CELAC–UE: una alianza para defender la democracia, los derechos y el multilateralismo en tiempos difíciles

Si hubiera que apostar por una alianza capaz de defender la vigencia de la democracia, los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental y el multilateralismo en estos tiempos de incertidumbre global, esa sería la que une a América Latina y el Caribe (ALC) con la Unión Europea (UE). No es solo afinidad en torno a ciertos valores: es una oportunidad política para defender la necesidad de reprogramar el multilateralismo con reglas más justas, soberanía y cooperación real, lejos de la subordinación. Esa es la brújula que requiere la Cumbre de Santa Marta, donde la prioridad debería ser pasar del discurso a una agenda de implementación concreta y robusta.   

Pero esa promesa convive con contradicciones que erosionan su potencial transformador. En ALC, el apoyo ciudadano a la democracia cayó con fuerza durante la última década (del 63% en 2010 al 48% en 2023), y aunque rebotó a 52% en 2024, el repunte no revierte el deterioro de fondo ni la normalización de salidas autoritarias. A esto se suma la popularidad del modelo de “mano dura” —con El Salvador como emblema— y graves denuncias de abusos en el marco del régimen de excepción; al mismo tiempo, gobiernos que reivindican el legado democrático buscan un modelo de seguridad eficaz y con derechos y salidas a la crisis venezolana sin intervencionismo externo. Todo ello ocurre en un entorno hemisférico en el que resurge el fantasma de la intervención militar externa desde Estados Unidos bajo la excusa de la “guerra contra las drogas”, con operaciones que violan flagrantemente el derecho internacional y que reabren la puerta a intervenciones con efectos desestabilizadores.                   

Europa, por su parte, también se debate en sus propias incoherencias: se reclama defensora de un orden basado en reglas, pero no logra condenar de forma inequívoca el genocidio en Gaza; a la vez, avanza una agenda de “simplificación” regulatoria que, bajo presión corporativa, empuja a la desregulación; y el fortalecimiento de gobiernos de derecha y de ultraderecha dentro del bloque ha consolidado narrativas anti-migración que moldean el nuevo Pacto de Migración y Asilo. 

A esto se suma que varios intentos recientes de crear reglas globales en comercio e industrias “para responder a la crisis climática” se han diseñado sin anclar de manera explícita objetivos de reducción de desigualdades entre países ni la ampliación del espacio de políticas del Sur Global para una transición propia y justa. El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la UE ilustra esta tendencia: fue adoptado para evitar la fuga de carbono e igualar el costo del carbono entre importaciones y producción doméstica, pero ha sido cuestionado por centros del Sur y estudios independientes por sus efectos distributivos y el riesgo de trasladar costos a países en desarrollo y estrechar su margen de política industrial y climática, al tiempo que el bloque no asume la responsabilidad que le corresponde en términos de financiamiento climático y para el desarrollo. 

Por qué esta alianza pesa 

La suma de la CELAC (33 países) y la UE (27) conforma un bloque de 60 Estados que representa aprox. un tercio de la membresía de la Asamblea General de la ONU, 14% de la población mundial y 21% del PIB global. Es, además, un mercado con conexiones densas de comercio e inversión: solo en 2022–2023, el intercambio de bienes y servicios UE–ALC rondó los €395.000 millones; y se reactivó la arquitectura comercial con el acuerdo UE–Mercosur concluido en 2024 (hoy en proceso de ratificación). Estos datos dimensionan el tamaño y el potencial de la alianza.     

Al mismo tiempo, Europa ha señalado a ALC como socio estratégico de su transición verde: a través de Global Gateway, Team Europe se comprometió a movilizar más de €45.000 millones hasta 2027; y en 2025 la UE suscribió con OLADE un memorando para triplicar renovables y duplicar eficiencia energética al 2030, alineando seguridad energética con metas climáticas y cooperación tecnológica. Para la Unión Europea, la alianza con América Latina y el Caribe se ve como una oportunidad para reducir sus vulnerabilidades frente a minerales críticos. Para América Latina y el Caribe la inversión europea resulta clave en temas como las transiciones verdes, con la mejor oportunidad en relación con otros bloques de crear cadenas de valor compartidas con estándares sociales y ambientales robustos.

La UE es el mayor inversionista por stock en la región; su posición ascendía a €693 mil millones (2021). Visto por peso relativo, ese stock equivale a aproximadamente el 28% del total de IED ubicada en ALC y al 5.5% del stock global de IED de la UE en 2022.

