La escena que se vivió este viernes en la Corte Constitucional no tiene precedentes. Luis Alfonso Hoyos, uno de los funcionarios más altos del Gobierno y director de Acción Social, estuvo todo un día en el banquillo, rindiendo cuentas públicas por lo que el Gobierno ha hecho y dejado de hacer por los millones de desplazados en el país. Mientras Hoyos disparaba cifras y respondía preguntas de la Corte, las ONG y otros organismos del Estado, en la sala se alcanzaban a oír los gritos de algunos desplazados que protestaban en la plaza de Bolívar por la falta de atención estatal.

La Corte había citado a Hoyos para que entregara el balance de su gestión antes de dejar Acción Social -la entidad responsable de coordinar las políticas sobre desplazamiento- para asumir el cargo de Embajador ante la OEA. Lo que no sabe casi ningún colombiano (incluyendo los desplazados) es que la audiencia es sólo el episodio más reciente de un proceso de discusión liderado por la Corte, que ya lleva cinco años y ha girado sobre cinco grandes preguntas. Y del que, hoy por hoy, depende la suerte de la población desplazada.

CINCO AÑOS

Todo comenzó en enero de 2004, cuando la Corte decidió enfrentar la avalancha de tutelas presentadas por desplazados de todo el país. Miles de demandas llegaban con historias tan dolorosas como recurrentes: las de las familias negras o indígenas del Chocó que vivían de la pesca en el Atrato y terminaron viviendo en el coliseo de Quibdó; o la de los campesinos que llegaban a pedir limosna en los semáforos de las grandes ciudades mientras hacían curso de tramitadores en las filas eternas de las entidades estatales.

Como las quejas y la pasividad del Estado continuaban, la Corte acumuló las tutelas de 1.150 familias desplazadas y dictó la sentencia más importante y ambiciosa de su historia: la T-025 de 2004. En ella, comprobó que la tragedia de los desplazados había sido atendida con pañitos de agua tibia por el Gobierno: no había una política seria y coordinada para ofrecerles atención de emergencia; no existía información confiable sobre cuántos eran y cómo estaban; no había mecanismos para hacerles seguimiento a los programas sobre el tema; y el presupuesto era insuficiente.

Como lo han hecho otros tribunales en países como Estados Unidos, India y Argentina, la Corte intervino exigiendo al Gobierno medidas estructurales y montando un sistema de seguimiento al cumplimiento de sus órdenes. El resultado ha sido uno de los procesos judiciales y de políticas públicas más innovadores del constitucionalismo contemporáneo, que hoy es citado por jueces alrededor del mundo. Mediante más de 60 decisiones y más de 10 audiencias públicas como la del viernes, la Corte ha sentado en la misma mesa a las entidades del Gobierno, las ONG, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento, Acnur, y las organizaciones de desplazados.

CINCO PREGUNTAS

Los temas clave de este proceso, sobre los que la Corte indagó a Hoyos, son cinco. En primer lugar, la pregunta básica: ¿cuántos desplazados hay en Colombia? Aquí comienza -y continúa-la falla de la política estatal. Después de un lustro, seguimos sin saber a ciencia cierta la respuesta a esta pregunta. La razón principal es que el Gobierno, como lo reconoce Acción Social, aún no logra unificar los sistemas de información de las diferentes entidades. Y sigue habiendo discrepancias profundas entre el Gobierno, las ONG y las organizaciones internacionales sobre quién cuenta como desplazado.

El resultado es que los cálculos varían ampliamente: para Acción Social, hay 2’872.395 desplazados; para Codhes, son 4’628.862; para una organización del Consejo Noruego para Refugiados, el número oscila entre 2’650.000 y 4’360.000; y para Acnur, está cerca de tres millones. Lo que es claro es que se trata de una de las tragedias de desplazamiento más grandes del mundo, con la deshonrosa compañía de Sudán (que es la única que la supera) e Irak (que la sigue de cerca).

La segunda pregunta es si el Gobierno ha cumplido las órdenes de la Corte. En últimas, ¿ha mejorado la situación de los desplazados? La respuesta que surge tanto de la audiencia como del balance que hizo la Corte a comienzos de este año es que el Gobierno ha hecho la tarea a medias. Se ha hecho un esfuerzo muy considerable para aumentar el presupuesto dedicado a atender a los desplazados, que pasó de 35 a 550 millones de dólares anuales. También ha habido avances importantes en el cubrimiento de los servicios de salud y educación: hoy en día, cerca del 80 por ciento de los desplazados está afiliado al sistema de salud, y un porcentaje similar de menores desplazados asiste a centros educativos.

Pero el desplazamiento continúa y sus víctimas siguen en una situación dramática: el 98 por ciento vive en la pobreza y el 82 por ciento, en la indigencia. Y el Gobierno se volvió a rajar abiertamente en los temas de vivienda y tierras. Sólo el 5 por ciento de los hogares desplazados habita una vivienda digna, y el propio Hoyos reconoció en su intervención que el problema de tierras «todavía es dramático». Por eso, no sorprende que tanto los magistrados de la Corte como las ONG hubieran cuestionado con especial énfasis las cifras y la inacción del Gobierno en materia de tierras.

En tercer lugar, ¿quién les responde a los desplazados? Una de las fallas más profundas que ha desenterrado la Corte es la descoordinación entre las entidades del Gobierno Nacional, y entre éstas y los departamentos y los municipios, que se pasaban la pelota unos a otros. Hoy, es claro que ha habido alguna mejoría en la coordinación de las entidades nacionales, pero el desorden sigue siendo la regla en las relaciones con las gobernaciones y los municipios. Gobernadores y alcaldes se quejan de que les asignan la responsabilidad pero no los fondos, mientras el Gobierno sostiene lo contrario y dice que la mitad de la plata es administrada por ellos.

En cuarto lugar, ¿qué se ha hecho por los desplazados más vulnerables? La Corte ha mostrado que el desplazamiento no afecta a todos por igual: las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los indígenas y los afrocolombianos son las víctimas más frecuentes y precarias. Por eso, en los últimos meses, la Corte dictó órdenes precisas para atender a estos grupos. Así que, en estos temas, el Gobierno apenas comienza a hacer la tarea en serio.

Por último, ¿qué se ha hecho para castigar a quienes sacaron a los desplazados de sus tierras y hogares? Casi nada. Como lo reconoció Hoyos, son escasísimos los procesos existentes por el delito de desplazamiento, y la Fiscalía y el Estado tienen una deuda enorme con las víctimas.

El balance deja mucho que desear. Así lo dijo el Presidente de la Corte al final de la audiencia, al «regañar» a Hoyos por eludir varias preguntas, exagerar la retórica y quedarse corto en explicaciones.

Lo que queda claro es que la Corte, a pesar del cambio reciente en su composición, seguirá muy pendiente del proceso. Como lo dijo el magistrado Vargas, después de cinco años, llegó la hora de los resultados.