¿Y quién les dio la orden?

Por: Rodrigo Uprimny Yepesfebrero 9, 2014

Hay abusos que pueden ser obra de algunos agentes descarriados. Pero hay otros que únicamente son explicables si estos funcionarios obran por orden de alguien más poderoso.


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Existe además una forma simple de saber si estamos en uno u otro caso; consiste en interrogarse si el abusador puede o no obtener un beneficio directo de su atropello. Si existe ese beneficio directo, entonces puede tratarse de un funcionario descarriado; pero si no existe ese beneficio, entonces es inevitable suponer que actuó al servicio de otra persona más poderosa.

Por ejemplo, si el secretario de una alcaldía exige una mordida de un ciudadano a fin de anularle una multa, es posible que haya actuado solo o con algunos pocos cómplices de bajo nivel jerárquico. Esa suposición es razonable, pues ese funcionario obtiene un ingreso por su acto de corrupción.

Pero si ese mismo secretario hace muchos esfuerzos para robar unos documentos de la Alcaldía, que no puede venderle a nadie y con los cuales no puede extorsionar a nadie, debemos concluir que ese funcionario actuó por orden o al servicio de alguien poderoso, que está interesado en esos documentos. Esa suposición es razonable, pues el funcionario no obtiene ningún beneficio directo de su atropello, por lo cual su actuación tuvo que responder a las instrucciones de quien podía beneficiarse de esa ilegalidad.

Las chuzadas ilegales efectuadas por funcionarios del DAS durante el gobierno Uribe, como las actuales que, según la revista Semana, fueron realizadas por integrantes del Ejército, claramente caen en la segunda hipótesis. La razón es que ninguno de quienes realizaron materialmente esas interceptaciones ilegales podía obtener un beneficio directo de su atropello.

¿O de qué le podría haber servido directamente a un agente del DAS de bajo nivel oír las sesiones de la Sala Plena de la Corte Suprema o interceptar las comunicaciones de integrantes de ONG críticas del gobierno Uribe? Es difícil suponer que exista un mercado ilegal en donde estos funcionarios hubieran podido vender rentablemente esas informaciones, como para asumir el riesgo de realizar esas chuzadas.
Igualmente, ¿de qué le sirve directamente a un suboficial o a un oficial de baja jerarquía en el Ejército interceptar las comunicaciones de los negociadores del Gobierno en La Habana? Tampoco parece razonable suponer que haya un mercado ilegal en donde esos militares hubieran podido vender rentablemente esa información, como para asumir semejante riesgo.

Una conclusión se impone: quienes realizaron las chuzadas en el DAS o quienes, según Semana, efectuaron en el Ejército estas nuevas interceptaciones ilegales, actuaron bajo las instrucciones de alguien más poderoso, que estaba interesado en esa información. Por eso, si realmente queremos acabar con la nefasta práctica de las interceptaciones ilegales, las investigaciones tendrían que orientarse en ambos casos a responder una simple pregunta: ¿quién o quienes ordenaron estas chuzadas?

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