CON LA VISITA DEL FISCAL DE LA Corte Penal Internacional (CPI), me pregunto qué estarán pensando los analistas que celebraron la decisión del Gobierno de extraditar a los jefes paramilitares. En ese entonces, muchos advertimos que con el despegue del para-charter rumbo a Florida se esfumaban la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas.

Se les dijo y se les advirtió también que la CPI no se quedaría quieta. Que ante ella no valdrían las “tesis” de que aquí no hay paramilitarismo, ni desplazados, ni conflicto. Y que el caso de Colombia estaba en la mira de la CPI porque la extradición, unida a las zancadillas que le sigue poniendo el Gobierno a la Corte Suprema, la convencen cada vez más de que vamos camino a la impunidad.

Imagino que la llegada de Moreno Ocampo aterriza a todo el mundo en la realidad: Colombia podría ser el primer país, fuera de África, que llegue a los estrados de la CPI. Así que conviene ir conociendo mejor esta institución que tomó por sorpresa a los despistados analistas.

¿Para dónde van el fiscal y la CPI? Basta una mirada rápida a lo que han hecho desde 2003 para extraer, por ahora, cinco puntos básicos que serán de relevancia directa en Colombia:

1) La CPI opera bajo el principio de complementariedad. En cristiano, esto significa que entra a operar cuando un Estado no pueda o no quiera juzgar a los responsables de crímenes de genocidio, de guerra o de lesa humanidad. Comparado con los cuatro casos que hoy conoce la CPI (Uganda, Congo, Sudán y República Centroafricana), aquí el problema es más de voluntad política que de capacidad. Más claro no lo pudo haber advertido Moreno Ocampo en su anterior visita al país: “La CPI representa un nuevo derecho en el que la impunidad ya no es viable. O se encargan los tribunales nacionales o nos encargamos nosotros”.

2) La Corte les apunta a los líderes, pero no se limita a los que aprietan el gatillo. Según el Estatuto de Roma, también investiga y juzga a quienes financian, encubren o colaboran con los perpetradores de crímenes atroces. Y todo parece indicar que —con su insistencia en indagar no sólo por los ‘paras’, sino también por parapolíticos, militares y posibles cómplices de las autodefensas y las guerrillas— el fiscal piensa que Colombia puede ser un caso propicio para poner a prueba esta atribución.

3) El fiscal no espera con los brazos cruzados hasta que un país haya dejado en la impunidad los crímenes graves. Como lo sostuvo al ordenar el arresto del miliciano congolés Lubanga, la Corte tiene una función preventiva y disuasoria. De ahí que la visita de Moreno sea un campanazo para evitar el fracaso del proceso de Justicia y Paz y detener los ataques contra la Corte Suprema antes de que sea demasiado tarde.

4) La CPI le ha dado un lugar protagónico a las víctimas. Por eso Moreno seguramente estará interesado en saber cómo va el proyecto en favor de las víctimas en el Congreso y escuchar las explicaciones del Gobierno sobre su oposición a ella.

5) Ante la Corte no valen fueros parlamentarios, ni amnistías, ni prescripciones, ni las demás gabelas que ofrece el derecho colombiano. La CPI puede esperar pacientemente con su espada de Damocles hasta llevar a los responsables a La Haya.

Así que la cosa va en serio y hay que prestarle atención. De lo contrario, la Corte les puede dañar la jubilación a más de uno. Y dejar en evidencia, una vez más, a los analistas que insisten en tapar el Sol con un dedo.