Como la Cumbre de las Americas podría plantear una fisura al consenso político que hasta ahora existía a favor de la prohibición, algunos empiezan a reiterar los argumentos, muchas veces alucinantes, que desde hace décadas se usan contra cualquier cuestionamiento a las políticas existentes. Un buen ejemplo es la reciente columna del expresidente Alvaro Uribe en El Colombiano.

Aclaro que en este tema tengo una posición tomada, aunque obviamente estoy dispuesto a cambiarla si me convencen de que estoy errado.

Desde hace muchos años, y al igual que muchos académicos, he escrito contra la prohibición de las drogas, que considero una política equivocada. Y recientemente en entradas en este mismo blog o en varias columnas o artículos en El Espectador y en Razón Pública, todos disponibles en la página web Dejusticia, he tratado de sintetizar mi visión.

En pocas palabras, el núcleo de mi tesis, compartido por la casi totalidad de los académicos que han estudiado el tema, es el siguiente: i) el prohibicionismo, en especial en su versión extrema de guerra a las drogas, fracasó y es injusto, pues no logra controlar la oferta de drogas ilícitas pero en cambio produce daños colaterales terribles, como las mafias del narcotráfico; ii) este fracaso de la prohibición es estructural pues no depende de falta de recursos o de energía sino de contradicciones propias de la prohibición; iii) las “estrategias de reducción del daño” son mejores y han tenido resultados positivos pues mejoran la situación de los consumidores. Pero iv) son insuficientes, pues mantienen la ilegalidad de la producción y distribución, con lo cual perpetúan el problema del narcotráfico y de las mafias. Y por ello v) es necesario avanzar a políticas de regulación, esto es, a un modelo de salud pública, que evite los terribles costos de la prohibición, como el narcotráfico, por lo que debe admitirse una distribución regulada de las drogas, que sea diferenciada según la peligrosidad de la sustancia psicoactiva, pero sin caer en un mercado libre de drogas, que sería riesgoso sanitariamente. Nadie defiende que un adolescente pueda comprar heroína en la tienda de la esquina.

Frente a este tipo de propuestas de regularización o legalización parcial y regulada, Uribe Vélez plantea varios argumentos en contra. Desafortunadamente su texto consiste en una serie de afirmaciones sueltas, con poca hilación. No pretendo entonces discutir su lógica general pues no logre captarla. (Puede ser que eso se deba a que Uribe es una mente superior, como dice José Obdulio, y que uno no puede entonces comprender su lógica profunda). Voy a centrarme entonces en tres tesis que logre entender. Una tiene que ver con el vínculo entre drogas, criminalidad y violencia. La segunda con la relación entre legalización y narcotráfico. Y la tercera con sus afirmaciones en relación con el consumo y en especial la relación entre legalización y consumo. Su examen es fructífero pues muestra que muchas de las defensas de la prohibición carecen de sustento empírico o son francamente contradictorias.

Una primera tesis es que la violencia en América Latina deriva esencialmente del consumo de drogas. Transcribo su argumento: dice Uribe que hay informes de la ONU que “muestran un más acelerado crecimiento del consumo juvenil en algunos países latinoamericanos que en Europa”. Y dice ahí mismo que “los crecientes niveles de criminalidad en nuestra región están altamente asociados a la droga, no porque sea ilegal, sino porque sirve para cometer asesinatos de diferentes motivaciones”.

Ojala Uribe nos hubiera explicado que quiere decir cuando afirma que la droga “sirve para cometer asesinatos de diferentes motivaciones”. No es claro lo que significa, pero suponiendo que está diciendo que el consumo de ciertas drogas ilegales induce en si mismo (por ciertas propiedades de la sustancia) a asesinar, sería bueno que presentara la evidencia empírica que sustenta su tesis de que ese elemento es uno de los factores explicativos esenciales de la violencia en la región. Yo no conozco ningún estudio que afirme seriamente esa idea.

