CUANDO NO ANDO ESCRIBIENDO ESta columna, me dedico a dictar clases de derecho. Ese “arte de lo bueno y lo justo”, según los romanos. Pero también esa técnica del inciso y la marrulla. El derecho puede ser lo uno o lo otro, según el tipo de jurista que lo practique.

Pues bien: el país de Uribe es de abogados. Pero de los malos: de aquéllos que combinan la astucia del leguleyo con el desdén por la Constitución y la ley. Así como César Gaviria llevó a los economistas al gobierno, con Uribe la profesión jurídica ha cobrado su revancha: los tinterillos están en el poder.

Paradójicamente, el desprecio uribista por el Estado de Derecho lo ha juridizado todo. Medio periódico está dedicado a temas judiciales. El pedacito del noticiero que dejan las notas de farándula lo ocupan abogados encorbatados. A eso se ha reducido el debate público: a los plazos, a las ternas, al parágrafo.

El lío no es que el país sea gobernado por juristas o por economistas, sino de qué tipo sean. Varios economistas-columnistas han criticado, con razón, que Uribe haya ido reemplazando a los tecnócratas por políticos (como el Ministro de Hacienda). Lo mismo pasa con los juristas. Siete años de gobierno han creado una cultura jurídica uribista, con sus propios personajes paradigmáticos.

Los superhéroes de ese nuevo Salón de la Justicia son dos. El primero es El Cruzado: el jurista que pone el derecho al servicio de la causa moral conservadora y, para ello, desliza hábiles legalismos recubiertos de latinajos e indignada prosa. Para la muestra está un ex ministro que ya ha recibido el apelativo de héroe: el de Invercolsa. Pero el Procurador —con su cruzada antigay y antiaborto— está haciendo méritos también.

El otro héroe es El Político, el que estudió derecho porque esa era la forma de llegar al poder. Se trata de un personaje conocido: los abogados políticos han gobernado el país durante casi toda su historia. Algunos ejemplos son el mismo Uribe, el ministro Valencia o el senador Luis Guillermo Giraldo. El Político sabe menos que El Cruzado de tecnicismos jurídicos, quizá porque capó clase por estar en campaña desde joven. Los resultados son esperpentos jurídicos como el texto del referendo de Giraldo o las tutelas revocadas por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

El efecto de semejante cultura jurídica ha sido profundo y de signo contrario al de la Constitución. Porque su ideal es devolvernos al sistema jurídico de la Constitución de 1886. Como lo diría Godofredo Cínico Caspa —ese precursor del uribismo jurídico—, antes de 1991 “la gente de bien” no tenía que preocuparse por tutelas y no había cómo controvertir “la moral y las buenas costumbres” del Código Civil.

Si Uribe es reelegido, en original o copia, el daño para la cultura jurídica sería irreparable. Como en ingeniería genética, el uribismo ya tiene listo un híbrido más potente que sus variedades actuales. Es el cruce de economista y abogado, cuyo poder radica en que absorbe lo peor de cada uno: la arrogancia estadística del primero y la mendacidad del segundo. Se trata del Economista Tinterillo, o el Manzanillo Cuantitativo. ¿Qué tienen en común Andrés Felipe Arias y Juan Manuel Santos? Como economistas de profesión, disparan cifras para intimidar a sus contradictores. Como leguleyos por adopción, las usan para tratar de tapar el sol con un dedo. Basta recordar la metralleta de estadísticas acomodadas con que Uribito se defendió del escándalo de AIS.

Ojalá nada de eso pase y los abogados pasemos de moda. Parafraseando a un jurista “eminente” que llegó a la Presidencia, hay que reducir el derecho, como la corrupción, a sus justas proporciones.