Los últimos días en Colombia han estado marcados por hechos violentos: En la tarde del pasado sábado 7 de junio, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado cuando daba un discurso en Bogotá. Tres días después, mientras los ojos del país estaban sobre el estado crítico del congresista, una ola de 24 atentados terroristas tuvieron lugar en estaciones de policía, peajes y centros urbanos de los departamentos del Valle y Cauca (suroccidente de Colombia), dejando hasta ahora 7 personas muertas y al menos 30 heridas de gravedad.

Desde Dejusticia rechazamos de manera contundente estos hechos y enviamos toda nuestra solidaridad a las víctimas y sus familias en este difícil momento. La violencia no puede condicionar la política ni crear terror entre la ciudadanía. El país debe comprometerse con procesos electorales libres y democráticos, así como con las garantías para el ejercicio de la vida pública y para vivir en entornos libres de violencias.

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En medio de este contexto, desde Dejusticia nos preguntamos cómo proteger el debate y la democracia, y para ello es clave: 

1. No apresurarnos con conclusiones  sobre los responsables de los hechos  y esperar resultados de las investigaciones: 

Formular hipótesis definitivas sobre autores o motivaciones, e incluso de conexión entre ambos hechos, sin la suficiente información es apresurado. La prudencia nos exige esperar los resultados oficiales antes de sacar conclusiones al respecto.

2. Comprender la alerta, pero tramitarla con mesura

Enfrentamos un escenario social caracterizado por múltiples riesgos de seguridad que provienen de distintas fuentes. Aunque esto es preocupante, no tiene sentido enfrentarlo desde la crispación política. La manera en la que se está tramitando el debate político muestra una tendencia a crear bandos a favor o en contra de ciertas posiciones, que en nada contribuyen a solventar la crisis. Las acciones de corte más confrontativo deben dar paso a un debate en el que exista respeto por las diferencias.

3. Alertar sobre los riesgos de instrumentalizar estos hechos: 

• Instrumentalización electoral de la violencia: la disputa por el poder ya ha mostrado señales de que un atentado se puede instrumentalizar para deslegitimar a los adversarios. Un momento preelectoral, como el que vivimos, puede exacerbar las tensiones políticas y estas pueden alimentar la  violencia. 
• Falta de diálogo: hay una respuesta fragmentada por parte de la clase política. La reacción general debe ser contundente para rechazar la violencia, pero no debe estar cerrada al diálogo, como pasó cuando los partidos de oposición rechazaron asistir al consejo de garantías electorales que convocó el presidente Petro. La prevalencia de la indignación individual debe dar paso al  interés colectivo de construir consensos y salidas desde el diálogo que utilicen los canales institucionales y respeten la separación de poderes.

4. Evitar que el debate se deteriore

Lo que no podemos permitir es que se agudice la instrumentalización de estos últimos hechos con crecientes ataques y posturas de corte belicista. Debe predominar el diálogo para llegar a acuerdos políticos, con un análisis mesurado de lo ocurrido, que es lo que permitirá que nuestros procesos democráticos sobrevivan. No podemos reducir el debate a una disputa sobre quién tuvo la culpa, ni concluir desde ya que todos los y las precandidatas están en riesgo. Es necesario el compromiso de los actores políticos para rechazar las acciones que precarizan la discusión democrática y que, a partir de ahí, transitemos hacia la construcción de acuerdos políticos.

Violencia y política: una conexión que no puede ignorarse 

Que la violencia ha afectado de manera histórica a la política en el país es innegable. Los datos de la Misión de Observación Electoral (MOE) en Colombia muestran un crecimiento sostenido de hechos violentos contra líderes políticos. En el ciclo preelectoral 2017–2018 se registraron 95 casos (de los cuales fueron 16 atentados y 13 asesinatos); entre 2021–2022, la cifra se elevó a 180 (22 atentados y 14 asesinatos), un incremento del 89,5 %. 

También es cierto que llegamos a este momento con dos tendencias preocupantes. Por una parte, los líderes sociales y los firmantes del acuerdo de paz siguen siendo víctimas de distintas formas de violencia. Por otra parte, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, un posible rebrote de violencia contra la Fuerza Pública estaría tomando lugar. Sus cifras muestran que, entre enero y abril de 2025, hubo 329 hechos en los que integrantes de Policía y Fuerzas Militares fallecieron o resultaron heridos. 

Sin embargo, la espiral de violencia en general –no solo contra líderes políticos y sociales– de la década del 90 es muy diferente al contexto actual. Aventurarnos a señalar que volvimos a aquellas épocas violentas es desproporcionado. Mientras en los años 90 la tasa de homicidios nunca bajó de 60 por 100.000 habitantes, en los últimos 10 años –entre 2015 y 2025–  esa tasa se ha situado por debajo de los 30 asesinatos por 100.000 habitantes. Y, como lo señalan los reportes históricos, esas cifras disminuyeron en los años posteriores a los procesos de paz con las AUC y las FARC-EP, como lo señalan en este análisis los profesores y expertos Luis Fernando Trejos y Alejandro Blanco.  En todo caso, es urgente enfrentar la violencia y evitar que se tome el debate democrático. 

Nuestro llamado

Estamos frente a un momento crítico, pero, si no se gestiona bien esta crisis por parte de todos los actores políticos y la ciudadanía, la tensión puede escalar y alimentar más violencia. La democracia y la necesidad de construir paz exigen más diálogo. Colombia está en un momento en el que debe evitar caer en una espiral de señalamientos y, al contrario, construir pactos básicos que permitan blindar nuestra democracia.