Mauricio García Villegas y Javier Eduardo Revelo, investigadores de Dejusticia, documentaron los impactos de la primera reelección sobre la democracia.

A los uribistas les suele quedar fácil defender al Presidente: mejoró los índices de seguridad, frenó el crecimiento del aparato de la guerra con la desmovilización de los paras y el debilitamiento de la guerrilla, incentivó la economía, «puso orden», «gobernó», en fin, sus argumentos son múltiples. Los opositores sacan en cara los negocios de los hijos, la yidis-política, las chuzadas del DAS, los falsos positivos, su maltrato a la oposición y ahora, algunas asignaciones de Agro Ingreso Seguro.

Pero cuando tratan de explicar el argumento más fuerte contra la segunda reelección, que es que se acabaría de minar el equilibrio entre los tres poderes públicos, se enredan. Les piden pruebas, y a veces no las tienen.

Con una investigación exhaustiva sobre cómo han cambiado con el segundo periodo de Uribe la Defensoría del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Televisión, el Banco de la República, el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional, los investigadores de Dejusticia Mauricio García Villegas y Javier Eduardo Revelo aportan datos y teorías al debate sobre la reelección. Su libro ‘Mayorías sin democracia’ se convertirá en el manual de los ‘anti-reeleccionistas’. Juanita León, directora de La Silla Vacía, los entrevistó.

Ustedes dicen que el presidente Álvaro Uribe ha concentrado el poder, y que lo ha hecho de forma horizontal y vertical. ¿Cuáles son las diferencias entre lo uno y lo otro?

Inicialmente sólo habíamos contemplado el aspecto horizontal, que es el clásico, de la concentración del poder, esto es, cuando el Presidente captura las demás instituciones que están llamadas a controlarlo y eso desequilibraba el diseño de pesos y contrapesos del Estado. Pero después, nos dimos cuenta de que no era sólo eso.

Vimos entonces cómo el Presidente al mismo tiempo que concentraba el poder en la cúpula del Estado, disminuyendo el poder de las instituciones que estaban llamadas a controlarlo, estaba afectando la poca autonomía de las entidades en lo local.

¿Cuáles serían los ejemplos más concretos de sometimiento de otros órganos del poder al Presidente?

Los dos ejemplos más claros de captura son la Defensoría y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Hay unos casos que no estudiamos, pero que también han sido capturados por el Gobierno, como la Procuraduría. Y vamos a ver qué pasa con la Fiscalía.

Afirman que Uribe ha sacrificado la tecnocracia en beneficio de la lealtad política. ¿No es demasiado fuerte decir eso?

Esa es una de las hipótesis de nuestro trabajo. En América Latina ha habido caudillos meritocráticos, como Getulio Vargas, en Brasil, que crearon una administración pública fuerte e independiente de los partidos políticos. El presidente Uribe, en cambio, suele sacrificar la tecnocracia en beneficio de la lealtad política. Aunque es verdad que hay algunos funcionarios preparados y competentes, en términos generales, lo que predomina en el Estado actual es una burocracia más política que profesional.

¿Ejemplos?

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que debería estar compuesta por expertos en el Derecho y la justicia, tiene seis políticos de profesión de siete magistrados que la componen (algo parecido puede estar pasando con la terna del fiscal). Muchas de las ternas que el Presidente ha hecho son de gente poco preparada para el cargo, comenzando por las que hizo para la Corte Constitucional. Sucede algo similar en la Comisión Nacional de Televisión y la Defensoría del Pueblo.

¿No es normal que el Presidente nombre gente afín a sus políticas en las ternas?

Depende: el Presidente tiene plena libertad cuando, por ejemplo, nombra a un ministro. No sucede lo mismo cuando hace una terna para elegir al Fiscal o magistrados de la Corte Constitucional. En el caso de las ternas, como la del Fiscal, el Presidente tiene la responsabilidad de mantener la autonomía de las instituciones y el equilibrio inter-institucional. Mientras el primer caso, como dice Giovanni Sartori, es un asunto de gobierno, este segundo es un asunto de Estado.

