En los próximos meses el gobierno podría librarse, de una vez y por los cuatro años que vienen, de las incomodidades que le acarrea el principio de la separación de poderes. Así, con la ayuda de los desajustes institucionales creados por “el articulito”, el Ejecutivo podría echarse al bolsillo, al menos, a otros dos magistrados de la Corte Constitucional, al Defensor del Pueblo, al Fiscal General, a varios miembros de la Junta Directiva del Banco de la República y a otros tantos de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

La estrategia de cooptación de los organismos de control por parte del Ejecutivo continuará con la Defensoría del Pueblo, aquella institución llamada a hacer las veces de Chapulín Colorado criollo. El Constituyente del 91 creó la figura del Defensor – junto con la tutela- para asegurar que el ciudadano de a pie tuviera quien lo protegiera ante la arbitrariedad y el abuso públicos. Y, para cumplir con tamaña labor, la Defensoría cuenta con una sola herramienta, la legitimidad e independencia de sus actuaciones y declaraciones.

Este gobierno ya demostró que una forma efectiva de neutralizar esta institución es asegurar que el Defensor sea un burócrata fácil de manipular. Ahora buscará repetir su estrategia. Así como aseguró la elección de su asesor jurídico en la Corte Constitucional, el gobierno va a esperar hasta el último minuto para proponer a la Cámara de Representantes una terna en la que de manera anticipada elija a su candidato. La fórmula es sencilla: la terna se conforma con un candidato y dos comodines. Así, a la Cámara no le queda otra opción que ratificar al candidato del Presidente. ¡No contaban con su astucia!

Si bien, en este y en otros medios escritos varios columnistas se han referido a este tema, es necesario reiterar la importancia y pertinencia de este debate para la democracia colombiana. En especial, un tema merece ser recalcado: la importancia de que el Ejecutivo consulte a la sociedad en la elaboración de las ternas. Ello, pues a diferencia de cuando el Ejecutivo realiza nombramientos propios de gobierno – como sería el nombramiento de un ministro-, la construcción de ternas para la selección de funcionarios encargados de la vigilancia y control del poder público constituyen nombramientos de Estado.

El hecho de que el Presidente sea el encargado de proponer una terna no quiere decir que la Constitución le haya otorgado un poder ilimitado que pueda ejercer a su libre antojo. De hecho, si a quien más le interesa la elección del Defensor del Pueblo es al pueblo mismo, es apenas obvio que éste tenga cierto grado de participación en el proceso de selección.

Es por ello que, a propuesta de la sociedad civil, otros países con diseños institucionales similares han establecido procesos para establecer reglas de transparencia, publicidad y probidad en la selección de ternas. Estos principios deberían ser replicados en las nominaciones que se aproximan. Para empezar, el procedimiento de selección del nuevo Defensor debería estar basado en criterios públicos y previamente conocidos por la sociedad. Adicionalmente, el gobierno debería convocar a un proceso de consulta en el cual los candidatos respondan las preguntas que la sociedad tenga sobre sus candidaturas. Asimismo, los criterios para la nominación deberían estar centrados en la capacidad de los candidatos para asegurar que, de ser elegidos, ejercerán de manera independiente su cargo, y que velarán por la protección de los derechos fundamentales, el Estado social de derecho y la defensa de la Constitución.

En un país en el que tantas cosas funcionan al revés, no es difícil concebir que sea el defendido el encargado de proteger a su defensor, y no viceversa. No obstante, oponerse a la maquinaria del Ejecutivo no es una cuestión sencilla; se requiere del apoyo del Legislativo. Es necesario que el Congreso se comprometa con la transparencia del procedimiento y se de la pela, en caso de ser necesario, de devolver las ternas que no cumplan con estos requisitos. Si no lo hace ahora, en el futuro tal vez ya no quedará quien impida que se aprovechen de nuestra nobleza.