En cambio, existen muchos estudios que han mostrado que la violencia y la criminalidad en países como Colombia, México o Centro América están íntimamente asociadas al narcotráfico. Pero la violencia y corrupción del narcotráfico no derivan de la naturaleza de las drogas sino de la prohibición. Y por ello una distinción clave en esta discusión, que sistemáticamente eluden quienes defienden la prohibición, es la diferencia entre los “daños primarios”, ocasionados por el consumo de una sustancia psicoactiva, como puede ser el cáncer por abuso de tabaco, y los “daños secundarios”, derivados de las políticas de control, como puede ser la extensión del VIH-SIDA en los consumidores de la heroína, pues el contagio deriva no de propiedades particulares de la heroina sino esencialmente de la criminalización del consumo, que lleva a los usuarios a compartir jeringas.

Ahora bien, la casi totalidad de la violencia asociada a las drogas no es un daño primario sino un daño secundario. Es cierto que en ocasiones el consumo en sí mismo de una sustancia psicoactiva provoca violencia, como cuando un conductor que ha consumido alcohol comete un homicidio culposo, debido a su ebriedad. Pero esos casos no explican la intensidad de la violencia homicida en América Latina, que está más asociada a guerras entre bandas de narcotraficantes o a la manera como el dinero del narcotráfico alimenta ciertos conflictos armados como el colombiano. Pero el narcotráfico deriva es de la prohibición y no de las drogas. Es pues un “problema secundario”, que sería solucionado o reducido enormemente con una política de regularización de la oferta de las drogas hoy ilícitas.

Y esto m lleva a la segunda tesis de Uribe en donde parece sostener que la legalización no reduciría el mercado ilícito del narcotráfico. Dice Uribe que “se aduce que al legalizar se eliminaría el negocio criminal que proviene de venderles a los adictos”. Pero agrega acto seguido que “se desconoce que la mayor cantidad de dinero surge del crecimiento de la demanda por parte de consumidores.”

Realmente es una tesis difícil de entender pues ¿cómo puede uno razonablemente sostener que una legalización de la oferta y distribución de las drogas hoy ilícitas no elimina el narcotráfico si éste existe debido a la prohibición de las drogas, que lleva a traficarlas ilegalmente? El ejemplo de la prohibición del alcohol en Estados Unidos es contundente. Cuando estuvo prohibido, hubo mafias dedicadas a su producción y distribución. Una vez derogada la prohibición, ese negocio ilegal terminó y eso permitió que Estados Unidos combatiera eficazmente a las mafias que habían nacido con la prohibición, que poco a poco fueron desarticuladas. Hoy Al Capone o Lucky Luciano son personajes del pasado. En cambio, en Colombia, cuando desarticulamos una organización narcotraficante, inmediatamente surge otra que la reemplaza, por cuanto se mantiene el negocio del narcotráfico pues persiste la prohibición de las drogas.

Ahora bien, para intentar darle un poco más de sentido a la tesis de Uribe, podría uno decir que lo que está sosteniendo el expresidente es que la forma de eliminar el narcotráfico es acabar con la demanda de las drogas hoy ilícitas. Y hay una cierta lógica en su argumento, pues si no hay demanda, no habría oferta. Y no habría narcotráfico. Pero ese análisis supone que la prohibición logra realmente acabar la demanda de drogas, lo cual es un objetivo que no es realista. Cuarenta años de guerra a las drogas han mostrado que es imposible acabar, al menos en una democracia y con métodos democráticos, la demanda por drogas ilícitas. Y por ello la forma de acabar el narcotráfico es regularizando la oferta y distribución.

Pero uno podría decir que esto es inaceptable pues llevaría a una tragedia sanitaria. Y eso me lleva a la tercera tesis de Uribe, que está repartida en varios apartes de su escrito en donde sugiere que si hay alguna forma de legalización o despenalización, el resultado sería que todos nos volveríamos adictos y sería una catástrofe universal que acabaría con la libertad y casi que con la humanidad. Así, en una parte de su escrito Uribe sostiene que “varios grupos científicos afirman que la adicción a las drogas suaves es un camino inexorable a las drogas fuertes”. Y luego termina su texto diciendo que “es menos difícil rehabilitar a 33 millones de adictos y precaver que crezca el número de 220 millones de consumidores, que evitar el riesgo de contagio a 7 mil millones de habitantes”.

Lo que supone Uribe es que si hay disponibilidad legal de las drogas hoy ilícitas, incluso las más suaves como la marihuana, entonces hay un riesgo enorme de que todo el mundo termine adicto, y muy probablemente a las drogas más duras como la heroína. Pero esos son supuestos que carecen de asidero empírico.