¿Es nuevo eso de nombrar ternas de uno?

No parece. Habría que investigarlo, pero es muy probable que también eso se hacía antes. Lo que creemos es que no era una práctica tan frecuente.

Ustedes le dan particularmente duro al Defensor.

El perfil de Vólmar Pérez es el que le interesa al Presidente para las instituciones de control: mantiene un bajo perfil, una lealtad a toda prueba y no tiene grandes ideas ni propone innovaciones. De esa manera la institución se neutraliza, se vuelve anodina.

En algunos apartes incluso dicen que Uribe es una muestra patente de la superviviencia turbayista.

Turbay era un experto en moverse en el borde de la legalidad, entre lo permitido y lo prohibido. Más que tomar decisiones abiertamente ilegales, el presidente Uribe lo que hace, como Turbay lo hacía, es abusar del derecho, torcerle el pescuezo a las normas. La manera como terna, el trámite del referendo, la política de Agro Ingreso Seguro, sus relaciones con el DAS y con los congresistas corruptos; todos estos son ejemplos de esa manera abusiva de utilizar el poder y el derecho.

¿Por qué llegamos a este punto?

En primer lugar porque la reelección ha desencuadernado el diseño institucional que tenía la Constitución de 1991. A esto se suma el talante autoritario de Uribe, poco respetuoso del fortalecimiento institucional.

Muchos decían que el problema en Colombia no era que el Estado tuviera mucho poder, sino muy poco. ¿No radica en esa concentración de poder la clave del éxito del Presidente?

La pregunta es qué tipo de fortalecimiento del Estado queremos. Hay un relativo consenso respecto de la necesidad de fortalecer al Estado y a las instituciones, incluso al Ejército. Pero eso se puede hacer de dos maneras: fortaleciendo a las personas que gobiernan, de tal manera que, a partir de ese poder resuelvan los problemas que enfrentan. O, fortaleciendo la capacidad institucional, para que estas instituciones puedan enfrentar, independientemente de quien las gobierna, esos problemas. Creemos que ese fortalecimiento no caudillista es el que necesitamos en Colombia.

Mientras incluso los opositores aplauden la Seguridad Democrática, ustedes le atribuyen la pérdida de mucha de la institucionalidad del país. ¿Por qué?

En la política de Seguridad Democrática hay mucha seguridad y poca democracia. La pregunta que nos hacemos en el libro es si era posible conseguir esos logros en seguridad sin los costos democráticos. Lo que creemos es que es posible lograr los éxitos de seguridad que ha conseguido Uribe contra la guerrilla (los éxitos contra los ‘paras’ son dudosos), sin acabar con los partidos, con la poca capacidad deliberativa del Congreso, con los controles y con la planeación.

Sigo sin entender la conexión con la Política de Seguridad.

Algunos congresistas de La U, por ejemplo, nos decían que controlar una institución como la Procuraduría era muy importante para la política de seguridad, porque si no, los procuradores se ponían a investigar a la Fuerza Pública. Algo similar se dice respecto de la Defensoría. Nosotros estamos en desacuerdo con esa opinión y creemos que lo que hay que hacer es fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones, no a los gobernantes. Como decían los griegos, lo que se necesita es un gobierno de leyes; no un gobierno de hombres.

Ustedes tienen varios ejemplos en los que el Presidente amenaza con cerrar las instituciones o cercenarles funciones como una forma de someterlas.

Del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión Nacional de Televisión el presidente habló de la posibilidad de eliminarlas. De la Corte Constitucional nunca habló en esos términos, pero sí cuestionó sus competencias, como por ejemplo, la posibilidad de fallar tutelas en conexidad con derechos sociales y de estudiar materialmente la conmoción interior.

¿A qué se refiere con que en Colombia hay una democracia delegativa conservadora?

A que existe un caudillismo conservador. Es decir, gran concentración de poder en una persona, debilitamiento institucional y un espíritu conservador en las políticas públicas. También hay caudillismo de izquierda, como el de Chávez, el cual es igualmente nefasto para el Estado de Derecho.

