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¿Y para Peñalosa no habrá posconflicto?

Daniel Marín
abril 15, 2016

Publicado en: Pacifista

Mientras que Colombia entera busca encaminarse hacia el postconflicto, poniendo las iniciativas de paz en el orden del día, el proyecto de plan de desarrollo “Bogotá para todos” 2016-2019 no toma en cuenta esta apuesta de país.

 

“A todos nuestros compatriotas víctimas, de todos los rincones del país, que han decidido hacer de Bogotá su nuevo hogar, les digo que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que trasciendan su condición de víctimas y vuelvan a ser ciudadanos autónomos y felices”. Así lo prometió el alcalde Enrique Peñalosa el pasado 9 de abril, en la conmemoración del día nacional de las víctimas del conflicto armado. Esa promesa, que hace parte de un video con un aire melancólico, resulta una sorpresa después de revisar su proyecto de plan de desarrollo, en el que las políticas integrales hacia la población víctima están ausentes más allá de enunciados y estrategias vagas.

Bogotá ha sido considerada la capital mundial del desplazamiento, por lo menos hasta el 2014. Mientras usted lee esta columna al menos una persona desplazada está ingresando a la ciudad por causas asociadas al conflicto armado. Según datos del Registro Único de Víctimas, al 1° de marzo de 2016, en Bogotá residían 674.035 víctimas del conflicto armado, más del 8% de los ciudadanos de la capital. La falta de una planeación política integral para atender a estas víctimas en los años venideros no sólo es inquietante, es inaceptable.

Cuando me refiero a enunciados y estrategias vagas hablo del programa “Bogotá mejor para las víctimas, la paz y el postconflicto” (p.199) que será la bandera del gobierno distrital en este campo. En esta propuesta se dimensiona la problemática que enfrenta la ciudad en materia de recepción de población victimizada. Sin embargo, al pasar del problema a la elaboración de estrategias, el proyecto de plan de desarrollo se queda corto.

A pesar de que se propone un enfoque transformador (por no decir ‘revolucionario’) de la política distrital de víctimas, su estrategia sólo resalta la importancia de articular la oferta institucional del Distrito con la de la Nación, de que dicha articulación sea efectiva y de garantizar coordinación. Además propone “superar la fase de asistencia y atención” como si fuesen políticas asistencialistas y no de soporte a ciudadanos que tras  un hecho victimizante necesitan de la ayuda del Estado para sobrevivir con dignidad.

Finalmente, en las metas que se propone para el final del mandato del alcalde Peñalosa, se habla de cumplir casi a cabalidad con el Plan de Acción Distrital para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, pero no se entiende cómo este Plan se va a distanciar o acercar de los elaborados por la administración Petro. No es claro si va a ser una estrategia continuista o no, si el abordaje político de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación es el mismo, como me lo planteó un antiguo funcionario de la Unidad para las Víctimas encargado de las relaciones con el Distrito.

En últimas, es una propuesta de programa que deja muchos cabos sin atar, no hay estrategias claras ni asigna responsabilidades concretas a las entidades distritales y, por tanto, no se compadece con los retos que tendrá la ciudad en el futuro inmediato de postacuerdo.

Un panorama similar se evidencia en las estrategias para la inclusión de la población desmovilizada. La ciudad alberga 5714 personas desmovilizadas según estadísticas de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), de los cuales alrededor de 2000 se encuentran en proceso reintegración. Además, como el mismo proyecto diagnostica, “es previsible que como resultado de los acuerdos de paz de La Habana, algunos desmovilizados escojan vivir en Bogotá”.

Aún no sabemos si algunos o muchos, pero lo que si podemos prever es que la cifra de desmovilizados que vivirán en la ciudad va a aumentar significativamente y que no se puede dejar la política de reintegración sólo en manos de la Nación. Bogotá tiene que poner de su parte.

