Un fallo histórico de la Corte Europea de Derechos Humanos sentó un precedente a favor del derecho a la intimidad, la libertad de expresión y la democracia.

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El jueves 13 de septiembre, la Corte determinó que las leyes del Reino Unido que permiten la vigilancia estatal masiva violan los derechos a la privacidad y la libertad de expresión, ambos protegidos por la Convención Europea de Derechos Humanos.

De igual forma, esa instancia decidió que la interceptación de datos de comunicación significa una violación a la privacidad equiparable a la interceptación de contenidos de las comunicaciones, por lo que dicha práctica es contraria a las normas europeas vigentes.

En el fallo, la Corte sostiene que los criterios y controles para determinar qué comunicaciones se interceptan y para seleccionar qué material captado se examina, no son lo suficientemente robustos para proteger a la población contra eventuales abusos.

A propósito, lo invitamos a leer: Dejusticia demandó ante la Corte Constitucional varios artículos de la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía) por ser violatorios del derecho a la intimidad.

Varios miembros de organizaciones que hacen parte de la red INCLO (Red Internacional de Organizaciones de Libertades Civiles), se pronunciaron sobre este hecho.

Megan Goulding, abogada de Liberty, una de las organizaciones miembro, dice: “Esta es una gran victoria para los derechos y libertades de las personas del Reino Unido. Esto muestra que hay y debe haber un límite en la forma en que los estados espían a sus ciudadanos”, y añade que la policía y las agencias de inteligencia necesitan poderes de vigilancia encubiertos para enfrentar las amenazas que hoy tenemos, “pero la Corte ha determinado que esas amenazas no justifican espiar a todos los ciudadanos sin las adecuadas protecciones”.

“Nuestro Gobierno ha construido un régimen de vigilancia más extremo que el de cualquier otra nación democrática, abandonando los mismos derechos y libertades que los terroristas quieren atacar. Esto puede y debe darnos un sistema específico y efectivo que proteja nuestra seguridad, la seguridad de nuestros datos y nuestros derechos fundamentales”, concluye.

Las revelaciones de Snowden

El caso comenzó en 2013, después de las revelaciones de Edward Snowden, exagente que filtró información sobre violaciones a la privacidad desde la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Según él, el Government Communications Headquarters (GCHQ), uno de los tres servicios de inteligencia del Reino Unido, interceptaba, procesaba y almacenaba en secreto datos relativos a las comunicaciones privadas de millones de personas, e incluso ese Gobierno accedía a la información recopilada por la misma Agencia de Seguridad Nacional de EE. UU.

Lo anterior ocurría sin el consentimiento o conocimiento público de los ciudadanos, sin bases legales y sin garantías adecuadas, aunque revelara los aspectos más íntimos de la vida privada de las personas, como a dónde van, con quién están en contacto, qué páginas de internet visitan y cuándo lo hacen.