El pasado miércoles 7 de octubre, un grupo de víctimas de detenciones arbitrarias de El Carmen de Bolívar —que han sido acompañadas por Dejusticia— le entregaron a la Comisión de la Verdad el informe titulado Que nos llamen inocentes.

Este informe confidencial analiza las capturas masivas y arbitrarias ocurridas entre 1999 y 2005 como parte de la política de seguridad democrática. Particularmente, aborda los casos de 31 personas que fueron acusadas de guerrilleras, enviadas a prisión y luego liberadas sin que se les demostrara esta acusación. Cuatro de las víctimas explicaron los impactos de estos hechos en sus vidas, en su entorno familiar y en sus procesos comunitarios. 

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“Los llamamos inocentes”

Aunque nunca hubo pruebas de su vinculación con la guerrilla, los nombres y fotos de estas personas aparecieron en los medios regionales, causando un daño profundo a su reputación. Por eso también insistieron en la necesidad de que el Estado esclarezca la verdad sobre sus casos y, junto con la prensa, limpie sus nombres. 

Como respuesta a este clamor, el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, agradeció la confianza de las víctimas. Aseguró que “esta verdad que ustedes nos entregan no solo la tendremos nosotros, sino que será parte del patrimonio colombiano de lo que fue el sufrimiento del ser humano y el clamor de esa justicia que ustedes merecen”. 

En nombre de la prensa, el director del periódico El Universal de Cartagena, Nicolás Pareja, pidió perdón a las víctimas. «Después de leer sus tragedias me atrevo a decir, en nombre de los medios de comunicación, que ruego su perdón y les digo que también los llamamos inocentes”.

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Las solicitudes a la CEV

Desde Dejusticia presentamos los hallazgos de este informe, especialmente el modus operandi y los impactos de una política de Estado que dejó víctimas en varias zonas del país. Como explicó la investigadora Cheryl Morris, «el Estado usó un marco normativo para saltarse las normas nacionales e internacionales sobre la privación de la libertad, que luego fue declarado inconstitucional». 

En el mismo sentido, Vivian Newman, directora de Dejusticia, mencionó las solicitudes que este informe le hace a la Comisión:

1. Esclarecer y reconocer la naturaleza masiva, sistemática y generalizada de las capturas arbitrarias en el país durante el gobierno de Álvaro Uribe. 

2. Solicitar el acceso a los archivos estatales que le permitan romper el silencio y contribuir al derecho a la verdad de las víctimas.

3. Establecer las responsabilidades de la Fiscalía, el DAS, la Fuerza Pública y otros agentes estatales en la violación de la libertad de las víctimas. 

4. Profundizar el análisis de los impactos en la vida familiar y personal de las víctimas de las capturas arbitrarias. También de los impactos políticos a los procesos organizativos.

5. Promover espacios nacionales y regionales de esclarecimiento para buscar la dignificación, peticiones de perdón por parte de los responsables y propiciar garantías de no repetición.

El informe Que nos llamen inocentes no se hará público para proteger la identidad de quienes decidieron dar su testimonio. Sin embargo, para conocer más sobre estas historias se pueden consultar en la página de Dejusticia el libro de memorias y el episodio del podcast Relatos Anfibios que llevan el mismo nombre.

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Para información de prensa puede contactar a Marcela Madrid al correo electrónico [email protected].