Beneficios tributarios proporcionales

Es cierto que los beneficios fiscales pueden estimular la economía, en la medida en que pueden aumentar la generación de empleo o atraer mayores inversiones. Sin embargo, estos beneficios tienden a erosionar la base fiscal y a aumentar la brecha entre las tarifas nominales y efectivas. También pueden deteriorar la equidad del sistema, mientras los principales beneficiarios son los grandes conglomerados y las personas con mayores ingresos.

En ese sentido, desde la Red de Trabajo Fiscal proponemos crear un test de proporcionalidad que permita evaluar la pertinencia de los beneficios, incluso antes de ser aprobados, así como su permanencia a través de evaluaciones periódicas. Este test debería estar a cargo de la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal (OATP) del Congreso, que presta asesoría en materia económica a esa Corporación.

Por último, proponemos la revisión de los beneficios existentes por medio del mismo test de proporcionalidad.

Transparencia en los datos

La Constitución Política de Colombia dice que el sistema tributario debe ser equitativo, progresivo y eficiente para poder propiciar el crecimiento económico y reducir la desigualdad. Sin embargo, estas metas no se pueden implementar de manera eficiente si los datos necesarios para el análisis del sistema tributario del país no están disponibles.

En ese sentido, proponemos poner a disposición de la academia y de la sociedad civil bases de datos anonimizadas de las declaraciones de renta y añadir una casilla de género en la declaración de renta de personas naturales. Lo anterior permitiría entender la distribución del ingreso y el patrimonio en Colombia y evaluar la equidad del sistema tributario respecto al trato entre mujeres y hombres.

A su vez, es importante que haya acceso a la información sobre quiénes reciben beneficios tributarios en Colombia, sobre los costos de estos beneficios para el Estado y sobre cuántas sanciones a evasores de impuestos se hicieron efectivas. Esto sería fundamental para evaluar la equidad y la progresividad del sistema tributario y para valorar la efectividad de las sanciones actuales.

Canasta familiar sin impuestos

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares, el 55% de los hogares colombianos se clasifican en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad . Ante este panorama social –el cual es probablemente se vea afectado por el confinamiento y nivel de desempleo–, gravar con IVA a la canasta familiar podría traer graves consecuencias sociales.

Por eso, en nuestra propuesta de reforma tributaria manifestamos que no estamos de acuerdo con gravar la canasta básica familiar con este impuesto, teniendo en cuenta que su efecto en la población más pobre sería negativo y que el Gobierno ha demostrado que no tiene la capacidad técnica de hacer una devolución efectiva del IVA que llegue a toda la población pobre.

Un impuesto a las bebidas azucaradas

Según la Organización Mundial de la Salud, en 2014 Colombia se ubicaba dentro del grupo de países con prevalencia de sobrepeso intermedia- superior (entre 40 y 59,9%).

Así las cosas, es clara la necesidad de implementar políticas de salud pública de prevención y atención al sobrepeso de las personas en Colombia. Por eso, desde la Red de Trabajo Fiscal creemos que un impuesto a las bebidas azucaradas, endulzadas y alimentos ultra procesados sería una medida, no solo inidónea, sino necesaria.

El simple impuesto a las bebidas azucaradas con una tarifa del 24% podría reducir la obesidad de los hogares de ingresos más bajos entre 5% y 10%, y recaudar (según cálculos de la Red, basados en estimaciones del Gobierno durante la exposición de motivos de la Ley 1819 de 2016) más de 1 billón de pesos, los cuales deberían servir para mejorar la salud pública.

Impuestos verdes más ambiciosos

En Colombia, la ley 1819 de 2016 creó el impuesto a las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. La tarifa de este impuesto se estableció en $15.764 por tonelada de CO2 emitida, y es aplicable a todo el contenido de carbono en combustibles, al gas natural para el uso en la refinación de hidrocarburos y petroquímica y al gas licuado de petróleo para las industrias.

Sin embargo, debido a que las emisiones no se han reducido de manera eficiente, consideramos que esta reforma es una oportunidad para reformular y mejorar los impactos de este impuesto. ¿Cómo? Aumentando la tarifa de la tonelada de CO2 hasta que iguale su costo social, incluyendo a la industria del carbón entre los que tributan y haciendo que el precio del carbono no tenga un límite superior a la unidad de valor tributario (UVT).

Por último, aunque en teoría los impuestos ambientales pueden acarrear una carga más pesada en hogares de bajos ingresos o en la micro y pequeña empresa, existen fórmulas prácticas para lidiar con el dilema, y recomendamos que en aquellos casos donde exista la preocupación de un impacto distributivamente regresivo del impuesto ambiental se utilicen todas las herramientas para mitigar estos efectos distributivos.

Mejorar condiciones de Colombia en política fiscal internacional

El marco inclusivo sobre BEPS, una iniciativa con la que la OCDE busca combatir prácticas de elusión fiscal a nivel internacional, se creó con la finalidad de garantizar que los países miembros puedan participar en condiciones de igualdad en el desarrollo de medidas o estándares.

La Red reconoce las limitaciones que tiene un país como Colombia en el desarrollo de medidas, así como en la participación de negociaciones en el contexto internacional, por eso consideramos que, si bien Colombia debe continuar participando en estos procesos, debe reconocer e insistir en soluciones más favorables para los países en desarrollo, como incluir una mejor definición del beneficiario final, que las empresas registren a los beneficiarios efectivos de sus transacciones para identificar flujos financieros ilícitos ocultos y generar acuerdos de intercambio de información que protejan datos personales.

Impuestos a la economía digital

En el marco de la crisis ocasionada por la pandemia es de resaltar que la economía digital no sufrió, e incluso fue un sector que no detuvo su crecimiento. Por este motivo, creemos que es pertinente gravar las rentas generadas en Colombia bajo el concepto de beneficiario del servicio digital prestado desde el exterior, en la medida en que el beneficiario del servicio se encuentre en el territorio colombiano.

Fortalecer el sistema tributario territorial

Según el recaudo fiscal del año 2019, dentro de los recursos propios de las entidades territoriales el impuesto predial unificado representó el 34% del total; sin embargo, la tarifa media del impuesto predial se encuentra en un rango bajo que oscila en el 3 por mil. Esta situación hace necesario elevar la tarifa del predial para aumentar las posibilidades de recaudo de las entidades territoriales.

Por eso, proponemos principalmente elevar la tarifa media del impuesto predial acorde a la actualización o no de la base, en el marco de la Autonomía de la Entidades Territoriales, que el Gobierno nacional fije una propuesta para desarrollar el catastro multipropósito con integración de la Nación y que se fortalezca la institucionalidad de las entidades territoriales y la descentralización en el marco de crisis económica que enfrentamos.

Formación sobre el sistema financiero del Estado

La propuesta a nivel educativo consistiría en implementar en los planes de estudio una asignatura obligatoria dirigida al entendimiento financiero del Estado. Esta propuesta implicaría la modificación del artículo 23 de la Ley 115 de 1994 para incluir un tercer parágrafo al artículo 23 de la Ley 115 de 1994 que especifique que la educación financiera se ofrecerá en todos los establecimientos educativos. En ese sentido, el objetivo principal será el entendimiento financiero del Estado, los tributos, el gasto público, la deuda, el sistema financiero y el rol del ciudadano como financiador del Estado.