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La falta de un plan coherente y de un compromiso claro del Gobierno Nacional con una reforma que reduzca la población carcelaria es preocupante, pues de este modo, sugiere que plantea enfrentar la crisis sólo con la construcción de más cárceles, medida que no será suficiente para superar el estado de cosas inconstitucional. | Noé Pérez, EFE

V Informe de la Comisión de Seguimiento de Cárceles responde al Gobierno Nacional sobre situación carcelaria

Frente a la crisis carcelaria, el nuevo Gobierno Nacional ha presentado planes y medidas que pretenden aliviar la grave situación humanitaria que enfrentan las cárceles. Sin embargo, la Comisión de Seguimiento encuentra que el Gobierno tiene serias falencias en su acercamiento al problema, como su falta de coherencia en sus propuestas, su omisión de problemas como la corrupción, entre otros.

Por: Dejusticiaseptiembre 4, 2019

La Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013, de la cual Dejusticia hace parte, presentó el pasado febrero ante la Corte Constitucional su respuesta al Informe semestral del Gobierno. En este, la Comisión de Seguimiento concluyó que si bien se puso en marcha el Plan Nacional de Transformación y Humanización del Sistema Carcelario, todavía existen algunas falencias y contradicciones en el acercamiento del Gobierno Nacional a la grave crisis que enfrentan las cárceles del país.

El primero de los graves problemas del acercamiento del nuevo Gobierno es la falta de coherencia entre las medidas de política criminal reflejadas en el Informe y varias de sus afirmaciones públicas sobre el delito. Así, aunque en el V Informe el Gobierno afirma que uno de sus objetivos para enfrentar la crisis es reducir el uso excesivo de la prisión, en otros escenarios el Presidente de la República Iván Duque ha defendido aumentos punitivos en materia de hurto de ganado, endurecer las penas del sistema de responsabilidad penal adolescente y el Proyecto de Ley 060 de 2018 que pretendía aumentar de manera significativa las penas para delitos de drogas y la reincidencia, proyectos que aumentan de manera excesiva, mas no racionalizan, el uso de la prisión.

Para la Comisión, como lo ha mencionado en sus anteriores informes, la reforma de la política criminal a nivel legislativo es necesaria para reducir el tamaño de la población carcelaria. Por esto, la falta de un plan coherente y de un compromiso claro del Gobierno Nacional con una reforma que reduzca la población carcelaria es preocupante, pues de este modo, sugiere que plantea enfrentar la crisis sólo con la construcción de más cárceles, medida que no será suficiente para superar el estado de cosas inconstitucional.

Agregada a esta falta de coherencia, la Comisión también encontró por parte del Gobierno una falta de diagnóstico de algunos problemas de la crisis y omite varias problemáticas que aquejan a la población carcelaria. Por ejemplo, en el V Informe del Gobierno no se presenta información detallada sobre los retos que enfrenta el sistema de salud de las cárceles, no identifica las barreras de acceso a la justicia de la población reclusa ni tampoco los obstáculos que enfrentan las reformas legislativas necesarias en el Congreso de la República, entre muchos otros.

Para la Comisión, aunque la falta de diagnóstico se debe parcialmente a que no se ha consolidado una batería de indicadores robusta para la medición de la crisis, en la actualidad existe información que le permitiría al Gobierno caracterizar las problemáticas más graves y formular planes que respondan a estas.

Adicionalmente, el Gobierno Nacional tampoco implementó en su V Informe, ni en el Plan Nacional de Trasnformación, el enfoque diferencial de manera adecuada. Por ejemplo, ni el V Informe ni el Plan integraron diagnósticos sobre los efectos diferenciados que enfrentan poblaciones vulnerables, tales como mujeres, personas LGBT, población indígena o afrocolombiana, personas mayores, personas con discapacidad, etc. Debido a esto, ambos instrumentos tampoco contemplaron medidas para resolver las problemáticas especificas que estos grupos enfrentan.

En la respuesta, la Comisión también desarrolla análisis más detallados sobre otras dimensiones de la crisis. Así, la respuesta contiene consideraciones sobre resocialización, la intervención propuesta sobre el sistema de salud, el servicio de alimentación, entre otros.

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