Parece que la corrupción en Colombia se volvió parte del paisaje. Cada escándalo de corrupción profundiza el sentimiento colectivo de frustración y desencanto con el manejo de los asuntos públicos en nuestro país. La sensación de impotencia frente a la gravedad de cada escándalo, nos ha llevado a asumir que la corrupción es algo inevitable. Más aún, cuando pensamos que ya hemos hecho todo lo posible, pero poco o nada cambia. Sin embargo, si bien esta terrible sensación de pesimismo es comprensible, no nos lleva a ningún lado. En su lugar, necesitamos reconocer que somos víctimas de los corruptos.

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Reconocernos como víctimas de la corrupción tiene, por lo menos, tres implicaciones: primero, nos permite tomar distancia de los corruptos y, por lo tanto, dejar de asumir que todas las personas se comportan de manera corrupta; segundo, nos habilita la posibilidad de pensar de manera más profunda en los daños que causa la corrupción, más allá de lo económico, para ubicarnos en un plano de derechos vulnerados; y, tercero, nos abre muchas más oportunidades para implementar acciones que nos permitan mejorar la sanción y, principalmente, la prevención de actos de corrupción, mediante la reparación de los daños causados.

Estas ideas, junto a planteamientos mucho más elaborados que se han desarrollado en años recientes a nivel nacional y global, conforman lo que se podría denominar como un enfoque de reparación de daños causados por actos de corrupción. Este enfoque ubica a las personas en el centro de la lucha contra la corrupción y, más allá de esto, las convierte en el propósito fundamental de los esfuerzos por cuidar y defender los bienes que solo es posible construir en sociedad.

Así, no basta con penalizar -cuando resulta posible- la corrupción con la privación de la libertad de sus responsables. Tampoco es suficiente asumir que la principal víctima de los hechos de corrupción es el Estado, pues en últimas ese Estado se debe a la sociedad que lo conforma y le da sentido. Reparar los daños que fueron causados por quienes abusaron de recursos y decisiones públicas, implica que los recursos recuperados sean usados para el fin previsto originalmente, que se reconozca y se restablezca la dignidad de las comunidades victimizadas por la corrupción, y que se desarrollen todos los esfuerzos posibles por garantizar la no repetición.

Por supuesto, este enfoque quedaría vacío sin acciones concretas. La buena noticia -para seguir rompiendo el pesimismo- es que en Colombia tenemos los instrumentos para impulsar acciones decididas a favor de la reparación a las víctimas de corrupción. En el documento titulado “¿En qué va Colombia en la reparación del daño causado por corrupción?”, Transparencia por Colombia realiza un balance de los referentes conceptuales y jurídicos ya existentes en el país, así como de las acciones y recomendaciones para impulsar aún más este enfoque.

De ese balance resalto tres puntos: primero, la existencia de herramientas legales en lo penal, lo administrativo y lo disciplinario para que este enfoque se pueda poner en marcha; segundo, la elaboración de una hoja de ruta para que cualquier organización social o colectivos puedan emprender acciones de reparación, iniciando por un proceso de auto reconocimiento como víctimas de corrupción; y tercero, el análisis de casos específicos de búsqueda de reparación ya emprendidos por algunas comunidades.

Ahora bien, el optimismo siempre requerirá una dosis de realismo y, por supuesto, aún existen obstáculos para que este enfoque tenga mucho más alcance y profundidad. Esto quedó en evidencia luego de los amplios esfuerzos que realizamos entre Dejusticia y Transparencia por Colombia para que el caso de corrupción más grave que ha sufrido el país no quedara sin reparación: la Ruta del Sol II, que estuvo a cargo de Odebrecht y sus socios en Colombia que incluyeron a Episol, empresa del grupo Corficolombiana.

En 2017 la Procuraduría General de la Nación desplegó la acción más novedosa y contundente que hemos tenido en lucha contra la corrupción en Colombia en muchos años: una acción popular contra el consorcio de empresas de la Ruta del Sol II para reparar los derechos colectivos afectados por su caso de mega corrupción: la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, el acceso a los servicios públicos y su prestación eficiente y oportuna y el derecho a la libertad de competencia. La decisión de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue favorable a la acción popular y generó algo que no se había alcanzado en otros países donde Odebrecht extendió sus tentáculos corruptos: un pago de perjuicios por aproximadamente 190 millones de dólares por la afectación de esos derechos colectivos.

Sin embargo, en el año 2023, una decisión de segunda instancia del Consejo de Estado tumbó el pago de perjuicios, a pesar de haber reconocido la gravedad de los hechos de corrupción de Odebrecht y sus socios. Nos quedamos con el daño causado por la corrupción, pero sin la reparación. La Procuraduría desplegó varios fundamentos jurídicos para no reaccionar en defensa de la acción popular inicial, razón por la cual desde la sociedad civil intentamos recuperar nuestro derecho a la búsqueda de reparación, pero el Consejo de Estado no aceptó nuestra reclamación -realizada por vía de tutela- y, a pesar de un valiosísimo apoyo de la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional no seleccionó la tutela para revisión.

¿Volvemos al pesimismo?

Sí, pero solo por un momento. A pesar de no lograr la reparación en un caso tan dramático como el de Ruta del Sol II, debemos insistir. Destaco la oportunidad de impulsar iniciativas concretas con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, que cuenta con avances institucionales destacables en el reconocimiento de la relación entre corrupción y la vulneración de derechos humanos, así como con instrumentos que pueden llevar a una acción colectiva amplia para demandar y lograr mejores resultados de reparación por parte de la institucionalidad estatal. A esto podemos sumar un acompañamiento efectivo a las víctimas de nuevos casos de corrupción para asegurar que sean visibilizadas, escuchadas y, en últimas, reparadas, mediante los distintos instrumentos jurídicos existentes para este efecto. Ya hay casos en marcha en distintos lugares del país. Necesitamos seguir sumando esfuerzos.

Sacar la corrupción del paisaje en Colombia no solo es posible, también es necesario. El reconocimiento de las víctimas de la corrupción, de los daños causados en ellas y la reparación de los mismos, son piezas fundamentales para esta transformación. El camino por enfrentar las resistencias a la incorporación de este enfoque es complejo, pero ya se ha iniciado. Necesitará persistencia, liderazgo y, ante todo, una amplia demanda desde la sociedad.