Como el vicepresidente de la República tiene por función principal reemplazar al presidente en sus faltas absolutas o temporales y esto suele ser realmente excepcional -pues los viajes al extranjero del primer mandatario los cubre el ministro delegatario-, el vicepresidente queda por cuenta del presidente quien le puede recomendar “misiones o encargos especiales y designarle en cualquier cargo de la Rama Ejecutiva”.

Después de la reinstitucionalización del cargo en la Constitución del 91, quizá la misión más importante que se le ha encomendado a un vicepresidente ha sido la de Alto Consejero Presidencial para los DDHH. Bajo ese encargo, Gustavo Bell sacó lo que durante la administración Pastrana fue la “Política de promoción, respecto y garantía de los DDHH y aplicación del DIH”.

El nuevo y actual vicepresidente no siguió la línea de su antecesor y, por supuesto, hizo caso omiso a la política de DDHH propuesta por Bell-Pastrana. El gobierno Uribe tampoco consideró en su estructura burocrática la figura de la consejería para DDHH creada desde el gobierno Barco, ni la Comisión de DDHH que instituyó César Gaviria con ocasión del Acuerdo de Paz celebrado con la corriente de Renovación Socialista, “como una instancia de concertación de políticas y medidas de promoción y protección de los Derechos Humanos”. A cambio de ello al vicepresidente se le atribuyó la mera condición de supervisor del Programa presidencial de DDHH y DIH creado en la administración Pastrana y que actualmente dirige Carlos Franco.

Ya es un lugar común afirmar que en el balance de la seguridad democrática, la política de DDHH no ocupó el lugar privilegiado que le corresponde, tal como lo muestran la infraestructura que tuvo el desarrollo del tema, los informes de organismos internacionales que tanto le chocan al gobierno y las propias observaciones hechas en su momento por instituciones nacionales como la Procuraduría General de la Nación –la de Edgardo Maya- o la propia Corte Constitucional –por ejemplo, las decisiones sobre desplazamiento forzado o salud-.

Los programas de gobierno de los actuales candidatos a la presidencia no dejan ver con claridad lo que sigue en materia de política pública de DDHH. Tampoco los candidatos a presidente y vicepresidente parecen preocuparse demasiado por el asunto. ¿Será que éstos últimos no están suficientemente informados del encargo que puede tocarles? Si deciden desmontarse del tema –por la razón que sea-, ¿cuál es la orientación más gruesa que tienen los candidatos que permita a los electores saber por dónde va la cosa?

Tampoco es garantía, claro está, que al hacerse cargo del tema el vicepresidente, todo saldrá bien. La política de DDHH de la administración Pastrana contó con una infraestructura adecuada, pero no tuvo el desarrollo esperado. La experiencia reciente no es la mejor muestra de compromiso real con los DDHH –como lo mostraría el solo hecho de la extradición de los autores de crímenes de lesa humanidad que dejaron a las víctimas sin verdad, ni justicia, ni reparación- y ni siquiera de tacto diplomático –como lo mostró la perla que soltó el vicepresidente Santos y que en buena parte evitó la extradición a Colombia del mercenario Yair Klein-.

Sea porque se mantenga la estructura burocrática vigente, o porque se decida volver a revivir formas burocráticas anteriores, o porque se quieran inventar unas nuevas y más eficaces, lo cierto es que la política de derechos humanos en Colombia exige una infraestructura sofisticada y, especialmente, una acción y voluntad política decidida, que tenga la capacidad de remover los numerosos obstáculos con los que suele encontrarse su desarrollo. Y parece que nadie mejor para intentar hacerlo que el vicepresidente. ¿O qué estarán pensando los actuales proyectos de vices?