Del impasse al relanzamiento (con los pies en la tierra)

Tras años de bilateralismo y fragmentación, en 2023 se retomó la agenda birregional y en 2025 llega la IV Cumbre CELAC–UE en Santa Marta (9–10 de noviembre), co-presidida por Colombia y el Consejo Europeo, con participación de la Comisión Europea. La apuesta es clara: recuperar confianza y producir resultados concretos, no solo comunicados. En coherencia, la Cumbre sumará dos espacios paralelos —Foro Empresarial ALC–UE y Foro de Sociedad Civil— para catalizar inversiones de calidad y proteger el espacio cívico.   

El contexto político no es sencillo. Europa discute su autonomía estratégica y reconfigura su relación con grandes potencias; ALC enfrenta desafíos de seguridad, baja articulación regional y dependencia de modelos extractivos. La hoja de ruta realista que emerge de los debates previos a la Cumbre habla de tres tareas transversales: cambiar la narrativa, cambiar las relaciones y avanzar propuestas concretas que muestren cómo esta alianza produce bienestar y democracia.   

Finalmente, el contexto geopolítico agrega riesgos ciertos: China mantiene su ascenso económico sostenido lo cual otros bloques ven como una amenaza, aumentando la rivalidad geopolítica. En Estados Unidos se tramitan iniciativas para autorizar el uso de la fuerza contra cárteles en la región y el Ejecutivo notificó al Congreso que existe un “conflicto armado” con carteles, marco que ya sirvió para operaciones letales en el Caribe. Cualquier agenda birregional responsable debería blindar la cooperación en seguridad frente a atajos militarizados contrarios al derecho internacional y a la soberanía regional.  

Un realismo ambicioso: prioridades que pueden mover la aguja

Un consenso maximalista es improbable. Lo sensato es concentrar prioridades donde ALC-UE pueden mover la aguja mundial hoy:

1. Democracia, Estado de derecho y espacio cívico. Reafirmar compromisos verificables contra la erosión democrática en ambas orillas, con apoyo a sistemas de protección de derechos, defensoras y periodistas, y con mecanismos de rendición de cuentas vinculados a cooperación y a compras públicas responsables. En El Salvador, por ejemplo, la cooperación debe condicionar apoyo en seguridad al retorno a la legalidad y al fin del estado de excepción.  
2. Defensa del derecho internacional humanitario y de los sistemas multilaterales. Ante crisis como Gaza, avanzar en posiciones comunes mínimas ancladas en decisiones de la CIJ, y que fortalezcan misiones humanitarias y vías diplomáticas. Re-politizar el multilateralismo significa hacerlo más horizontal y menos subordinado a intereses de potencias.  
3. Gobernanza de cadenas globales de valor con derechos humanos. La UE debe consolidar —no recortar— su debida diligencia (CSDDD) e invitar a ALC a construir un estándar compartido que abarque trabajo decente, debida diligencia ambiental y participación de comunidades, con mecanismos remediales accesibles.  
4. Reglas comerciales y climáticas pro-igualdad. Asegurar que instrumentos como el CBAM incorporen gradualidad, apoyo financiero y transferencia tecnológica para no penalizar el desarrollo sostenible del Sur; la agenda birregional debe proponer ajustes cooperativos (fondos de transición, reconocimiento de esfuerzos equivalentes) y no solo ajustes fronterizos.

Lo que se discute en Santa Marta (y por qué importa)

1) Seguridad y política de drogas: eficacia con derechos

La región demanda políticas de seguridad eficaces que no sacrifiquen los derechos humanos. La cooperación debe virar del fallido enfoque prohibicionista en materia de drogas hacia la seguridad humana, la prevención, la reducción de daños y la gobernanza financiera del crimen (rutas de dinero, armas e insumos químicos). Esto incluye cooperación judicial y financiera, trazabilidad de precursores, control del desvío de armas, política de drogas enfocada en perseguir las estructuras del crimen organizado y golpear puntos estratégicos como los puertos y alternativas al encarcelamiento masivo con oportunidades socioeconómicas para disputarle a las organizaciones criminales el control poblacional y territorial. 

2) Economía, comercio e inversión: Global Gateway sin extractivismo

El vínculo económico existe, pero no basta con materias primas. La agenda Global Gateway y los APPI deben reducir riesgos, promover inversión de calidad, garantizar estándares ambientales y laborales, y —clave— crear valor local con empleo digno. La cooperación debe orientar el financiamiento hacia proyectos estratégicos de escala regional, empezando por la interconexión de redes eléctricas: SIEPAC (segundo circuito), enlaces Panamá–Colombia y Ecuador–Perú, integración Arco Norte, Caribe interconectado, y refuerzos de transmisión en el Cono Sur. Esta infraestructura de integración baja costos, mejora la resiliencia y viabiliza renovables a gran escala. Si Europa quiere ser socio diferenciado, necesita transferencia tecnológica, encadenamientos productivos y proyectos que industrialicen a ALC.   