¿Qué significa que además sea conservador?

Es conservador en dos aspectos: en materia moral, porque nombra gente que supedita el cumplimiento de sus funciones a sus valores religiosos. Y por otro lado, es conservador desde el punto de vista económico, porque supone que la única manera de salir del subdesarrollo es enriqueciendo a los ricos y defendiendo ese viejo proyecto de país agrícola, rural y terrateniente.

La cooptación de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura parece bien grave y sin embargo, nadie la conoce.

La Sala Disciplinaria controla disciplinariamente a los jueces y a los abogados. Además del poder disciplinario, esta Sala puede tumbar una decisión de la Corte Suprema por la vía de la tutela contra sentencias. La tutela que la Sala le concedió al ministro Palacio es el caso más diciente. La Sala tiene entonces un gran poder dentro del Estado. Un poder al cual no se le ha prestado suficiente atención.

Cuando el Presidente ha cuestionado a la Corte Suprema, todas las altas cortes, salvo la Sala Disciplinaria, han salido en su defensa. Muchos de los magistrados de la Sala, el día de su posesión, se comprometieron política y abiertamente con los congresistas que los eligieron, lo cual pone de presente su falta de independencia.

Los consejos comunitarios y el programa Familias en Acción les parecen a ustedes una forma de concentración vertical del poder. Pero para otros, son estrategias para acercar el gobierno al ciudadano. ¿Por qué la mala valoración?

El contacto y la comunicación que se logra en los consejos comunitarios entre el gobierno y las comunidades tiene grandes méritos. Pero también tiene problemas para la planeación municipal y para la autonomía de las autoridades locales.

¿Pero sí había planeación local antes?

Es posible que no; no había un Estado ideal antes de Uribe. Pero eso no justifica no hacer las cosas bien, es decir, no fortalecer las instituciones.

¿Qué pasaría con una segunda reelección?

Una segunda reelección agravaría sin duda el panorama actual. Sin embargo, en términos de desequilibrio institucional se trata de una agravación marginal, si se compara con lo que pasó en los últimos cuatro años. El año del gran desequilibrio fue 2008. La simple reelección incrementaría la concentración porque los nombramientos del 2008 coexistirían con el tercer período presidencial.

O sea que el incremento no es tan marginal.

Es cierto, cuando las dinámicas institucionales se mantienen cooptadas, cuando no hay renovación, ni competencia política, se pierde un ritmo democrático y de renovación que es muy importante.

¿Es reversible este proceso de concentración de poderes?

Es reversible. Todavía hay una buena parte del Estado que se resiste. También hay resistencias sociales que son muy fuertes. El uribismo todavía no ha consolidado su proyecto caudillista y conservador.

¿Qué se puede esperar en un tercer período? ¿Cómo sería el uribismo consolidado?

Es posible que el Gobierno logre la captura de las instituciones que todavía mantienen cierta independencia. Si eso se consigue será muy difícil hablar de una democracia en Colombia, incluso de una democracia con adjetivos, como se habla ahora. Pero todavía existen muchas energías anti-autoritarias en el país, energías poco favorables a los caudillismos.

Si todo es tan malo, ¿por qué los colombianos se muestran tan felices con este gobierno?

Esa pregunta no la abordamos en el libro. Sin embargo, no creemos que sea muy difícil decir que Uribe representa el fenómeno político más importante de la segunda mitad del siglo XX. Uribe posee una capacidad impresionante para mantener su popularidad a pesar de los escándalos que lo rodean. También posee un liderazgo muy importante en asuntos de seguridad y sobre todo en la lucha contra la guerrilla. Sus éxitos en esta materia son muy importantes y deben ser reconocidos. Pero su popularidad también demuestra una enorme debilidad de la democracia colombiana y en particular de la ciudadanía; demuestra una incapacidad de los colombianos para superar los clichés políticos y las imágenes televisivas y para ser más participativos y críticos. Esas son las mayorías sin democracia.