En el programa, únicamente se habla de una articulación con la ACR para el acceso de estas personas a los programas de capacitación y empleabilidad, pero la verdad la ciudad tiene que pensar más allá. En especial preguntarse ¿en qué condiciones van a vivir en la ciudad? ¿Qué posibles conflictos de convivencia ciudadana podrían salir a flote? ¿Cómo mitigarlos y apoyar estrategias de reconciliación?

La experiencia de los hogares de paz que surgieron con la desmovilización de las autodefensas debe darnos una lección, existieron problemas de convivencia que los hicieron inviables en localidades como Teusaquillo. Pensar que para el éxito del postconflicto debe vincularse a los excombatientes es clave, y ahí un enfoque barrial debe ser prioritario.

Esta situación envía un mensaje contundente. Mientras que Colombia entera busca encaminarse hacia el postconflicto, poniendo las iniciativas de paz en el orden del día, el proyecto de plan de desarrollo “Bogotá para todos” 2016-2019  no toma en cuenta esta apuesta de país, ni las políticas que viene perfilando el Ministerio del Postconflicto. Así lo dejó en evidencia en sus recomendaciones al plan el Consejo Territorial de Planeación Distrital, un órgano consultivo que debe emitir concepto sobre el plan y que agrupa a distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las víctimas.

Allí advierten que “el Plan de Desarrollo Distrital no puede desconocer, ni abstraerse de los temas y coyunturas del orden nacional que impactan a la ciudad y afectan a la ciudadanía y en particular la que habita en la ciudad y sus municipios vecinos. En especial, hay que referirse a las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP que tiene lugar en la Habana, Cuba, y en ese sentido, a los procesos de construcción de paz en la ciudad”.

Además, ante la ausencia de políticas de paz y de medidas de discriminación positiva hacia la población víctima, llamaron la atención para que “el Plan incluya lineamientos, apuestas e iniciativas para promover una cultura y políticas de paz en el Distrito, que si bien deben tener su centralidad en los derechos de las víctimas, no se limitan a ellas. Resulta necesario que se incorpore dentro del plan una visión que incluya una ciudad de paz y convivencia, democrática, con la ciudadanía y para la ciudadanía”.

Sumado a esto, las decisiones de la administración Peñalosa en sus primeros 100 días de gobierno  frente a la institucionalidad de víctimas del Distrito no auguran un mayor fortalecimiento de sus capacidades.

En la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, como me lo explicó una funcionaria, han reducido la planta de atención y representación jurídica de víctimas que hasta el año pasado había brindado asesoría en más de 26000 casos en sus peticiones de atención humanitaria, de medidas de reparación y de restitución de tierras, entre otras. Aunque esta no es una función que deba cumplir el Distrito por Ley, pues para eso está la defensoría pública y la Unidad para las Víctimas, lo cierto es que es éticamente reprochable y  políticamente inconveniente que una política distrital que está enfocada en una población vulnerable como las víctimas del conflicto armado hoy tenga un futuro desconocido.

Esta situación podría deberse a una reestructuración de la entidad pero, de ser así, el Distrito tiene que tener en cuenta que su aporte es muy significativo, que restar este apoyo puede sobrecargar a las entidades del orden nacional encargadas de hacerlo – como la regional Bogotá de la Unidad para las Víctimas- y en últimas redundar en una crisis en la atención a la población víctima bogotana.

Entonces la respuesta a la pregunta de si en Bogotá habrá políticas de postconflicto es incierta. Por un lado, la ciudad estará inmersa en un ambiente de cambio, de concreción de las políticas que surjan de los acuerdos de La Habana, allí se encuentran las tres ramas del poder público que tendrán que ponerlas en marcha. También estará el símbolo de la memoria colectiva de este país, el Museo Nacional de la Memoria que se ubicará en la calle 26 y donde, también el pasado 9 de abril,  los pueblos indígenas pusieron la primera piedra para su construcción. Por otro lado, estará una ciudad que no se está pensando a sí misma como un escenario de paz, de integración de ese 8% de ciudadanos que provienen de todos los rincones del país y que, seguramente, con un apoyo decidido del Distrito, ahí sí, podrían trascender su condición de víctimas en una Bogotá para todos. 

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