Primero , no hay ninguna evidencia de que quien consume una droga suave, como la marihuana, está en un camino inexorable a algún opiáceo, como la heroína. La evidencia contradice esa tesis. Por ejemplo, según el informe de drogas 2011 de la ONU, entre 125 y 200 millones de personas han consumido cannabis pero solo 12 a 20 millones han consumido algún opiaceo. Esto quiere decir que hay 10 veces más de personas que han consumido cannabis que opiaceos. ¿Cómo puede uno seriamente afirmar que la adicción a las drogas suaves, como elo cannabis, conduce inexorablemente a las drogas duras, como la heroína?

Una relación semejante se constata en Colombia entre marihuana y bazuco. Según el informe sobre consumo de 2008, un 8% de los colombianos había consumido alguna vez marihuana, mientras que sólo 1% había consumido bazucó. Y mientras 2,3% habían consumido marihuana el año anterior, sólo 0,2% habían consumido bazuco. ¿Puede uno seriamente sostener que los consumidores de marihuana están en un camino inexorable a drogas más duras como el bazuco?

Segundo, no hay ninguna evidencia de que la despenalización o la legalización de una sustancia psicoactiva conduzca a un incremento de los abusos de estas sustancias. Por ejemplo, los estudios sobre la prohibi­ción del alcohol en Estados Unidos mostra­ron que después de que ésta se levantó, el alcoholis­mo no aumentó conside­ra­blemente en ese país. Es más, se han hecho comparaciones históricas entre los esfuerzos en los años 20 y 30 de los Estados Unidos por controlar los abusos del alcohol y las estrategias desplegadas en esos mismos años por otros países como Australia y buena parte de Europa. Igualmente, todos los estudios han mostrado que Holanda, que tiene despenalizado de facto el consumo de marihuana, y en donde es legal para un adulto adquiría en sitios específicos (los llamados coffe shops) tiene tasas de consumo menores que Estados Unidos. Un estudio publicado en 2006 por Douglas McVay en el libro Drogas y sociedad (Drugs and Society) muestra que en, en 2001, en Estados Unidos el 37% de personas mayores de 12 años había consumido marihuana mientras que en Holanda esa cifra era de 17%.Y finalmente el caso portugués muestra lo mismo. Ese país despenalizó el consumo de todas las drogas en 2001. Varios estudios, como el Glenn Grenwald de 2009 para el Cato Institute, muestran que ese país, en las poblaciones jóvenes de mayor riesgo, presenta tasas de consumo menores a las que tenía cuando penalizaba el consumo y menores que países europeos que penalizan el consumo.

Tercero, no hay que confundir «uso» de una sustancia psicoactiva con el abuso de la misma. Todos sabemos que la diferencia entre un alcohólico y un consumidor social de licor es muy grande. Ciertos consumos de licor no sólo no generan ningún problema social o sanitario sino que tomarse una copa de vino al día puede ser muy bueno para la salud. Igualmen­te, los ejemplos de Goethe o Goya -que eran fumadores recreati­vos de opio- muestran que hay consumos que no sólo no impiden llevar una vida ordinaria sino que a veces acompañan vidas extraordi­narias como la de estos dos artistas. ¿O es que debimos haber sometido a Goethe y a Goya a un tratamiento obligato­rio de desintoxicación? Por eso, incluso si uno aceptara, en gracia de discusión, que el levantamiento de la prohibi­ción puede impli­car el aumento de ciertos consumos, no tiene por qué obligato­riamen­te traducirse en abusos generalizados. El problema no es entonces controlar todos los consumos -como lo pre­tenden los prohibicionistas- sino buscar mecanismos para evitar la extensión de formas problemá­ticas de consumo. Y las evidencias disponibles sugieren que el levantamiento de la prohibición, acompañado de una regulación apropiada, no conduciría a una generalización de consumos problemáticos.

Estos argumentos del expresidente Uribe, con todo respeto, me parecen poco serios. Pero hay uno en donde tiene toda la razón: y es cuando afirma que “temas como este necesitan claridad para la menor subjetividad del debate”.