Es posible, pero al mismo tiempo es innegable que el cambio de jefatura ocurrido en esa guerrilla es una coyuntura extraordinaria —jamás ocurrida en cuarenta años— y que ese cambio justifica una respuesta política del Gobierno (todo lo contrario de la burda amenaza de exterminio propuesta por el ministro Holguín). Las guerras también se deshacen —y se hacen— con palabras, sobre todo cuando se dicen en las coyunturas apropiadas, y quién quita que esta vez —con la guerrilla debilitada y con el relevo en la jefatura— las palabras sí sirvan. El Gobierno no pierde nada, en estos momentos, si hace una tregua en su lenguaje guerrero y habla —sólo habla— de paz.

Yo, por mi parte, en las líneas que me quedan de esta columna, voy a hablar de eso, de una eventual paz con la guerrilla. Lo primero que quiero decir es que no creo que los instrumentos jurídicos y las estrategias políticas que se han utilizado para negociar con los paramilitares sirvan para hacer la paz con las Farc. Decir que ambos grupos son terroristas y que por eso deben ser tratados por igual, me parece algo simplista e inadecuado. Simplista porque supone que el Estado ha sido una víctima pasiva y equidistante de los dos grupos terroristas, cuando todos sabemos que tuvo una responsabilidad importante en la formación y sustento del paramilitarismo. E inadecuado por las razones siguientes.

Sentar a la guerrilla a negociar es trabajoso y cuando ello sucede, la subversión negocia como si fuera un Estado con derecho a reclamar la mitad del país. La ventaja es que cuando se logra un acuerdo con ella —como sucedió con el M-19 o el Epl—, la guerrilla sale de sus guaridas y de esa manera pierde su poder militar y el conflicto se acaba.

Con los ‘paras’ sucede otra cosa: negocian, pero casi nadie puede controlar lo que hacen después. Mejor dicho: con los ‘paras’ la negociación es fácil y el posconflicto difícil, con la guerrilla pasa lo contrario: la negociación es difícil y el posconflicto es fácil.

Esto no significa que no se pueda hacer nada. Sólo que se debe diseñar una estrategia de paz que tenga en cuenta la naturaleza del actor armado. Eso implica al menos dos cosas. En primer lugar, unos instrumentos adecuados para enfrentar a cada uno: en el caso paramilitar, hay que fortalecer la justicia y la democracia para lograr el desmonte de sus estructuras de poder. En el caso de la guerrilla, en cambio, el Estado debe concentrarse en el logro de una victoria militar, por los cauces legales y sin abandonar la salida negociada.

En segundo lugar, implica la adaptación de lo que se negocia a la naturaleza del actor armado. Si bien las víctimas de la guerrilla tienen igual derecho a la verdad, justicia y reparación que las víctimas de los paras, es natural que el Estado, al negociar, sea más exigente con estos últimos, para evitar que durante el posconflicto se reproduzcan como mafias. En el caso de la guerrilla, en cambio, la mayor probabilidad de la “no repetición”, le permite al Estado ser un poco más flexible —sin afectar los derechos de las víctimas— al momento de negociar.

Por eso creo que este es uno de esos raros momentos en los cuales el Gobierno podría intentar ser generoso, o por lo menos combinar su garrote habitual con algo de zanahoria.