3) Transición energética y minerales críticos: diversificar con justicia

La cooperación UE–OLADE compromete metas concretas (triplicar renovables, duplicar eficiencia). Para que la transición sea socialmente sostenible, la minería del litio, cobre y otros críticos debe cumplir debida diligencia, participación informada y beneficios locales; y Europa, a su vez, debe diversificar dependencias sin exportar pasivos sociales o ambientales.   

4) Pacto birregional de cuidados: rompiendo las fronteras de la política social

La construcción de una sociedad del cuidado es el puente entre igualdad, empleo y bienestar. El Pacto birregional de cuidados —en consulta durante 2025— busca reconocer el cuidado como derecho y financiar servicios accesibles y de calidad, con trabajo digno para quienes cuidan. Convertirlo en un pilar de la Declaración de Santa Marta daría señal de coherencia entre la agenda social y la de inversión. 

5) Democracia y espacio cívico: coherencia o retórica

La Declaración de 2023 reafirmó la Carta de la ONU, los intrumentos de derechos humanos y la resolución pacífica de disputas. El reto ahora es operativizar esa base: proteger a personas defensoras, pueblos indígenas y comunidades locales, blindar libertad de prensa, y asegurar que la cooperación en seguridad nunca justifique intervenciones que erosionen la democracia. Esto incluye explorar condicionalidades democráticas y mecanismos de alerta temprana frente a cierres del espacio cívico y resistir la tentación de atajos militarizados en seguridad (incluido rechazar intervenciones externas bajo la bandera antidrogas). 

6) Transición digital e inteligencia artificial: cerrar brechas sin nuevos extractivismos

La Alianza Digital UE–LAC y el foco en IA abren la oportunidad de compartir capacidades y gestionar riesgos (manipulación de información, ciberseguridad). La clave es que la cooperación digital no reproduzca asimetrías: estándares de derechos, datos como bien público y apoyo a ecosistemas de innovación en ALC. 

Cerrar filas en torno a un mensaje político claro (sin ingenuidad)

Santa Marta no resolverá las contradicciones de fondo. Sí puede ordenar prioridades y amarrar compromisos medibles: blindar la democracia y el espacio cívico; reformar reglas comerciales y climáticas para que reduzcan desigualdades (no para “empujar la escalera” desde el Norte); formalizar y operativizar el pacto birregiinal de cuidados; acelerar una transición energética con valor agregado, redes y empleos dignos; y aterrizar la Global Gateway en proyectos regionales que integren mercados y sociedades (como la interconexión eléctrica). Solo así esta alianza dejará de ser una suma de bilateralismos con foto y pasará a ser un bloque de acción a favor de un multilateralismo más horizontal y honesto sobre el interés mutuo.

Como recordó el Presidente del Consejo Europeo al anunciar la Cumbre, en tiempos de crisis múltiples “reforzar lazos con socios confiables importa más que nunca”. La credibilidad de esa frase dependerá de que la alianza logre coherencia entre valores y políticas: reglas, recursos y resultados al servicio de sociedades más justas. 

Sociedad civil: motor de ambición y de cuentas claras

Con un panorama gubernamental tan contradictorio, la sociedad civil birregional es la que puede empujar la ambición y asegurar mecanismos de rendición de cuentas que no dependan del vaivén político. No parte de cero: en la ruta a Santa Marta se viene dando un proceso de convergencia entre organizaciones, centros de pensamiento, redes feministas, ambientales, sindicales y de pueblos indígenas que han puesto sobre la mesa propuestas claras en democracia, seguridad con derechos, transición justa, cuidados e integración digital. Ese insumo ya está entrando en los canales oficiales.

Para que esto sea creíble y sostenido, hace falta gobernanza con cuentas claras: crear un mecanismo permanente y multiactor de diálogo CELAC–UE —con representación territorial y sectorial, mandatos, calendario y métricas— que garantice participación estructurada de la sociedad civil en el diseño, el seguimiento y la evaluación de la agenda,  articulado con el Foro de Sociedad Civil y los espacios empresariales y de banca de desarrollo. Ese mecanismo debe exigir debida diligencia social y ambiental, apertura de datos, trazabilidad presupuestal y mecanismos de queja y reparación accesibles, en línea con el compromiso birregional de fortalecer un multilateralismo más justo, inclusivo y eficaz.