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Variaciones acerca de la justificación de la impunidad

Danilo Rojas Betancourth (socio inactivo)
febrero 17, 2004

Publicado en: Semana

Danilo Rojas, investigador de DJS, explora las diversas excusas utilizadas para justificar la impunidad en los procesos de paz.

 

La historia social ha sido descrita desde distintas perspectivas, todas necesariamente relacionadas: batallas épicas, héroes universales, sucesión de imperios y regímenes políticos, amores troyanos, grandes meretrices, miseria, revoluciones, sistemas jurídicos, economía, etc. Quizá deba resaltarse una perspectiva más, que se escribe todos los días desde siempre y se escribirá hasta los confines del mundo: la impunidad.

En esta ruta investigativa, el devenir social no es más que la historia de la ignominia, de las atrocidades, del engaño, la falsedad histórica, la tergiversación ideológica, la arbitrariedad, el desconsuelo; en fin, de la falta de castigo -que es el significado más simplificado de impunidad- de tantos y tantos crímenes. La historia de atrocidades impunes es la mayor ofensa con la que aún pervive la dignidad humana y la mayor vergüenza que padecemos como especie.

Ello es solo comparable con aquella perversión del intelecto capaz de postular desde las más loables hasta las más inverosímiles tesis de justificación. Y lo que es peor, tales postulados siempre encontrarán en la fragilidad humana el escenario propicio para su asentimiento tácito, con poquísimas excepciones.

De todas las justificaciones posibles, hay una que permanece de modo consistente, así adopte un nombre distinto según la ocasión, y tiene que ver con el mejor estar futuro de la sociedad. La formulación puede adoptar alguna de las siguientes modalidades: ‘para que no vuelva a repetirse’, ‘para evitar que continúen las violaciones’, ‘para atajar el desangre’, ‘¿qué prefiere, que nos sigamos matando?’, ‘lo humano es el perdón’, ‘lo racional es la tolerancia’ y muchas más del mismo jaez.

En esta apuesta por el futuro hay alguien que siempre pierde y que estará irremediablemente atado al pasado: la víctima. Las víctimas claman contra los actos de ‘futurología’, contra las premoniciones triunfalistas que descreen de la terquedad de la historia y sus terribles repeticiones; las víctimas claman por ser tomadas en cuenta aquí y ahora, como que ese es su futuro. La llamada lucha contra la impunidad no es más que la reivindicación permanente de los derechos de las víctimas de las ignominias del pasado, independientemente del origen de la agresión.

El pasado, el presente y el futuro son los referentes a ser tenidos en cuenta por el conjunto de medidas políticas y jurídicas que de tiempo en tiempo afloran como parte de una solución oprobiosa pero al parecer necesaria. Latinoamérica no se ha escapado de ellas y sus ejemplos más notorios son: las leyes argentinas de perdón y olvido (1986) y de obediencia debida (1987); las peruanas de arrepentimiento (1992) y amnistía (1995), la chilena de amnistía (1978) y las colombianas de indulto (1993) y de favorecimiento por colaboración efectiva (1993).

Lo que aquí destaco ahora son las justificaciones, en su orden: reconciliación y unidad nacional (Argentina), lucha contra el terrorismo y reconciliación (Perú), unidad nacional (Chile), pacificación, reconciliación con los grupos guerrilleros y lucha contra el narcotráfico y el paramilitarismo (Colombia).

Como puede verse, en realidad no se distinguen mucho de la “reicorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley -léase paramilitares por ahora- que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional”, tal como se anunciaba en el más reciente y fallido proyecto de ley elaborado por un grupo de congresistas y que pretendía reemplazar los nada bien recibidos proyectos presentados por el gobierno -proyecto de ley de alternatividad penal y proyecto de ley de verdad, justicia y reparación-.

Por cierto que el nuevo texto anunciado por el gobierno, que aún no ha visto la luz pública porque no existe una versión consolidada, y respecto del cual se habla de una convocatoria a sesiones extras del Congreso en el mes de febrero próximo, no podrá ser ajeno a la misma tendencia.

Los altos propósitos orientados a una nueva configuración social no solo deben guiarse por los cantos de sirena y los ‘inmediatismos políticos’, ciertamente amplificados por los medios de comunicación masiva, que insisten en mostrar tales procesos sociales de por sí complejos, como procesos asépticos y ahistóricos.

¿Sabe el común de los mortales el número de víctimas que se atribuyen a Mancuso y sus hombres? Además de los sobrevivientes de las masacres, ¿quién más verá con escepticismo las sonrisas que acompañan la entrega de armas de los ex combatientes otrora líderes de escenas rayanas en lo macabro?

En este escenario, no parece insensato resaltar que las (necesarias) justificaciones políticas y jurídicas que como discursos ideológicos acompañan la ruta de la impunidad deben inclinar más su orientación en función de la dignidad de las víctimas -sus duelos, su memoria, su tragedia-, si quiere hacerse de un proceso como el que se adelanta en Santa Fe de Ralito algo más que demagogia, oportunismo y compromiso insano.

Que no ocurra allí lo que ya sentenció la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al fallar el caso por la muerte del senador Manuel Cepeda, cuya argumentación no puede ser más elocuente para corroborar nuestra tesis relativa a la impunidad y sus justificaciones.: “Tampoco se vislumbran criterios de ponderación y razonabilidad, para que los derechos de las víctimas sean privilegiados por encima de los derechos del sindicado, hasta el punto de buscar la verdad histórica o real, de cualquier manera y sin importar el costo, aun con sacrificio de la propia legalidad”.

La quintaesencia del formalismo jurídico, construida a despecho de la autoincriminación de Carlos Castaño y del hecho notorio que esta constituyó, como que fue hecha pública por voluntad del mismo Castaño. Y eso que ya no está en Ralito.

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